Las Naciones Unidas (ONU) cuenta con una agencia especializada en temas de género ONU Mujeres dedicada, entre otros rubros, a desarrollar una serie de programas, diversas políticas y hasta la generación de esquemas de normas dirigidas a los Estados miembros que tienen por objeto el establecimiento de bases sólidas para arribar a la igualdad de género a través del reconocimiento pleno de los derechos humanos de mujeres y niñas que implique, además, que logren su potencial para su pleno desarrollo en su sociedad y libre de toda violencia de género que se ha impregnado como un cáncer en nuestras comunidades.
Por ello, ONU Mujeres ha establecido cinco áreas prioritarias para alcanzar la participación de mujeres y niñas en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida destacando el aumento del liderazgo y participación de las mujeres; erradicar la violencia contra las mujeres; involucrar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos relacionados con la paz y seguridad; mejorar el empoderamiento de las mujeres, así como “hacer de la igualdad de género un aspecto central de planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo”.
México como parte integrante de esta organización está obligado a incorporar estas áreas prioritarias a efecto de garantizar los derechos humanos de todas las mujeres. En este sentido, uno de los aspectos que ha implicado un camino difícil y tortuoso para las mujeres ha sido la incorporación en igualdad de condiciones que los hombres sobre todo en el ámbito de la política, ya que durante largo tiempo hemos sido marginadas y discriminadas en la arena pública a pesar de las reformas constitucionales y legales que en la última década el Legislativo ha aprobado para garantizar nuestra participación y de iniciativas regresivas que desafortunadamente se han presentado en los últimos meses, que ponen en riesgo el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) se han impulsado diversos acuerdos, lineamientos, criterios y protocolos para garantizar a las mujeres su participación igualitaria generando, además, directrices que para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar actos que se tipifican como violencia política contra las mujeres en razón de género.
No obstante, hay una propuesta que en su oportunidad presenté cuando presidí la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, instancia auxiliar del Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, que se refiere a la creación de una Defensoría Pública para Mujeres, área que estaría encargada de prestar de forma gratuita los servicios de defensa jurídica y asesoría legal en materia administrativa electoral y jurisdiccional en favor de las mujeres bajo dos esquemas: mujeres aspirantes, precandidatas y candidatas, así como mujeres que ocupan algún espacio en la esfera pública.
Bajo este contexto, la Defensoría Pública del INE tendría el enorme reto de buscar garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres en igualdad de condiciones, libres de cualquier tipo de violencia o de cualquier tipo de discriminación que, además, es congruente con las obligaciones internacionales previstas en los artículos 3 y 7, inciso b) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que disponen que los Estados parte deberán tomar todas las medidas que aseguren el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en todas las esferas, y en particular en la política, social, económica y cultural, que garantice el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones.
En razón de lo que he referido hasta el momento, reiteraré mi planteamiento de crear la Defensoría Pública para Mujeres y lo propondré en su oportunidad de cara a la construcción de los ejes rectores, planes y proyectos que se estarán integrando en los próximos días en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, año en el que tendremos la elección más grande de nuestra historia, en la que la participación activa de las mujeres en igualdad de condiciones y libres de violencia política en razón de género resultará fundamental, sobre todo en un sistema democrático como el nuestro, cuyos principios son, entre otros, la igualdad, la equidad, la paridad y la justicia.