De pronto, a modo de fast track, la mayoría legislativa del partido en el gobierno, Morena, así como sus partidos beneficiarios Verde Ecologista de México y del Trabajo, aprobaron una cantidad insuperable –hasta ahora– de iniciativas de adición y reformas a la Constitución Mexicana enviadas por el Poder Ejecutivo, que es decir, el presidente de México.
Obedientes, de forma indigna, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República lo hicieron a las volandas, sin reflexión, sin consideraciones de ninguna especie, sin la reflexión profunda y seria de si conviene o no a la Nación, si conviene o no a sus representados o a sus estados de la República: nada. No hubo miramiento alguno. Obedecieron y asestaron el golpe.
Y lo festejaron. Y gritaron vivas de alegría porque su ganancia está en sí misma, no en la trascendencia de lo que aprobaron y ni siquiera en beneficio de su propia familia porque, a fin de cuentas, todos habremos de ser víctimas de esta irreflexión, de esta falta de pudor legislativo, de este cinismo legislativo sin igual.
Se sabe que la razón fundamental de la división de poderes en el sistema republicano de gobierno con el que se ostenta México, es la de evitar excesos de cualquiera de las tres partes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Que cada uno de estos poderes tiene una razón fundamental en la construcción y preservación de nuestra nación y nuestra nacionalidad. Que son factor de equilibrio y de defensa. Que cada uno tiene una justificación histórica y una responsabilidad en el futuro de la República, de la Nación, del Estado.
Pero no. No y no.
No ocurre así en México. No ocurre desde hace muchos años. Desde la ‘dictadura perfecta’ del Partido Revolucionario Institucional (PRI); no lo fue con la alternancia durante los gobiernos panistas de Vicente Fox o Felipe Calderón. No lo fue el sexenio corrupto de Enrique Peña Nieto y ¡oh sorpresa! no lo es hoy mismo, con esta famosa Cuarta Transformación (4T)…
Lo grave de la situación es que precisamente esta 4T prometió que las cosas cambiarían, que “ya no somos como antes” que se haría alto a la corrupción burocrática, económica y política y que a partir de diciembre de 2018 el país caminaría como por el camino de Oz: felices y contentos, con transparencia, legalidad, poderes independientes y justicia social y democrática.
La verdad absoluta ha estado a lo largo de estos cuatro años y medio de gobierno 4T. Los detalles están a la vista día a día; el discurso de odio, la polarización, la inclemencia de las persecuciones y acusaciones en contra de adversarios políticos y sin consideraciones democráticas, y tanto… tantísimo más.
Y los hechos recientes: en una sesión maratónica que inició el martes 26 de abril y concluyó la madrugada del miércoles 27, la Cámara de Diputados aprobó, con sólo los votos de la mayoría de Morena-PVEM-PT, nueve decretos de reforma a una veintena de ordenamientos legales, dispensando trámites y obviando procesos de parlamento abierto a los que se habían comprometido los legisladores. La oposición, débil como es, no pudo y no hizo nada para impedirlo. Los ciudadanos guardaron silencio.
Son leyes que fortalecen las atribuciones del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, o que son parte del programa de gobierno de la llamada “4T”.
‘En cinco casos, las reformas se aprobaron a partir de dictámenes aprobados por comisiones que sesionaron a la par del pleno, como el caso de la polémica Ley Álvarez-Buylla, es decir, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para la cual se había prometido una nueva ronda de foros y consultas que ya no se llevaron a cabo’.
Y otro tanto, similar, ocurrió en la Cámara de Senadores. Un día después de que los senadores de la República, con todo y su separación de poderes a cuestas, fueron llevados a la presencia del presidente de México, éste les giró instrucciones: Y dicho y hecho…: un día después, alrededor de las 22:30 horas del viernes 28 de abril, sesionaron en el patio del Antiguo Palacio Legislativo de Xicoténcatl, y sesionaron sin discusión y sin oposición.
Ocurrió luego de que el llamado “bloque de contención” tomó la tribuna del Senado bajo el argumento de que la mayoría se negó a dialogar el tema de los comisionados del INAI. Pero nada.
El senador Alejandro Armenta exclamó mayoría y decidieron desaparecer al Conacyt… y así en menos de cinco horas los senadores, representantes de la República, aprobaron 20 leyes vía fast track: extinguieron Financiera Rural; reformaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, en donde se incrementan las atribuciones a las fuerzas armadas, en la materia; la Ley Minera; desaparecieron el Insabi; redujeron a 18 años la edad mínima para ser diputado y… mucho más.
¿Qué queda de todo esto? Un mal sabor de boca. Una sensación de traición a los representados y a los estados de la República. Un sentimiento de impotencia y de engaño.
Una sensación de que la democracia está cada día más alejada de lo que muchos soñamos: un país democrático en su gobierno y en la actitud de sus ciudadanos; un país en donde la justicia social prevalece frente a las injusticias de gobierno, sociales o individuales, y en el que todos tuviéramos confianza en quienes nos gobiernan y nos representan.
No. No ocurre así. Mientras tanto los legisladores, todos, están felices: misión cumplida con… ¿con México? ¿De veras creen que la historia es esa tía buena que todo lo ve y todo lo perdona? ¿Lo creen así?