Desde el inicio de esta administración quedó claro que la agenda de niñez no era una prioridad, como lo demuestra la desaparición de los programas de estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo, la disminución de recursos para la atención de la primera infancia, el desabasto de medicamentos oncológicos, la escasez de vacunas del cuadro básico (sarampión, poliomielitis, tuberculosis, difteria, tétanos). Tampoco se han caracterizado por impulsar políticas públicas, programas y acciones para prevenir las distintas violencias (familiar, sexual, acoso escolar, reclutamiento forzado, trata de personas entre otras) que padecen cotidianamente niñas, niños y adolescentes, así como para apoyar a quienes han quedado en orfandad por la pandemia, la inseguridad o el crimen organizado dejándolos en una condición de enorme vulnerabilidad.
Hace unos días, el presidente López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para desaparecer 18 organismos públicos y trasladar sus funciones a otras dependencias de la administración pública federal como el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, la Comisión de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) al que me referiré en esta ocasión.
En 2014 se aprobó por un amplio consenso la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes lograron modificar sustancialmente la iniciativa del entonces presidente Peña Nieto para que se transitara de la visión asistencialista que había prevalecido por décadas, a un modelo garantista que reconociera a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. A partir de esta ley se creó el SIPINNA como la instancia responsable de coordinar las acciones de política pública nacional enfocadas a la garantía, protección, promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel federal, estatal y municipal. Es decir, se trata de un espacio inter-institucional del más alto nivel de decisión encabezado por el presidente de la República e integrado por diversas secretarías, la FGR, IFT, CNDH así como las y los gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Lo cierto es que este gobierno prácticamente abandonó al SIPINNA -en realidad tampoco tuvo mucho apoyo en la pasada administración- pues además de la estrechez presupuestal, el presidente López Obrador nunca ha asistido a las muy contadas sesiones que se han llevado a cabo durante su administración, y la secretaría ejecutiva quedó acéfala desde febrero de 2021, fecha en que renunció Ricardo Bucio, ya que más de dos años después no se ha nombrado a quien ocupe esa estratégica posición dentro del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora se pretende que, como en el pasado, sus funciones las asuma una oficina del DIF que tiene una vocación netamente asistencialista, lo que implica un serio retroceso de más de 30 años como lo señalan más de 800 organizaciones que piden al gobierno y al poder legislativo que se reconsidere esta decisión.
Las niñas, niños y adolescentes representan el 30.4% de la población (38.3 millones) por lo que no se considera viable que una sola institución como el DIF, dedicada a atender con muchas insuficiencias a grupos vulnerables y que, como advierte la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), no tiene facultades para coordinar a las distintas entidades gubernamentales, gobiernos estatales y organismos autónomos y promover y articular políticas de Estado, se haga cargo de promover y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos convirtiéndolos de nuevo únicamente en sujetos de protección.
Lo menos que se podría esperar, es que se abran espacios de diálogo en el Congreso para escuchar la opinión de organizaciones, organismos internacionales y especialistas como se hizo en 2014, y que se exploren alternativas para fortalecer al SIPINNA -tal y como se comprometió en campaña el presidente López Obrador-, mejorar el diseño institucional y, en su caso, corregir deficiencias para con ello seguir avanzando en el cumplimiento de la deuda histórica que se tiene con la infancia y adolescencia. Sería sumamente incongruente que en unos días que se celebre el Día de la Niñez, y que como cada año se pronuncien elocuentes discursos y se les dediquen bonitas palabras, se les festeje eliminando de un plumazo lo mucho o poco que se ha logrado hasta ahora.