En las últimas semanas y, a raíz del secuestro de cuatro estadounidenses, de los cuales aparecieron tres asesinados en Matamoros, Tamaulipas, hemos visto crecer el debate sobre el supuesto carácter terrorista de los cárteles mexicanos, entre legisladores de ese país, sobre todo del partido republicano. Las autoridades mexicanas han rechazado esta designación señalando que se trata de una estrategia de posicionamiento, ante el proceso electoral para gobernadores en cuatro estados de la Unión Americana (Kentucky, Mississippi y Luisiana) el próximo siete de noviembre.
Pero habría que recordar que fue la demócrata Hillary Clinton, secretaria de Estado, en una sesión ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, en octubre de 2011 que refirió por primera vez –citando un informe del Departamento de Estado-– que los cárteles mexicanos realizaban actividades similares a las de los grupos terroristas, aunque antes los había caracterizado como un accionar insurgente. En septiembre de 2010, en pleno gobierno de Felipe Calderón, la secretaria se había referido a la denominación “insurgente” para calificar a los cárteles mexicanos, a raíz de la explosión de dos autos cargados con explosivos, sí, de nuevo en la entidad tamaulipeca, afuera de las instalaciones de Televisa. También desde estos años se reconocía el control territorial de los cárteles en algunas regiones del territorio mexicano.
Es decir que el conocimiento de la extensión, capacidad y profundidad de la presencia de los cárteles de la droga en México, por analistas oficiales y centros de pensamiento del vecino país, viene de lejos. Pero este año, debido a la escalofriante cantidad de muertes (de cien mil personas) por la adicción al fentanilo, la demanda por considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha venido subiendo de nivel. Así, en los primeros días de febrero de este año, a raíz de la familia Le Barón y los sacerdotes asesinados en Bavispe, Chihuahua, el fiscal general de Virginia, Jason Miyares encabezó una coalición de 21 fiscales de igual número de estados para demandar al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, designar a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y así disponer de recursos para “luchar contra la crisis de salud pública y seguridad nacional”. En su alegato los fiscales destacan que los cárteles no sólo amenazan la vida y la seguridad en Estados Unidos, sino que también constituyen una amenaza para México, en tanto asesinan a rivales, funcionarios mexicanos y estadounidenses en la frontera, llevando a cabo una “insurgencia armada” contra el gobierno de México.
Otra fuente de información muy sólida que conoce de fondo la magnitud de la presencia de los cárteles de la droga en México es la Iglesia Católica, que desde 2010 a la fecha, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, viene integrando un informe que presentará al Papa Francisco. El Informe comentado por el presidente de la Conferencia episcopal, arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, señaló en entrevista a la Revista Proceso (edición edición 2421) cómo el crimen organizado, la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad de parte de las autoridades han hecho crecer la violencia “de manera muy amenazante". Y refiere cómo los cárteles del crimen organizado han penetrado en el territorio, controlando autoridades locales y cuerpos policiales, y cómo han tejido una amplia red de poder económico y político a través de asociaciones con empresarios, funcionarios y políticos. Indicando además el prelado, que toda la gente sabe, en las poblaciones quiénes mandan y quiénes están coludidos con estos grupos. A juicio de la jerarquía católica la presencia del narco ha ido eficazmente penetrando en las redes de poder, a grado de controlar puestos políticos en la administración municipal y conquistando socios en los partidos políticos, de suerte que en algunas regiones ya es un actor de peso en las campañas electorales.
Estas declaraciones han sido tajantemente rechazadas por el presidente de México, aduciendo la presencia de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional en los lugares más peligrosos, manteniendo el control de las fuerzas y el poder del Estado sobre el territorio. También ofrece como evidencia del control ganado por el Estado y las políticas de su gobierno contra el delito, indicadores a la baja en homicidios, secuestros, robos de automóviles.
Desde la campaña electoral de 2012, sabemos que AMLO ha centrado su oferta para garantizar la seguridad y reducir los delitos, en los programas sociales de asignación de becas a los jóvenes y recursos a las familias. Interesado más en transformar las bases del modelo neoliberal y en revertir la desigualdad y la pobreza, retomando el liderazgo del Estado en el bienestar social, AMLO acuñó en la frase “Abrazos, no balazos” su estrategia de no confrontar directamente a las organizaciones criminales, mientras sacaba a flote una política de inclusión social que redujera la incidencia delictiva. Esa especie de pax de facto con los cárteles, le ha permitido reducir los homicidios tendencialmente (10%) pero ciertamente esto bien puede deberse más a una cierta consolidación territorial de las principales organizaciones (Cártel de Sinaloa, CJNG) en sus regiones, salvo el caso de Guanajuato donde el descabezamiento del Cártel de Sta. Rosa ha traído una secuela de violencia muy cruenta. Tendencialmente se han reducido las zonas de la disputa entre cárteles, aunque hay puntos tan estratégicos como la frontera con EU, donde la disputa por los espacios es permanente.
Los homicidios pueden incluso reducirse sin que las organizaciones criminales pierdan terreno. En muchos municipios del país, de Veracruz, Colima, Michoacán, Jalisco, las organizaciones criminales controlan las actividades económicas, el comercio, el turismo, las actividades agrícolas, incluso la construcción y sobre cargan los costos de operación de los negocios y los costos de la vida de la población, sometidas al poder de estas organizaciones.
El problema es hondo, extendido, grave. Ciertamente una guerra contra esos grupos no es el camino, pero tampoco ofrece una perspectiva clara de pacificación indicadores que reducen marginalmente la temperatura del enfermo que tiene septicemia. Enfrentar las fuertes raíces y tentáculos de las organizaciones criminales, requiere muchos cambios y un fuerte consenso político, que se ve lejos de alcanzar.