La reforma laboral del 1º de mayo de 2019 es la más observada de todos los tiempos, no solo por nuestro país sino también por nuestros vecinos comerciales, quienes demandan se cumpla de manera plena los compromisos de proteger la libertad sindical y la negociación colectiva.
La Junta de Expertos Laborales Independientes de México, conformada por su Presidente Benjamin Davis, así como por Timothy Beaty, Catherine Feingold, Daniel Mauer, Stefan Marculewicz, Philip Miscimarra, Sandra Polaski, Charlotte Ponticelli, Jason Wade, Rudy Ernesto González, María Lorena Cook, presentó un informe que se dio a conocer el pasado mes de abril en nuestro país.
La Junta de Expertos señala que aun cuando están autorizados por ley a realizar "una determinación de que México no cumple con sus obligaciones laborales" bajo el T-MEC, que podría tener consecuencias sancionatorias a nuestro país, señalan no hacerla “en este momento”.
Les preocupa que los trabajadores que intentaron inconformarse durante estos 4 años, con los contratos de protección y exigir democracia sindical, mejores salarios, o incluso equipo personal fueron acosados, despedidos y amenazados.
Esta preocupación es legítima en mi consideración porque la reforma laboral de 2019 nunca se preocupó en fortalecer los mecanismos para proteger la estabilidad en el empleo, por el contrario. Se montó en la reforma de Enrique Peña Nieto que destruyó toda protección al trabajador ante despidos por reclamos de libertad sindical.
Los jueces laborales son reacios en dar entrada a demandas por despidos en los que se alegan violaciones a la libertad sindical, si no se ha agotado la instancia de los Centros de Conciliación.
La Junta de Expertos señala en su informe de 54 páginas que algunos de los mecanismos adoptados y utilizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral permiten que los posibles conflictos de intereses persistan o no tengan una supervisión adecuada por parte del gobierno.
Esto se debe a que una buena parte de las empresas controlan a sus sindicatos y evitan a toda costa que los trabajadores puedan expresar su voluntad de manera libre. Se reportan casos en que los obreros reciben dinero para depositar su voto como así se le “recomiende”, por ello acusan que no existe una supervisión adecuada de las autoridades laborales para evitar este tipo de irregularidades.
La Junta de Expertos manifestó su preocupación que durante los cuatro años que ha durado el período de transición para la implementación de la reforma laboral de México, grandes segmentos del antiguo sistema de contratos de protección quedaron intactos, incluyendo los sectores manufactureros esenciales y sus proveedores.
Lo más grave en mi concepto es que esos contratos de protección se convirtieron después del 1º de mayo de 2023 en tierra de nadie, solo la del patrón. De los 139 mil contratos colectivos reconocidos, 122 mil se quedaron sin sindicato ni contratación colectiva.
La reforma laboral resultó peor el remedio del que se buscaba al intentar acabar con los contratos de protección, al destruir todo tipo de vestigio sindical y contractual. El modelo laboral se convirtió después del 1º de mayo en el “Union Free” mexicano.
Como dicen en la jerga popular: resultó peor el remedio que la enfermedad.
Los empresarios no acaban de aplaudirle a este gobierno que la reforma laboral haya extinguido en sus empresas todo tipo de derecho colectivo.
¿Cómo se logrará insertar la práctica sindical en los centros de trabajo que ahora quedaron descubiertos por efectos de la reforma laboral?
Los trabajadores antes que pensar en un sindicato prefieren conservar su trabajo, desconocen que el ejercicio colectivo de sus derechos es la forma de evitar despidos. Lo deciden así porque la estructura de la justicia laboral, a pesar de haberse modernizado se camina como en un pantano.
Se requiere que la Ley Federal del Trabajo lleve a cabo cambios urgentes para lograr que la sindicación y la contratación colectiva no sea una opción sino un derecho irrenunciable de los trabajadores.
La Junta de Expertos reitera un problema que hemos observado en los cierres de Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, despidos de servidores públicos de todo rango y denegación de servicios con base en las reducciones presupuestarias.
Esto es motivo de gran preocupación de acuerdo con este grupo de expertos, ya que todavía hay cientos de miles de casos pendientes que se deben resolver antes de que estos organismos puedan concluir su labor.
La reforma laboral requiere cambios urgentes, porque de seguir así tendrá más retrocesos que avances, pero ahora los políticos miran hacia otros rumbos, a los de sus intereses personales y no a los de la Nación. ¿Quién opina lo contrario?