Todas las instituciones del Estado mexicano emanan de diversas disposiciones Constitucionales y legales que las dotan de múltiples atribuciones para la consecución de determinados fines que son necesarios para nuestro país que se rige bajo un sistema democrático que, entre otros aspectos, necesita la participación de la sociedad.
Para el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) su naturaleza jurídica y principios rectores de la función electoral están referidos en los artículos 41, párrafo tercero, base V, Apartado A, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución, y 29, 30 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Entre las atribuciones más representativas que el INE tiene a su cargo se encuentran la planeación, organización y desarrollo de los procesos electorales federales y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), las elecciones locales así como los mecanismos de democracia directa. Para ello, el INE debe contar con todas las herramientas que le permitan la realización periódica y apegada a derecho de las elecciones y, con ello, la transición del poder público, de manera pacífica, equitativa, igualitaria, certera, y con seguridad para todas y todos los actores políticos, medios de comunicación, candidatas y candidatos, partidos políticos, coaliciones y, sobre todo, la ciudadanía.
De manera específica, el INE tiene funciones muy importantes tales como vigilar que las actividades de los partidos y agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con estricto apego a la normativa electoral; la fiscalización de los recursos que utilizan los actores políticos tanto para las elecciones federales como locales, así como los gastos ordinarios; la determinación de la geografía electoral federal y local; la credencialización de las y los mexicanos así como la conformación del padrón electoral y la elaboración de los listados nominales de electores; la vigilancia de que las prerrogativas otorgadas a partidos políticos se apliquen con apego a la ley; la elaboración de lineamientos y criterios en materia de organización, capacitación, paridad, acciones afirmativas y logística electoral para la conducción de las elecciones federales y locales, entre muchas actividades más.
Para ello, el INE, año con año, lleva a cabo a partir del mes de mayo una serie de actividades internas para conformar su anteproyecto de presupuesto que le permita el cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas y que se materializan en un sinnúmero de actividades.
Los rubros de la presupuestación institucional deben considerar escenarios tales como los cargos a elegir en 2024 que, a nivel federal son 629 cargos; a nivel local por primera vez habrá elecciones en las 32 entidades federativas; en 8 la renovación de la gubernatura, más la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 31 Estados renovarán su Congreso local; 30 entidades tendrán elecciones para elegir autoridades de los Ayuntamientos y Alcaldías para el caso de la Ciudad de México, y finalmente 2 Estados renovarán cargos auxiliares correspondientes a las Juntas Municipales. Esto da como resultado más de 20 mil cargos de elección en disputa para 2024.
Otras consideraciones necesarias para una correcta presupuestación es la estimación que el INE tiene de entre 97 y 98 millones de electoras y electores para el año que entra, lo que implica que se instalarían entre 169 mil y 170 mil casillas en todo el país, además de considerar, los proyectos institucionales tales como los conteos rápidos, el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la instalación de algunas urnas electrónicas, los gastos para el proyecto de voto en prisión preventiva, para el voto anticipado, entre varias actividades más.
No obstante la multiplicidad de actividades a cargo del INE, se conformará un presupuesto con parámetros de austeridad y racionalidad y contendrá, si así lo aprueba el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, directrices para avanzar en la modernización tecnológica de las elecciones que faciliten diversos procesos en materia de organización y capacitación, para la recepción del voto, para eficientar diversas etapas del proceso electoral, para la optimización de los cómputos de los resultados de las elecciones que lleven, en un mediano plazo a que el INE tenga ahorros y abata sus costos.
Finalmente, y en la lucha permanente por contar con una sociedad igualitaria y equitativa insistiré en que el INE cuente con una Defensoría Pública que garantice los derechos políticos y electorales de las mujeres en igualdad de condiciones, libres de cualquier tipo de violencia y discriminación que permita asegurar el pleno desarrollo y empoderamiento de las mujeres.
Una vez que el INE tenga listo su anteproyecto de presupuesto y eventualmente lo apruebe en el mes de agosto de este año, tocará a las y los Legisladores de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis y aprobación. En este sentido, estamos seguros que nuestros representantes serán sensibles a analizar este proyecto de cara a la elección más grande que se haya registrado en nuestro país.