La voz presidencial desde la conferencia de prensa matutina fue clara al pedir (es decir, ordenar) a las legisladoras y los legisladores oficialistas mantener en la indefinición la elección de comisionados del INAI, y en los hechos forzar a su inmovilidad.
Un audio atribuido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, evidenció que ese virtual secuestro del derecho de la ciudadanía al acceso a la información, es el mundo “ideal” para el primer mandatario mexicano.
¿Cuál es la importancia del derecho de acceso a la información?
Durante la época de la presidencia imperial, las ciudadanas y los ciudadanos de a pie no podían siquiera soñar con conocer las cuentas públicas reales, ya no hablemos de tener acceso a documentos, facturas, contratos, firmados por los funcionarios públicos.
O sea, las cuestiones públicas no eran conocidas por el público.
¿Qué cambió? Cambió la balanza del poder, hacia finales de los años 90 del siglo pasado, cuando episodios lamentables como el caso Aguas Blancas sacudió la opinión pública y demandó del gobierno claridad en la información.
Así, en el año 2000 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la información como una garantía constitucional y la obligación del Estado Mexicano a informar verazmente. En 2002, se publicó la Ley Federal respectiva.
Desde entonces, hay una institución autónoma que vela por ese derecho ciudadano, primero fue IFAI y luego INAI, y esta institución ha librado auténticas batallas para derribar cualquier obstáculo entre la ciudadanía y la información pública.
Para el INAI no hay “otros datos”: el gobierno (cualquier gobierno) debe informar precisa, puntual y claramente a la ciudadanía, tanto los datos obligatorios por ley como las respuestas a las preguntas que la ciudadanía realiza, siempre que no vulnere datos personales.
Con el actuar de la institución se pueden conocer hoy los procesos, licitaciones, adjudicaciones, pagos, facturas, contratos, y por ese motivo es una de las herramientas fundamentales para el ejercicio periodístico y del activismo social.
A través de solicitudes de información pública se han conocido casos de escándalo de gobierno anteriores, como la Estafa Maestra, o la confirmación de datos sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y también gracias a solicitudes de información se ha llegado a revelar la corrupción de la presente administración, como los contratos adjudicados a los amigos de los hijos del presidente, por ejemplo.
Los gastos de la SEDENA y sus funcionarios, los viajes de las y los titulares del gabinete, y de algunas y algunos legisladores, el multimillonario robo en SEGALMEX… y la lista sigue.
Quizá por esa razón el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen en la mira al INAI. Un instrumento utilizado por la ciudadanía para acceder a la información del gobierno no es bien visto por el régimen.
Por esa razón, también, hay que defender a la institución. Debemos defender al INAI porque sin un INAI autónomo y fuerte, no habrá derecho de acceso a la información pública y todo volverá a la oscuridad, a la presidencia imperial todopoderosa y sin frenos.
Un retroceso de más de 20 años en derechos de la ciudadanía.