La histórica resolución de este martes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional y ordenó revertir el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo enmienda la plana al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que pone luz sobre un asunto crucial: la seguridad pública es asunto civil, no militar.
No fue una decisión sencilla. Desde el gobierno central y por todos los medios el régimen intentó frenarla, incluso en el atril mañanero presidencial, como es su costumbre, el presidente esbozó medias mentiras y con argumentos falaces su deseo de que no se revirtiera su decisión.
Pero la Corte actuó apegada a la Constitución.
De paso, evidenció lo que todos sabemos: que la determinación del presidente de cambiar de adscripción a la Guardia Nacional (de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional) violó flagrantemente la Constitución, y pretendió un fraude a la misma al emitir instrumentos legales sin sustento en la Carta Magna.
El régimen morenista tiene la pésima costumbre de confundir los deseos presidenciales con la ley. En esta ocasión, la Corte les ha desnudado: no porque el presidente lo diga es legal, ni es correcto.
Recordemos que en 2019 las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión otorgaron su visto bueno a la creación de la Guardia Nacional siempre y cuando fuera de naturaleza civil, y así se plasmó en la Constitución. Después de todo, era un punto de coincidencia con el entonces gobierno entrante: retiro gradual de los militares hacia sus cuarteles, fortalecimiento de las corporaciones civiles, depuración y certificación de las policías.
Pero lo que siguió fue totalmente lo contrario: los políticos de Morena encabezados por el presidente López Obrador, ya acomodados en el poder, recularon y desconocieron lo votado, y fueron desmantelando las corporaciones civiles y reduciendo los presupuestos asignados a gobiernos estatales y municipios en lo que respecta a seguridad.
Paralelamente, la Guardia Nacional ha sido, desde un principio, colonizada por el ejército, y miles de elementos militares fueron comisionados a esa corporación, al tiempo que se nombraban militares en sus mandos. La centralización es otra de sus características, lo que va también en detrimento del desarrollo de los cuerpos civiles locales.
La cereza del pastel llegó cuando desde el gobierno federal se pactó con el PRI una reforma constitucional para prolongar la permanencia del ejército en las calles, acción que se acompañó de la decisión presidencial de adscribir la Guardia Nacional directamente a la SEDENA, en abierta violación de la Constitución.
Decían los corifeos del gobierno: así, si votan en contra de que el ejército permanezca en las calles, están votando en contra de que la Guardia Nacional proteja a la población, porque ya pertenece al ejército. ¿Lo recuerdan?
Todo era un engaño, porque todo fue inconstitucional. Y lo sabía el presidente, y lo sabían sus aliados.
Hoy la Corte desvela el engaño, y ordena que la Guardia Nacional vuelva a donde pertenece: al mando civil de la Secretaría de Seguridad Pública.
Seguramente el presidente y su gobierno intentarán evadir esa responsabilidad, seguramente intentarán nuevamente seguir militarizando al país. Pero ya hay un mandato específico para que cumplan con la Constitución, y esta es muy clara: la seguridad pública debe ser civil.
Nos toca ahora a todas y a todos, desde la ciudadanía, estar pendientes del cumplimiento de este precepto, y que no intente el gobierno tomarlo como pretexto para simular que no puede hacer su trabajo. Sería criminal descuidar sus obligaciones de seguridad por el hecho de tener que apegarse a la ley.