“¿Qué tan grave será esto?”, preguntó el presidente López Obrador en mayo de 2019 durante una de sus reuniones privadas de seguridad, inquieto ante las amenazas del mandatario estadounidenses Donald Trump de imponer aranceles al comercio mexicano si no era frenado en territorio mexicano el flujo de migrantes. Ese encuentro sembró las causas de la tragedia que marcará –a fuego, literalmente– a la actual administración.
La masacre ocurrida en el centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, con al menos 39 muertos, acumuló desde el primer momento el mismo potencial tóxico que lastrará históricamente al gobierno Peña Nieto por el caso Ayotzinapa, ocurrido a la mitad de su gestión, en septiembre de 2014. E incluso hay agravantes: el escándalo internacional que ha desatado el horror ante este nuevo episodio alcanzó desde el primer momento a figuras de primer nivel del gobierno federal. Y la mezcla de xenofobia, corrupción y crimen de lesa humanidad tiene un nombre y un rostro: el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, personaje de mano dura designado directa y personalmente por López Obrador, del que ha sido aliado político durante décadas.
Durante aquella reunión previa a las mañanera presidencial, López Obrador escuchó del canciller Marcelo Ebrard que sería peligroso para la economía del país que Trump cumpliera su amenaza, por lo que era necesaria una estrategia de mayor control sobre las fronteras. Luego vinieron opiniones de los secretarios de Gobernación (entonces Olga Sánchez Cordero), de la Defensa y de Marina. En esos escasos minutos, el presidente determinó un giro radical a la política migratoria que su gobierno había desarrollado en los primeros seis meses, animada por una visión solidaria y de apego a los derechos humanos, pero el nuevo criterio sería de carácter policial.
López Obrador ordenó esa mañana establecer un grupo de trabajo para implantar la nueva estrategia, que debía desplegar, de inmediato, mayores controles de la Guardia Nacional y de personal militar sobre la entrada de migrantes en la frontera sur, y un cerco para impedir su llegada a la línea fronteriza con Estados Unidos. Le dio a Ebrard el encargo de coordinar ese grupo de trabajo, cuyos integrantes debían viajar de inmediato a la zona limítrofe de Chiapas con Guatemala.
Según fuentes cercanas consultadas por este espacio, al regresar a su oficina Ebrard eludió viajar personalmente a Chiapas, tarea que encomendó a colaboradores, quienes acudieron a la frontera sur y tomaron decisiones conjuntas con los mandos militares que desplegarían el nuevo esquema de controles. Durante los siguientes días, las instrucciones presidenciales habían sido cumplidas, en ambas fronteras. Casi de manera simultánea se difundió la llegada al INM de Francisco Garduño, quien había tenido a su cargo los penales federales en esos primeros meses del sexenio y quedó bajo la línea de mando de Gobernación, que encabeza actualmente Adán Augusto López.
El acuerdo dictado por López Obrador supuso una bofetada política para la Secretaría de Gobernación, la agencia del gobierno legalmente a cargo de los temas migratorios. La secretaria Sánchez Cordero fue marginada, pero quizá la mayor humillación fue para el subsecretario Alejandro Encinas –veterano aliado del tabasqueño–, funcionario directamente responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), en el que había sido designado a Tonatihu Guillén, un académico experto en derechos humanos y migración, justo la ecuación que esa mañana de 2019 fue sepultada en Palacio.
El Estado mexicano es firmante de acuerdos internacionales que prohíben expresamente el uso de efectivos militares para el control de grupos migrantes. El nuevo modelo impuesto, operado por Garduño al frente del INM, fue abierto a la injerencia de efectivos de las fuerzas armadas, tanto del Ejército como de la Marina. En la delegación de Chihuahua, de la que depende el centro de reclusión de Ciudad Juárez, Garduño removió a Héctor Padilla, surgido del mismo ámbito académico de Guillén López. Al frente llegó el general Pedro Alberto Alcalá, quien fue relevado posteriormente por el actual responsable, el almirante Salvador González Guerrero.
La biografía de Garduño lo liga estrechamente a López Obrador y traza con éste una liga de responsabilidad política ineludible por parte del mandatario ante la tragedia de Ciudad Juárez, a la que se agregará, sin duda, la expectativa de que se deslinde el rol que haya jugado cada uno de los actores de esta historia.
Las trayectorias de López Obrador y de Garduño se entrecruzaron desde inicios de los años 90, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Garduño, actualmente de 74 años, había apoyado la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas desde 1987; fue confundador y ocupó diversos cargos en el PRD, incluso bajo la dirigencia partidista del político tabasqueño.
Cuando López Obrador ganó la jefatura de Gobierno de la ciudad de México, en el 2000, designó a Garduño secretario de Transporte y Vialidad, luego subsecretario de Gobierno, y lo perfiló para ser secretario de Seguridad Pública. No lo logró porque en aquella época tal designación debía ser avalada por el presidente de la República, y en ese momento Vicente Fox la objetó. La alternativa para el cargo fue Marcelo Ebrard. Garduño siguió acompañando a López Obrador no sólo en la candidatura presidencial de 2006, sino después, como parte del autodenominado “gobierno legítimo” y aun tras las nueva derrota de 2012.
Luego del nombramiento de Garduño en el INM, sus agentes han sido reiteradamente señalados por negligencia y corrupción, lo mismo al extorsionar a turistas en los principales aeropuertos del país –aun con el uso de casas de seguridad–, como por atropellos sobre migrantes y complicidad con la bandas internacionales de traficantes de personas. La cálida ala del poder presidencial siempre lo ha protegido. Hasta ahora.
Abogado de formación, la trayectoria de Garduño ha sido en ese campo más bien gris. Originario de Guanajuato, es una cruel ironía que presuma en su historial académico haber cursado un posgrado –y peor, en derechos humanos– en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la población sede de la tragedia que lo acompañará por siempre.