Nuestro país tiene como modelo de vida un sistema democrático estructurado con directrices bien definidas tanto en la Constitución Política como en diversas leyes que permiten el ejercicio libre de actividades legales que están encaminadas a proteger a la ciudadanía, a garantizarle diversos derechos fundamentales, a su participación en temas relacionados con su interés, a contar con información oportuna sobre hechos relevantes y trascendentales, entre otros aspectos.
Bajo este contexto, el periodismo, engrane fundamental de nuestro sistema democrático, ejerce una función fundamental en nuestra sociedad ya que su libre ejercicio permite a la población dotarla de información que puede ser fundamental para su toma de decisiones. El periodismo, además, sirve de equilibrio entre el ejercicio del poder público y la veracidad de dicho ejercicio lo que garantiza una sociedad plural, democrática y con indicadores sociales básicos en el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas.
No obstante la función vital del ejercicio periodístico, Artículo 19, a través de su informe “Voces contra la indiferencia”, presentó hace unas semanas un informe anual sobre la violencia contra la prensa, el periodismo y, en particular, contra diversos derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad de expresión o el acceso a la información pública; todo esto enmarcado con los registros que han tenido diversos medios de comunicación relacionados con el hostigamiento a su trabajo, la violencia perpetrada contra periodistas, agresiones y hasta los lamentables asesinatos que se han suscitado.
Artículo 19 revela que en 2022 se registraron 696 ataques contra la prensa, generando con ello, el año más violento para el ejercicio del periodismo, en donde deben agregarse los 12 asesinatos registrados contra periodistas. Resalta, asimismo, que el 42.53% de los actos perpetrados hacia periodistas están directamente relacionados con actores del Estado.
Estos hechos por demás condenables irrumpen nuestra estabilidad como sociedad, limitan derechos constitucionales y legales, colocan a una noble profesión en riesgo de ejercer su función, así como nos exhiben en el concierto de las naciones como un país violento, en donde un Estado de Derecho, propio de un “sistema democrático” debería de ser nuestro hilo conductor.
Es por ello por lo que resalta la presentación, en días pasados de una red nacional de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos denominada “Tejidos Solidarios” cuyo objetivo es contar con acceso efectivo de la justicia que permita esclarecer los hechos, que las familias sean atendidas, ayudadas y, de ser el caso, que se les otorgue la reparación integral y preservación de la memoria de las personas periodísticas asesinadas.
La organización Propuesta Cívica, promotora de la iniciativa, reveló que “Tejidos Solidarios” plantea desarrollar los canales y técnicas adecuadas para que las familias que están en esta lamentable situación tengan las herramientas necesarias para enfrentar su dolor a través, principalmente, de trabajo psicoemocional.
La iniciativa pretende partir con presencia en seis estados de la República, así como en un estado de la Unión Americana. No cabe duda de que, este tipo de iniciativas pueden y deben impulsar a las autoridades a ir de la mano de la sociedad y con ello, revertir que nuestro país sea considerado uno de los más peligrosos para la prensa, concentrando alrededor del 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo.
De igual forma, debe el Estado mexicano llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, solo así, contaremos con un país que, con otros aspectos más, le dé certeza y seguridad a la ciudadanía.