Hace un par de años el oficialismo celebraba la aprobación de una reforma al poder judicial elaborada y promovida por el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar, e impulsó la prolongación de su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia que afortunadamente no se concretó por tratarse de un claro fraude a la Constitución. Ahora, a partir de las resoluciones sobre la inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional así como la invalidez de la primera parte de la reforma electoral mejor conocida como “Plan B”, el presidente López Obrador afirmó que la Corte está podrida por lo que el próximo año presentará una nueva reforma para que las y los ministros sean electos mediante voto popular directo -como en su momento también intentó en el caso de las y los consejeros del INE-.
Es evidente la molestia del presidente pues esperaba que, al haber propuesto a cuatro integrantes de la SCJN, a los que se podía sumar el ministro Zaldívar dada la cercanía mostrada, contaría con los votos suficientes para impedir que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes que consideraba como prioritarias para su proyecto político como sucedió con la ley eléctrica. Fue más que elocuente al decir que se había equivocado en sus propuestas, refiriéndose a la ministra Margarita Ríos Farjat y a Juan Luis González Alcántara, ya que para López Obrador dejaron de pensar en el proyecto de transformación para actuar más conforme a mecanismos jurídicos.
Me parece que lo primero que hay que decir, es que quienes integran el Pleno de la SCJN no deben representar a nadie ni formar parte de las alineaciones políticas, su responsabilidad es velar por el respeto a la Constitución y su supremacía, por tanto, el perfil que se requiere es de personas conocedoras del derecho con una solvencia personal y profesional ampliamente reconocidas. También es importante hacer mención que en su nombramiento intervienen los otros dos poderes, ya que el presidente manda al Senado una terna, y este decide mediante mayoría calificada de dos terceras partes. Incluso, en caso de que el Senado no resuelva en un plazo de 30 días o rechace las ternas en dos ocasiones, el presidente será quien decida. Desde luego se pueden discutir y mejorar, pero precisamente lo que se busca con este tipo de procesos electivos es incentivar la construcción de acuerdos y que difícilmente se imponga una sola visión o la conveniencia de un partido o grupo.
En cambio, si las y los aspirantes tuvieran que hacer campaña para buscar el voto popular, necesitarían de muchos recursos y contar con una estructura en todo el país, o aceptar el apoyo indeseable de partidos, organizaciones o peor aún del gobierno con los compromisos que ello implica en detrimento de su imparcialidad y de la autonomía e independencia judicial, además de que muy probablemente quienes tendrían mayores posibilidades no serían los más sólidos ética y jurídicamente sino los más carismáticos, con capacidad discursiva, propaganda más atractiva y que ofrezcan a la gente lo que quiere escuchar.
Es por ello que en prácticamente la totalidad de países no se opta por este método de selección para jueces constitucionales -en algunos estados de Estados Unidos o cantones en Suiza se eligen únicamente jueces locales pero no a los federales- y, en el caso de Bolivia al que tanto apelan, recordemos que es su asamblea legislativa la que por mayoría calificada selecciona a los candidatos, y que los jueces de ese tribunal constitucional que fueron apoyados por el gobierno de Evo Morales autorizaron en 2017 que se pudiera reelegir ilimitadamente a pesar de la Constitución permitía una sola reelección e incluso, unos meses antes la mayoría del pueblo boliviano había votado en contra en un referéndum.
Sin embargo, no se necesita mucha perspicacia para presumir que esta propuesta, al igual que la improcedente consulta popular que recién anunció el coordinador de las y los diputados del partido en el poder, en realidad forman parte de una estrategia para seguir debilitando a la Corte y convencer de la necesidad de que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada en la siguiente legislatura para así poder “democratizarla” y que sus integrantes se deban al pueblo, así como que su principal interés sea contar con ministras y ministros funcionales para su proyecto político. Se trata pues de sacudirse los molestos contrapesos institucionales.