Como cada año, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y es muy triste reconocer que pasa el tiempo sin que, en términos generales, poco o nada cambie. Las violencias, desigualdades e impunidad siguen siendo enormes ante la insensibilidad e incluso hasta el desprecio gubernamental -como lo evidencian las vallas metálicas que se colocaron para recibir a las manifestantes o las cifras alegres que se presentaron en la conferencia mañanera que distan mucho de la realidad que enfrentan las mujeres-, en muchos ámbitos la cultura patriarcal se mantiene intacta, y la sociedad se ha vuelto cada vez más indiferente. Es sintomático que a estas alturas se tenga que seguir aclarando que no es un día de celebración para felicitar a las mujeres, sino de conmemoración a la lucha por sus derechos.
Se calcula que en promedio cada día son asesinadas 11 mujeres por el hecho de serlo, y en lo que va de este gobierno han desaparecido más de 26 mil mujeres, es decir, alrededor de 21 por día, de las cuales a la fecha todavía no se conoce el paradero de alrededor de 8 mil -muchas de ellas víctimas de trata de personas-, y no estamos hablando tan sólo de números. Cada caso es una tragedia que no debe formar parte de nuestra normalidad como país. No hay forma de imaginar siquiera el dolor y la angustia de las madres por la desaparición de sus seres queridos y, por si esto no fuera suficiente, además se ven obligadas a dejar todo para tratar de encontrarlos ante la pasividad y en ocasiones complicidad de las autoridades. Probablemente las mujeres buscadoras representen uno de los más claros ejemplos del fracaso institucional.
Tampoco debemos olvidar a todas las mujeres que cotidianamente sufren violencia en sus distintas manifestaciones (física, sexual, psicológica, económica) al interior de sus familias y en prácticamente cualquier espacio público -el simple hecho de salir a la calle ya es un riesgo perdiendo con ello su tranquilidad-, o de aquellas que tienen que soportar el acoso constante de sus jefes o compañeros de trabajo que se aprovechan de su condición de desventaja y sobre todo de la necesidad de conservar su fuente de subsistencia siendo que cada vez más mujeres son cabeza de familia.
Adicionalmente, hay que considerar que las mujeres representan el 60% de la población desempleada, 7 de cada 10 de quienes cuentan con un empleo no obtienen ingresos suficientes para superar el umbral de pobreza (16.3 millones), 6 de cada 10 no tienen acceso a servicios de salud y seguridad social (14.1 millones), y se estima que aproximadamente 17 millones de mujeres no pueden trabajar porque se dedican a labores domesticas o son personas cuidadoras sin remuneración. A lo anterior hay que sumarle que, por increíble que parezca, aún persiste una brecha salarial de aproximadamente 14% -que en Oaxaca, Colima e Hidalgo crece a 27.1%, 25.3% y 24.9% respectivamente-, violando el principio de “a trabajo igual salario igual”.
Ante esta inocultable realidad, es de lamentar que muchas de quienes hace no mucho fueron comprometidas feministas, ahora desde el poder guarden un vergonzoso silencio, o que la paridad en el Congreso, así como el mayor acceso de mujeres a espacios de decisión -como es el caso de las gobernadoras-, no necesariamente se ha traducido en más y mejores políticas públicas, programas y acciones decididas para prevenir y combatir estas violencias y desigualdades. Aunque ciertamente hay algunos avances, la deuda sigue siendo enorme. Sobran motivos para tomar las calles y alzar la voz, la lucha sigue y debe ser de todas y todos.