En nuestro país, todas las personas deben saber que cuentan con una Institución que protege lo más preciado para México: los derechos humanos que tutelamos y la democracia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –antes (Ifai)– es un organismo autónomo garante del derecho de acceso a la información pública, y del derecho a la protección de datos personales que, por casi dos décadas ha trabajado a favor de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia. Desde el 12 de junio de 2003, la historia del país se modificó para siempre, pues aquel día, comenzó a operar un andamiaje institucional capaz de defender las necesidades de información de las personas. Este Instituto ha estado del lado de la gente cuando las autoridades les han negado su legítimo derecho a saber de la vida pública, así como cuando sus datos personales fueron vulnerados.
En el INAI tenemos la firme certeza de que, el ejercicio del derecho de acceso a la información, el impulso de la transparencia como una política transversal que alcanza a todas las instituciones de los tres niveles y ámbitos de gobierno, y la apertura gubernamental han modificado el paradigma de lo público y de la manera en que ejercemos nuestra ciudadanía. Pues dos décadas de apertura en la información son evidentes, formamos parte ya de una ciudadanía que se involucra y participa activamente en los asuntos públicos desde la información, desde el poder que da saber.
Para citar algunos casos concretos, el entonces IFAI se convirtió en pieza clave para fortalecer la defensa de los derechos humanos. En 2004, instruyó que se informara sobre las personas detenidas en la llamada Guerra Sucia. En 2009, sobre el caso Rosendo Radilla, aquel que dio lugar a la sentencia de la Corte Interamericana, que transformaría nuestro sistema jurídico. Ese año, también exigiría informar sobre la Masacre en la comunidad El Charco donde participó el ejército. Y en 2015, sobre el Caso Ayotzinapa, a solo cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes.
En ese sentido, nuestras resoluciones han transformado la relación entre sociedad y gobernantes: obligando a las autoridades a rendir cuentas y empoderando a las personas para vigilar a quienes ostentan el poder. Y debemos reconocerlo, México es un caso de éxito en el ejercicio del derecho a saber, pues, la conjunción del ejercicio del derecho de acceso a la información con el trabajo periodístico crítico y en profundidad ha favorecido la materialización de investigaciones periodísticas de gran alcance social, entre las que se citan: La Casa Blanca, La Estafa Maestra, Crimen y Violencia en México. La Guerra que no acaba, El cártel de la comida, y El país de las 2 mil fosas.
Ante las narrativas del discurso público que pretenden desdibujar las funciones y relevancia del Instituto Nacional de Transparencia, debemos tener en claro que, dentro de las atribuciones que se definen en el artículo 6° de nuestra Constitución y las funciones que se establecen en la normativa en la materia, no se dispone que el INAI sea una fiscalía especializada para la investigación y sanción de actos de corrupción. Asimismo, el espíritu legislativo no dispuso que este Instituto sea un gran colector de la información generada por los 779 sujetos obligados del ámbito federal. En cambio, somos una instancia técnica y especializada a la que las personas pueden recurrir cuando las autoridades les nieguen o entorpezcan sus solicitudes de información pública, o el ejercicio de sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales.
Además, de esta tarea fundamental al ser la autoridad que regula y garantiza dos derechos fundamentales en todo el país, encabezamos el Sistema Nacional de Transparencia, promovemos la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, impulsamos políticas de gobierno abierto y realizamos capacitación, socialización y coordinación con organismos internacionales. En este sentido, debe decirse claro: las funciones de este Instituto no pueden ser absorbidas por otra instancia porque ninguno tiene facultades sobre los tres Poderes de la Unión en la materia.
En el INAI estamos convencidos de que, la garantía de los derechos humanos, en este caso el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales son garantías que deben fortalecerse, no limitarse o vulnerarse. Desde hace casi dos décadas, la plena garantía de estos derechos fundamentales para las y los mexicanos, así como para las más de 500 personas que semana a semana que esperan una resolución a la inconformidad, no puede detenerse por una regla que prevé la integración y quórum mínimo del Pleno. Por ello, se ha determinado interponer un recurso de reclamación para que se valore la negativa que recibimos esta semana por parte de la ministra ponente de la Suprema Corte de Justicia.
En este Instituto seremos respetuosos de los procesos y de la resolución de nuestro Máximo Tribunal.