A lo largo de la mañana del domingo 23 de abril corrió como reguero de pólvora por todo México. Fue como un alud de información, de afirmaciones, de contradicciones, de “si” y de ”no”. El presidente mexicano había mostrado síntomas de enfermedad y había sido trasladado, pronto, a la capital del país.
El tema tomó fuerza aun mayor porque “El Diario de Yucatán” publicó que durante la mañana, en Mérida, Yucatán, a donde el Ejecutivo acudió para supervisar las obras del Tren Maya, durante la mañana del domingo el presidente –dice el Diario–, sufrió un desmayo.
Luego se especuló sobre la gravedad del tema: que si había ocurrido un infarto, que si un derrame cerebral, que si una parálisis, que lo habían trasladado en calidad de archi urgente al Hospital Militar, que tal y tal y más: que el presidente estaba grave se dijo.
En contraposición desde el gobierno federal y enseguida del contratiempo de salud del presidente, el vocero oficial, Jesús Ramírez, afirmó que el presidente llevaba a cabo su gira de trabajo sano, tal como la tenía planeada’ para ese día. Si. Pero no.
No, porque hoy se sabe que la gira fue suspendida de inmediato y que, en efecto, el presidente había sido trasladado rápido a la Ciudad de México. Más tarde, se supone que el mismo presidente, envió un tuit en el que afirmó que de nueva cuenta [tercera ocasión] había contraído covid-19 y que estaría aislado –esta vez no hubo video en el que él mismo, de propia voz, anunciaba el contagio, como en las dos ocasiones anteriores–.
Quince horas después el gobierno federal informó que el Ejecutivo está bien, sólo que aislado por razones de covid-19 y que así estará unos días: “dos o tres días”, según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien como responsable de Las Mañaneras dijo que las especulaciones sobre la salud del presidente “son producto de la malquerencia de algunos”.
El tema no es para menos. Para cualquier país, en todo el mundo, la salud del presidente o mandatario o titular de gobierno es un asunto de Estado. Y por tanto los ciudadanos deben estar informados de forma cierta.
La presencia física, con salud, de quien opera al gobierno interno o externo, economía, sociedad, política interna y externa… es indispensable. Es la garantía de que aun con problemas de gobierno –que los hay en todo mundo–, sigue funcionando, que hay estabilidad, aun con las turbulencias que están a la vista, y que todos pueden respirar aliviados.
Ese respirar aliviados es importante, porque si algo le ocurriera al mandatario podría sobrevenir una crisis social de alcances mayores. Y aunque la Constitución mexicana en su artículo 84 tiene previsto lo que se deberá hacerse en caso de fallecimiento o incapacidad por salud del Ejecutivo del país, lo cierto es que una circunstancia como esa podría desestabilizar al sistema político mexicano. Ojalá no.
Ocurrirían confrontaciones entre los distintos actores políticos no obstante lo marcado por la Constitución de que asumiría la titularidad el secretario de Gobierno quien a la brevedad deberá convocar a elecciones.
Aquellos que se consideran aptos para ser electos a la presidencia confrontarían y polarizarían aún más a la sociedad mexicana, de por sí polarizada y confrontada por el discurso de odio surgido día a día desde Palacio Nacional, y el que replican como campanas de catedral cada una de las corcholatas elegidas por el presidente actual.
La inestabilidad económica se acentuaría de forma grave. Los programas de gobierno: salud, educación, cultura… entrarían en una detente altamente peligrosa, toda vez que en este mismo momento están en un punto crítico de inacción.
La seguridad pública se colapsaría por la ingobernabilidad producida por las luchas internas por el poder político y de gobierno. Los grupos de interés extremo, como el crimen organizado y el narcotráfico impondrían su propia ley en las zonas de su interés y dominio. La violencia se extremaría aún más. La impunidad se incrementaría en cada estado del país y los municipios.
El poder Legislativo entraría en crisis toda vez que habría un vacío por parte de quien les instruye e impulsa a tal o cual iniciativa o votación a favor. Muchos legisladores se sentirían perdidos porque sus aspiraciones estaban centradas en su relación con el Ejecutivo actual y no por su propio peso como políticos, como legisladores ni como hombres o mujeres.
Los países del exterior con intereses en México, dadas las condiciones de ingobernabilidad y de indefinición optarían por garantizar el capital invertido por empresas de cada nación e intentarían recuperarlo o bien exigirían a la autoridad (¿Cuál autoridad?) las garantías de resguardo de sus bienes y capitales en México. No habría forma de negociación si no hay con quien negociar.
El artículo 84 es claro. Inmediato operarían los mandamientos constitucionales. Pero una cosa es ese mandamiento de la Carta Magna, y otra cosa muy diferente es el actuar de los individuos o grupos políticos del país.
No queremos que ocurra. No. Los procesos políticos deben estar a disposición de la democracia y de la salud social y colectiva en democracia. La salud del presidente es importante.
Por tanto tampoco se puede prestar al manoseo informativo como ha ocurrido desde el domingo pasado y con una tardanza de casi quince horas para anunciar desde el gobierno el estado de salud del presidente. Ojalá sea cierto.
Y ante la ausencia de información, ciertamente surgen las especulaciones, y se pone a prueba la garantía de gobernabilidad en el país. Hacerlo como lo hacen, ocultando, tardando, cerrando todo a candado genera desconfianza, inquietud e inconformidad colectiva.
Informar de manera fehaciente el estado de salud del Ejecutivo es indispensable y sano para todos. Si no es así, de otro modo estamos viviendo lo mismo que ocurría antes…