El azul brillante de un conjunto de playeras resalta sobre muchos otros colores que llenan la carpeta asfáltica de Paseo de la Reforma durante la mañana del 10 de mayo. A diferencia de muchas madres que festejaron el día con sus hijas e hijos o seres queridos. Centenas de mujeres, de muchos puntos de la República Mexicana, salieron a una de las avenidas principales de la capital mexicana para exigir al Estado mexicano implementar acciones para encontrar a sus familiares, quienes engrosan las filas de las más de 100 mil personas desaparecidas en el territorio nacional.
Entre ellas, ocho playeras azul brillante, portadas por mujeres de Nuevo León, agrupadas en el colectivo Renacer, recién conformado en agosto del año pasado por familiares, en su mayoría mujeres, quienes con recursos propios se desplazaron a la Ciudad de México para dar a conocer sus casos, los de sus familiares desaparecidos desde hace algunos años, los más, desde hace más de 15. Todas ellas, han tocado múltiples puertas, de autoridades, de otras colectivas, entre otras, pero no han hallado respuestas ni justicia ni verdad. Por eso, decidieron formar su propia colectividad.
Conformado por integrantes de 46 familias de personas desaparecidas en Nuevo León o Tamaulipas, Renacer “Por nuestros desaparecidos y su justicia” se ha dedicado a la revisión de las carpetas de investigación de esos casos, dándose cuenta que hay pocos avances en la materia, pues muchas de ellas, no tienen más de 100 fojas a pesar de que son registros con más de un década de atraso. O en algunos otros, nunca se abrió formalmente un expediente.
Ni ella misma sabe cuántas tardes esperó en la esquina de su casa el regreso de su hijo Jonathan. En sus adentros pensaba que todo había sido un error y pronto se lo regresarían. La madrugada del 16 de agosto de 2010 marcó la vida de Ana Delia Pérez de León, pues un grupo de hombres armados llamó a la puerta de su casa para advertirle que los dejarán pasar o “iba a valer madre”. A ella, a su esposo y a su otro hijo los encerraron en la cocina mientras saqueaban la casa. Ella les cuestionaba sobre la situación y les afirmaba que no tenía problemas con nadie. Le advirtieron que se calmara o ellos mismos la iban a tranquilizar. Cuando salieron de su casa, fue a buscar a Jonathan a su recámara, pero él ya no estaba. El dolor la sumió en una depresión profunda, permaneciendo en su casa cuasi encerrada por cuatro años, momento en que decidió poner la denuncia. En la Fiscalía le advirtieron que si se tardaban en encontrar a los que ponían su denuncia inmediatamente, que le podía esperar a ella tras tanto tiempo de tardanza.
Desde mayo de 2007, Maximina Hernández no sabe nada de su hijo, José Everardo, quien era policía del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Todo lo que hay en el expediente de su hijo, lo llevó ella a la Fiscalía. Ella buscaba todo lo que le pedían los policías ministeriales aunque luego no le querían hacer caso y desestimaran las pruebas. Incluso, puso en riesgo su vida para obtener las pruebas. Lo que sabe, de manera hipotética, es que lo desaparecieron sus propios compañeros, pero quienes le dicen eso, no se atreven a decirlo ante un juez o un ministerial. Su hijo iba a cumplir 23 años, y no pierde la fe, de volver a saber de él.
Sólo fragmentos es lo que la Fiscalía neoleonesa le entregó a Alma Leticia Hernández con respecto a Carlos, el papá de su hija, quien fue sacado por la fuerza de su negocio en junio de 2010. Sobre los hechos, se enteró a través de un vecino, y por algún tiempo, estuvo dando rondines por los alrededores del lugar donde ocurrió el levantamiento. Un año más tarde, le dijeron que habían encontrado nueve fragmentos de Carlos en una fosa clandestina de Juárez, Nuevo León. Para ella, la Fiscalía no realizó una investigación como tal. Los hallazgos se los compartieron después de habérsele tomado muestras de ADN a su hija y nunca le indicaron de qué parte del cuerpo eran dichos fragmentos. Para entregárselos, le pidieron que firmara que ya estaba muerto. Es todo lo que ha sabido. Cuando acude a la Fiscalía le dicen que no hay nada, que el expediente ya está rezagado y que a lo mejor ya se murieron quienes secuestraron a su familiar.
Severamente golpeada, con incertidumbre, miedo, enojo, impotencia y muchos otros sentimientos quedó Norma Lucía aquel 23 de junio de 2010, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio para llevarse a su esposo. La escena la presenciaron sus hijos. Ella trató de evitar la situación, pero no pudo. Por 13 años, ha buscado la verdad sobre la desaparición de su cónyuge, más la frialdad y la ignominia de las autoridades la ha hecho buscar apoyo en organizaciones civiles. Nadie le explicó el proceso de denuncia ni que quedaría abierta una carpeta de investigación. Al contrario, siempre que iba al ministerio público la regañaban porque se le olvidaba algún dato. Hasta el día de hoy, el expediente de su esposo no tiene más de 115 fojas, lo cual significa que no han realizado investigación alguna.
“Llego por la tarde” fue la última frase que María Victoria Arteaga Rodríguez escuchó de su esposo Oswaldo. Alrededor de la una de la tarde del 5 de marzo de 2019, él se comunicó con ella para avisarle que ya saldría, junto con sus sobrinos, de Nuevo Laredo, rumbo a Monterrey. Sin embargo, nunca llegaron. Después de varias horas, le notificaron que en el DIF de la ciudad tamaulipeca estaban sus sobrinos menores de edad, pero de su esposo y de su otro sobrino, no se sabía nada. El reporte oficial es que a los niños los encontraron en una casa abandonada. Los menores aseguran que los estuvieron trasladando por varias horas hasta que los entregaron a Protección Civil de Nuevo Laredo. Ambos afirman que a su tío y a su papá los golpearon mucho, y después ya no supieron de ellos. A pesar de los testimonios, las autoridades ministeriales dicen que falta por acreditar si efectivamente los “levantó” un grupo criminal. Recientemente, tres años después de los sucesos, los policías de investigación obtuvieron la sábana de llamadas del celular de Oswaldo. Entretanto, los menores sólo han sido reconocidos como víctimas indirectas de los hechos, a pesar de que también sufrieron el secuestro.
Mientras se realizaba un festejo en Santiago, Nuevo León, un grupo de personas vestidas de soldados ingresaron a una finca en una camioneta camuflageada. Todas llevaban armas largas. Hincaron a todas y todos los asistentes y se llevaron a los hombres. Entre ellos, Roberto Macial Ramírez, esposo de Elva Elizabeth Rivas Ramírez, quien es portavoz del colectivo. Lo poco que sabe de lo ocurrido es gracias a su suegra, que estaba en el lugar y por más que se abrazó a la pierna de su hijo, lo soltó ante la amenaza de que la matarían. Cinco años después de los hechos, la Fiscalía le comunicó a Elva que había coincidencias con una autopsia de 2012, pues había similitudes con el ADN de sus hijos. Les volvieron a hacer las pruebas de ADN, pero les advirtieron que las enviarían a Canadá porque en el estado no había la tecnología para hacer los comparativos. Tras cuatro años de espera, ante la insistencia de Elva, le mencionaron que no habían llegado los resultados. Como pudo, logró que alguien le pasara información sobre la situación y le dijeron que no había coincidencia. Ante la ineficiencia, desea que la carpeta del caso sea trasladada a instancias federales, pues de todas las personas desaparecidas aquella tarde, sólo la de su esposo continúa siendo investigada por la Fiscalía de Nuevo León.
Sorpresivamente, un grupo de hombres armados llegó hasta el primer piso donde vivía Bertha con su esposo y sus cuatro hijos. Casi era la primavera de 2011, dos días antes, cuando se llevaron a su esposo, con suma violencia, pues lo arrojaron desde el primer piso hasta la planta baja. Él era policía de tránsito de Monterrey y se llevaron hasta sus uniformes. Hasta el momento, no se ha sabido nada. En el trabajo no le dieron el seguro de vida ni la pensión porque no hay un cuerpo de por medio. Ya se hizo un juicio para notificar su ausencia, pero en los cuerpos policiacos lo dieron de baja por faltas. Sin un avance real en las investigaciones, sin acceder a los derechos laborales de su esposo y con la incertidumbre, ha sacado adelante a sus cuatro hijos.
Todas ellas, del colectivo Renacer, hicieron llegar un documento a la Fiscalía General de la República para exigir que sus casos sean revisados en el ámbito de lo federal, pues consideran que en Nuevo León o en Tamaulipas ya no hay más que hacer con las autoridades locales. El sello de recibido en su documento de acuse es su esperanza para que la investigación sobre la desaparición de sus familiares avance.
Entre tanto, regresaron a Monterrey para continuar mediando su tiempo entre investigar por su propia cuenta y mantener a sus familias por medio de la venta de alimentos o de algunas otras cosas o de hacer limpiezas en otras casas, pues, tener un empleo formal, les limitaría el tiempo para estar al pendiente de lo que pudiera ocurrir en sus casos.
Como cada domingo, desde hace un año, estarán en el auditorio del Museo Metropolitano de Monterrey para que se les acerquen aquellas personas que tienen familiares desaparecidos, puedan insistir en su búsqueda y sepan qué protocolos se deben seguir. Algo muy necesario en una entidad donde el mes pasado se registraron 60 desapariciones más.