106 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos en el 2021. En la guerra de Vietnam que duró poco más de 10 años murieron en total 58,200 soldados del ejército americano. La dimensión de la epidemia de muertos por sobredosis crea unas nuevas condiciones de política exterior en Estados Unidos que si en la región no lo entendemos vamos a tener serios, muy serios, problemas.
Hace unos días la ex embajadora de México en Estados Unidos Martha Bárcena escribió una columna que ilustra la nueva complejidad de la guerra contra las drogas y cómo va a afectar las relaciones de su país con el vecino del norte. Al hacer ella un recuento de las nuevas iniciativas legislativas y de opinión que han surgido en Estados Unidos en los últimos meses para contrarrestar esta crisis se queda uno horrorizado. No nos digamos mentiras más temprano que tarde algunas de ellas se van a materializar.
Escribe la embajadora sobre 21 fiscales estatales estadounidenses (allá cada estado elige su propio fiscal al ser un país federal) que el pasado 8 de febrero pidieron al presidente Joe Biden y a su secretario de Estado Blinken tomar medidas extraordinarios contra el tráfico de fentanilo que proviene de México. Les piden catalogar a los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Nueva Generación como “organizaciones terroristas extranjeras” por ser amenaza a la seguridad nacional y la salud pública. Piden, además, catalogar el fentanilo como arma de destrucción masiva.
Ahí no para la cosa. Escribe la embajadora cómo el ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, pide declarar esos cárteles como narco terroristas y utilizar acción militar directa contra ellos con, o sin, autorización del gobierno mexicano. Y en materia legislativa ya dos Representantes a la Cámara del partido republicano, Dan Crenshaw de Texas quien creció en Colombia y Michael Waltz de Florida, presentaron una resolución que autoriza al gobierno de Estados Unidos el uso de fuerza militar para identificar, combatir y eliminar a nueve cárteles donde además de los antes mencionados están también la familia michoacana y el del noroeste.
Quienes ven lo sucedido como más de lo mismo y simplemente lo califican como parte del tradicional intervencionismo americano se están equivocando. Ese sentimiento que está creciendo en Estados Unidos, y que además es bipartidista, tiene detrás 106 mil muertos en un año, comunidades arrasadas por la drogadicción y un efecto político brutal que está cambiando de manera acelerada la actitud de los votantes hacia este tema.
Obviamente, los partidos políticos comienzan a sintonizarse con este sentimiento de dolor, de ira, de venganza y de endurecimiento político frente a quienes ellos acusan de tolerar este tráfico de drogas, casi todo proveniente de México y de Colombia. Lo que está pasando en Estados Unidos con este tema es un cambio de reglas de juego con implicaciones inmensas en política exterior.
106 mil muertos por una mezcla de fentanilo y cocaína no es un tema menor que se pueda justificar, como el fracaso de la lucha contra las drogas. Ya no es una discusión ideológica o de política pública. Ya tiene 106 mil rostros y familias detrás de esos rostros que cambian la discusión de manera fundamental pues el efecto político de esta epidemia ya se comienza a sentir.
No quiere esto decir que sea inminente un ataque de los Navy Seals a una casa en Sinaloa o en Buanventura en busca de un capo de la droga. O que un dron dirigido desde Las Vegas dispare un misil contra un campamento de las disidencias de las Farc o el Eln inmersos en el narcotráfico. Pero ese escenario ya no es descartable, en especial en los países que verdaderamente no colaboran en la lucha contra las drogas.
La resolución de los congresistas republicanos seguramente será aprobada en la Cámara en unas semanas. Es muy probable que no pase el senado, aunque el secuestro de cuatro americanos y el asesinato de dos de ellos al cruzar la frontera en Matamoros abre la puerta a un apoyo de algunos senadores demócratas, lo que lograría que esta resolución pase y obligue a un veto del presidente, si es que se da.
Pero así no pase esta resolución por ahora, sumando 100 mil muertos al año, más temprano que tarde este poder presidencial para atacar a los cárteles y a los traficantes como Al Qaeda va a ser realidad. Y en un escenario como este y con Colombia dejando de lado sus compromisos en la lucha contra las drogas como lo está haciendo el presidente Gustavo Petro, Colombia también va a enfrentar esta realidad.
Mientras esa dramática realidad se concreta seguramente vendrán duras medidas contra funcionarios y políticos de todo nivel que por acción o por omisión favorecen el narcotráfico. Jueces, fiscales, policías, militares, congresistas, ministros e incluso en casos extremos presidentes, van a entrar a un escrutinio distinto. Y el Kingpin Act le da la autoridad a Estados Unidos para sancionar a esos individuos y hacerles casi imposible su vida civil y económica fuera de su entorno.
Recuerdo cómo el embajador en Estados Unidos, cuando era presidente Donald Trump, lanzó en una reunión con el presidente Iván Duque la idea de fumigar con napalm los cultivos de coca. Bombardearlos dijo. Pensé que era una locura y nadie contestó a semejante barbaridad. Hoy no estoy tan seguro que un escenario de este tipo sea imposible como entonces pensé. Con más de 100 mil muertos al año nada se debe descartar. Y quienes juegan cerca a la candela pueden salir quemados.