En marzo del 2022, un sujeto de nombre Carlos fue detenido en la alcaldía de Tláhuac, por —supuestamente— haber llegado a cobrar “derecho de piso” a la empleada de una farmacia ubicada en la alcaldía de Milpa Alta.
La víctima —de nombre Olivia— refiere que, una vez consumado el delito, Carlos huyó en una motocicleta, mientras que la empleada lo siguió hasta Tláhuac en un taxi. En algún punto solicitó el apoyo de elementos de la policía, para la detención del maleante. A Carlos se le acusó de delitos contra la salud —le hallaron mariguana—, portación de arma de fuego y extorsión agravada.
Sin embargo, de las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público por parte de la empleada, se desprende que los hechos ocurrieron a las 20:15 horas del día 9 de marzo del 2022, mientras que Carlos había sido detenido desde las 18:15 horas, por lo que no se trataba de la misma persona.
Algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que comanda Omar Hamid García Harfuch, continúan con la vieja práctica de detener a inocentes, para cubrir sus incapacidades y sus propios delitos. Allí está el documental Presunto Culpable, que realizaron los abogados y cineastas Layda Negrete y Roberto Hernández, donde se narra la ilegal detención de José Antonio Zúñiga, a quien se acusó injustamente del delito de homicidio.
El abogado defensor de Carlos, Jesús Rojas Tecla, exhibió —en audiencia de sobreseimiento ante el juez Gelimar Salmerón García— los medios de prueba sobre los que éste determinó la inocencia del imputado. En represalia, los muchachos de García Harfuch, detuvieron y torturaron al abogado de Carlos, a quien han estado acosando sistemáticamente, para que deje de intervenir en los casos de extorsión policial de los que tiene conocimiento.
Por estos hechos, el litigante Rojas Tecla inició la carpeta de investigación número 313/05-2022 ante la Fiscalía de Servidores Públicos, que derivó en la detención de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes actualmente se encuentran detenidos, en espera de sentencia.
El 24 de febrero de este año, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cómplices de los detenidos, detuvieron al chofer del abogado Rojas Tecla. Previamente, frente a cámaras de vigilancia (porque muy listos no son) “sembraron” una camioneta relacionada con un homicidio en grado de tentativa, frente a la casa de los padres del jurista, con el objetivo de vincularlo con un delito que no cometió.
Menos de quince minutos después —¡vaya rapidez!— y sin orden de aprehensión obsequiada por ningún juez como correspondería, detuvieron al chofer del litigante, frente a vecinos y a cámaras de seguridad, que registraron los hechos. Durante la detención del chofer, también le “sembraron” un arma de fuego, pues necesitaban un pretexto para detenerlo en flagrancia, ya que no llevaban orden de aprehensión.
Al chofer del litigante se le abrió la carpeta de investigación 016/333/2023; sin embargo, el juez de control calificó de ilegal la detención y dio vista a la Fiscalía de Servidores Públicos contra los elementos que intervinieron en el garlito. Previamente, los policías pretendieron negociar la libertad del chofer, a cambio de que el abogado Rojas Tecla dejara de intervenir en los casos de extorsión en que se han visto involucrados los muchachos de García Harfuch.
Los propios policías terminaron reconociendo que el garlito fue idea del fiscal territorial en Tláhuac, quien —a través de sus elementos— pretendió amenazar al litigante con que accediera a su petición de dejar de investigar los hechos delictivos que involucran a los policías o, de lo contrario, el chofer se iría a la cárcel.
Hay evidencia de que el jefe de policía en el sector Tecómitl, en Milpa Alta, Mario Escudero Flores, exige el pago de cuotas a sus elementos, que van de los 500 a los mil pesos, además de señalamientos por extorsión contra pobladores de esa demarcación. Ambos temas han sido denunciados ante las autoridades competentes, sin que al día de la fecha se hayan tomado cartas en el asunto. Un foco rojo para García Harfuch y para la señora que cobra como regenta.
Otras de policías
El jueves pasado fueron detenidos cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana —cuatro hombres y una mujer— vinculados con el delito de secuestro exprés en la colonia Nápoles, alcaldía de Benito Juárez. Utilizaban su patrulla para extorsionar y golpear a sus víctimas. Bien por la detención.
Respecto de los hechos violentos, ocurridos en Frontera Comalapa, Chiapas, entre 2021 y 2022, sobre los cuales informé que el ayuntamiento de ese municipio no respondió a mis solicitudes de información; luego de inconformarme ante el Instituto de Transparencia de Chiapas, finalmente el director de la Policía Municipal, Aníbal Roblero Castillo se dignó responder a mis cuestionamientos en los siguientes términos:
“1.- Con respecto a los hechos violentos ocurridos el día 01 de marzo del 2021 y 20 de mayo del 2022 en nuestro municipio, nos hemos mantenido al margen toda vez que no es de nuestra competencia, por lo que se les ha designado a las corporaciones correspondientes quienes se encargan (sic) de dar seguimiento a todo tipo de acción de esta índole.
“2.- Conforme a lo que solicita de número de denuncias ante el Ministerio Público de hechos violentos de fecha 01 de mayo del 2021 y 20 de marzo del 2022, no contamos con dicha información, ya que esa única y exclusivamente la tiene el Ministerio Público.
“3.- Con referencia a lo solicitado del número de elementos policíacos, se cuenta con 60 elementos.
“4.- Conforme a cursos impartidos en el periodo del 01 de enero del 2018 al 20 de marzo de 2022, no se ha llevado a cabo ningún curso de esta índole, por lo que no tenemos y/o no tienen conocimiento los elementos del sistema penal acusatorio adversarial o derechos humanos”.
A Martin Scorsese no se le habría ocurrido un guion con tanta basura policial…