Muchas gracias por leerme en esta nueva columna sobre periodismo, ecosistemas informativos y opinión pública.
La crisis de la democracia liberal está ligada, en parte, a la crisis de la verdad. En un orden racional, el debate de los asuntos públicos debería generarse a partir del supuesto de la existencia de una verdad objetiva —de hechos, datos, cifras o acciones verificables— mínimamente reconocida y aceptada por todos los actores para el cumplimiento del contrato social. Sin embargo, en ambientes políticamente polarizados, la verdad objetiva ha dado paso a la llamada posverdad. Se trata de la distorsión deliberada de una realidad en la que primarían las creencias personales por encima de los hechos que, en el mejor de los casos, se interpretan o desfiguran a voluntad y conveniencia: lo que yo creo, es.
Por ejemplo, la opinión sobre un funcionario investigado por corrupción se definiría no a partir de la evidencia objetiva en su contra, sino de las emociones que nos provoque y nuestras creencias sobre él: corrupto si nos cae mal, inocente si nos cae bien. ¿Queremos poner tras las rejas al culpable o culpabilizar al que queremos?
Normalmente, la posverdad se nutre de narrativas simplistas que exaltan emociones como la ira, miedo, tristeza u odio. Históricamente, tales narrativas han sido instrumentadas por políticos y gobernantes para preservar el poder o hacerse de él mediante métodos como la desinformación. Los bandos en conflicto no sólo fabrican, falsean y promueven la (des)información que refrenda y legitima sus valores, ideas y creencias, sino también aquélla que exhibe y degrada a sus contrincantes, aun si son mentiras o verdades a medias. Se trata de narrativas casi siempre maniqueas que desvirtúan o descontextualizan los hechos.
Por supuesto, son los políticos y sus más férreos seguidores quienes alientan las narrativas de posverdad. AMLO exhibe y acusa de falsos y mentirosos a noticias, medios y periodistas que no se alinean a su verdad y sus “otros datos”. Sus más poderosos opositores critican al gobierno a partir de información no sólo errónea sino enteramente fabricada. Aquí y allá, políticos y gobernantes de todos los colores distorsionan la información para su beneficio y alimentan los múltiples discursos de posverdad.
¿En dónde queda la mayoría de los ciudadanos? ¿Qué hay de quienes buscamos saber la verdad, sea cual sea, más allá de filias y fobias partidistas? En teoría, los medios y periodistas tendrían la encomienda de mostrar la robustez y peso de todas las posturas en disputa, contrastarlas con hechos verificables y con ello someter las verdades oficiales a escrutinio para llegar a la verdad.
Pero ¿cómo entenderla? En el primero de sus ya célebres diez principios del periodismo, Bill Kovach y Tom Rosenstiel señalan que la misión última de esta profesión es la búsqueda de la verdad en el sentido más práctico y funcional del término. La verdad estaría ligada tanto a la recolección de los hechos clave como a su verificación y reconstrucción a partir de una narrativa plural y justa. La precisión, exactitud y sentido del balance serían, por tanto, la jurisdicción propia del periodismo. Pero en escenarios tan polarizados muchos medios y periodistas se han convertido más en parte del problema que en la solución: no sólo apuestan al clickbait y la desinformación al faltar a la verificación mínima, sino incluso forman parte activa de las facciones en batalla. Intentan imponer “su” verdad antes de buscarla. Los efectos de ello son nocivos para la democracia y el derecho ciudadano a la información.
Más que nunca la sociedad requiere de periodismo que rehúya de los encabezados llamativos, especulaciones, rumores o fuentes dudosas. Que recupere y refrende el periodismo serio, profesional y riguroso, a partir de evidencia incontrovertible y narración justa y contextualizada de los hechos. Si bien hay periodistas y comunicadores que ya tomaron partido por alguno de los discursos de posverdad, existen medios y periodistas independientes, confiables y profesionales que no actúan ni ejercen la crítica por consigna, sino motivados por un compromiso con la ciudadanía, la transparencia y los valores normativos de su profesión. A ellos hay que proteger y aquilatar.