“En suma: los migrantes mexicanos están siendo maltratados sin ser defendidos por el gobierno usurpador. No los dejemos solos, protestemos”, escribió el sujeto que hoy cobra como presidente de la República, en su cuenta de Twitter, el 27 de julio del 2010 a las 21:47 horas.
Apenas dos días antes, el domingo 25, presentó su Proyecto Nuevo de Nación en el zócalo de la Ciudad de México, documento elaborado por una treintena de personas, entre las que destacan Claudia Sheinbaum Pardo, Bertha Elena Luján Uranga, Irma Eréndira Sandoval y Jesús Ramírez Cuevas.
Allí aparece la palabra “migrante” en quince ocasiones. Por ejemplo, en la página 41 se lee: “Por nuestra parte, habremos de llevar a buen término proyectos de desarrollo regional que contribuyan a aminorar el flujo de migrantes hacia el norte. Y habremos de revisar nuestras políticas internas tanto en la frontera norte como en la frontera sur”. Nada de lo comprometido entonces ha ocurrido a la fecha.
Algunos años después, en marzo del 2017, López Obrador promovía la construcción del Frente Cívico de Defensa de los Migrantes y anunciaba su visita a Nueva York para el día 13 de ese mes. Pero su verdadero rostro apareció en cuanto ocupó la silla presidencial. En la opacidad, Marcelo Ebrard Casaubón negoció con el gobierno de Donald Trump un acuerdo de devolución de migrantes a México, según lo dio a conocer posteriormente el exsecretario de Estado Mike Pompeo en su libro Never Give An Inch.
El desprecio hacia las personas migrantes por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habría de exhibir su crudeza el 28 de agosto del 2021, cuando el periodista Benjamín Alfaro capturó en video la brutalidad con que el agente del Instituto Nacional de Migración, Aldo Juan Robledo Páez, pateó la cabeza de un migrante en la ciudad de Tapachula, Chiapas, sin que dicho acto tuviera consecuencia alguna para el servidor público.
Al Instituto Nacional de Migración se le requirió, a través del derecho de acceso a la información, para conocer la identidad del agente violento. El director de Administración de Personal, Alfredo Barrera Cervantes —a través del oficio INM/DGA/DAP/02042/2021— respondió que “no se cuenta con elemento de convicción del que se desprenda que dicha información debe localizarse en posesión de este sujeto obligado”, lo que dejó en claro que dicha institución desconcentrada de la Secretaría de Gobernación protegería a su esbirro.
Muy pronto se hizo evidente que la Guardia Nacional había sido creada para normalizar la presencia del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública y para controlar el flujo de migrantes, en atención a la exigencia del gobierno de Estados Unidos.
El propio Donald Trump habría de presumir que obligó a López Obrador a desplegar 28 mil elementos de las fuerzas armadas para bloquear el paso migratorio.
Y para que no quede duda del grado de importancia que tienen las personas migrantes para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están como muestras dos botones: las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien —en el contexto de la desgracia de Ciudad Juárez— le dijo a Joaquín López-Dóriga que él será el próximo presidente de la República, luego de mentir respecto de su responsabilidad en la tragedia y tratar de endilgarle la culpa al secretario de Relaciones Exteriores.
Y la investigación del periodista Mario Gutiérrez Vega, quien dio a conocer que la empresa denominada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), responsable de la vigilancia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que perdieron la vida 39 migrantes, pertenece al cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés Cabrera, beneficiado con contratos por más de 3 mil millones de pesos durante el gobierno de López Obrador.
Dicha empresa no aparece en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), aunque fue constituida desde 2005 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Eso sí, es la empresa responsable de la seguridad del Puerto de Guaymas, Sonora, que encabeza el contraalmirante Rogelio Bello Aguilar.
Incluso la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato —gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo— otorgó autorización con número de registro 3.07.I.III.48.18, a la empresa propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, para la protección y vigilancia de bienes y transporte, custodia y protección de fondos y valores en los municipios de: Apaseo el Alto, Doctor Mora, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Ocampo y San Diego de la Unión.
Lo anterior, sin contar con que dicha empresa ha recibido contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Fiscalía General de la República.
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia —disminuido y cooptado por la 4T— impide el acceso a las solicitudes de información formuladas al Instituto Nacional de Migración. El grupo Zacatecas cumple a cabalidad su encomienda con tal de agradar al habitante de Palacio Nacional.
Las omisiones del “humanista” López Obrador sólo son comparables a las de su némesis, Felipe Calderón Hinojosa, en las matanzas de migrantes ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, a manos de la delincuencia organizada.