En una sociedad que se rige bajo un sistema democrático que lo sostiene verticalmente una Constitución y diversas leyes, prevalecen, entre otras disposiciones, derechos y obligaciones para hombres y mujeres en igualdad de condiciones, es decir, que generan un esquema con las mismas oportunidades de participación, desarrollo y bienestar para ambos géneros. Sin embargo, no necesariamente un sistema democrático como el nuestro representa esta igualdad.
En México, la mujer ha estado históricamente discriminada en diversos ámbitos, un ejemplo de ello es el largo trecho que ha tenido que recorren para lograr una representación política en el que existan condiciones equitativas respecto al género masculino.
Así tenemos que luego de importantes acontecimientos dados en Yucatán en 1916 con el Primer Congreso Feminista y en 1935 con la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que derivó en su reconocimiento a participar en elecciones municipales y estatales en 1922; o en San Luis en 1923 que permitió a las mujeres participar en las elecciones de esa entidad siempre y cuando tuvieran una mínima preparación académica, es hasta 1953 en que se publica el decreto que promulgó reformas que dieron el derecho a las mujeres de votar y ser votadas.
En 1974 se edifican reformas a nuestra Carta magna para conformar una igualdad jurídica para las mujeres que no lograron materializarse en la realidad. En 1993 se da vida a lo que históricamente conocemos como “cuotas de género” que, con porcentajes diferenciados entre 1996 a 2008, tenían un indicativo más discriminatorio e inequitativo para las mujeres que su intención de irlas integrando al ejercicio del poder público.
Es hasta 2014 cuando se da un impulso importante a la igualdad de la mujer en la esfera de la representación política, toda vez que se eleva a rango constitucional el principio de paridad de género que obligó a los partidos políticos, principales actores de las contiendas electorales, a postular de forma paritaria sus múltiples candidaturas a cargos de elección popular. Para 2019 se reforman diversos artículos constitucionales y se determina lo que se conoce como “Paridad en Todo” en el que dicho principio debe de regirse ahora en los tres órdenes de gobierno, en organismos autónomos, así como en los sistemas normativos indígenas.
En abril de 2020 se publica una serie de reformas a 8 legislaciones que buscan prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres, con lo que se otorga una herramienta más para garantizar la igualdad entre los géneros. No obstante, existen muchos pendientes que nuestra sociedad debe contar y que apuntamos algunos a continuación:
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe seguir generando sentencias que obliguen a los actores políticos a ir fortaleciendo y potenciando la presencia de la mujer en la esfera política del país. Por su parte, el INE, debe insistir en establecer acuerdos, mecanismos y protocolos que edifiquen la obligación de los actores políticos para cumplir con ciertos requisitos como, por ejemplo, la capacitación permanente de cuadros políticos de mujeres, la obligatoriedad propia de los partidos de la presentación del requisito del rubro #3De3ContraLaViolencia tanto para los procesos electorales federales como locales, la fiscalización de recursos para verificar que los partidos destinen el porcentaje determinado por la legislación electoral para el empoderamiento de la mujer, entre otros.
Es importante que el Legislativo modifique su Ley Orgánica con la intención de que en la conformación de sus comisiones se observe el principio de paridad.
Es necesario fortalecer los esquemas de igualdad a nivel municipal que es el nivel de representación política menos paritario.
Debe ser parte de un esquema de educación nacional diversos principios democráticos como la equidad, la justicia, la diversidad, la no discriminación, así como justamente la igualdad con la intención de generar una cultura cívica acorde a nuestro régimen democrático que, desde temprana edad sean un componente fundamental de la educación básica, entre otras más.
Estoy segura de que estas y otras acciones buscan construir una mejor sociedad en donde la equidad, la justicia, la identidad y la igualdad sean la base fundamental de nuestros derechos político-electorales que ejercemos en democracia.