La transparencia y el acceso a la información pública no es un gesto de buena voluntad o una graciosa concesión del gobierno, es un derecho humano y elemento esencial en toda democracia como lo ha sostenido la ONU. En el mismo sentido, la Carta Democrática Interamericana señala que entre los principales componentes del ejercicio democrático están: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, así como el respeto por los derechos sociales y de las libertades como las de expresión y de prensa.
Por su parte, el artículo 6º constitucional establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, y que toda información en posesión de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, o de cualquiera que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, es pública. También dispone que toda persona tendrá acceso a ella sin que deba acreditar cuál es su interés o justificar para qué la quiere, y en caso de que se niegue la información puede interponer un recurso de revisión que resolverá el INAI.
En resumen, tenemos derecho a conocer las actividades de las autoridades, las decisiones que toman, a saber cómo y en qué se usan los recursos públicos. Sin embargo, desde el pasado 1 de abril el INAI no puede sesionar y por tanto resolver los recursos que se presentan ante la negativa de entidades públicas para entregar la información solicitada, ya que se requiere de cinco integrantes del Pleno para reunir quórum y actualmente sólo hay cuatro debido a la omisión en que ha incurrido el Senado desde hace más de un año para nombrar a dos personas comisionadas y a una más desde el 30 de marzo por la conclusión del periodo del comisionado Francisco Acuña, incumpliendo con su obligación constitucional.
Lo más preocupante es que esta omisión para realizar los nombramientos no se debe tanto a la dificultad para alcanzar la mayoría calificada, sino a la decisión del gobierno federal para dejar inoperante al órgano garante como recientemente lo compartió el secretario de gobernación al grupo parlamentario del partido mayoritario. Aunque es manifiesta la animadversión del presidente López Obrador hacia los organismos autónomos -también contra la transparencia desde sus tiempos al frente del gobierno del entonces Distrito Federal-, y ha intentado por todos los medios someterlos como en el caso de la CNDH o en su defecto de debilitarlos como el del INE, ahora queda mucho más claro que la verdadera razón para vetar las dos designaciones que se hicieron a principios de marzo -sobre todo la de Yadira Alarcón que fue de las mejor calificadas y con una trayectoria sólida-, así como para bloquear cualquier esfuerzo para construir acuerdos, es impedir que el INAI pueda ejercer sus facultades y ordenar al gobierno que entregue información que le sea incómoda. En este momento están pendientes de resolver 2,133 recursos.
No es casual que cada vez con más frecuencia el gobierno declare la inexistencia de la información solicitada o que clasifique los expedientes como reservados. De 2015 a 2018 el INAI recibía en promedio 26.8 recursos de revisión por día, mientras que en lo que va del actual sexenio se ha elevado a 53 recursos diarios. Por ejemplo, en enero resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía que publicar los contratos con la empresa proveedora del programa de espionaje Pegasus, pero la SEDENA respondió que reservaba la información cinco años por ser de seguridad nacional.
Aunque en la lógica del presidente, la única vía para que la sociedad acceda a la información pública debiera ser a través de sus conferencias mañaneras -sin importar que en múltiples ocasiones se ha cuestionado la veracidad de lo que supuestamente informa-, y ha insistido en que el órgano garantes es muy oneroso y no sirve para nada, lo cierto es que gracias al IFAI-INAI se han podido obtener datos relevantes en asuntos como la Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra, o más recientemente el desfalco en Segalmex así como el desabasto de medicamentos o el número real de defunciones por Covid-19 en la Ciudad de México, lo que le debe haber molestado mucho al poner en entredicho su narrativa y eso al parecer es justo lo que pretende evitar, que se ventile la corrupción y los abusos e ineficiencias de su gobierno a pesar de que precisamente la opacidad abre mayores espacios para las prácticas ilegales que dice combatir, favorece a impunidad, y atente contra nuestro derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas y por tanto contra nuestro incipiente sistema democrático.