La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras atribuciones, está la de elaborar los formatos de la documentación electoral, previendo en su oportunidad todo lo necesario para la impresión y distribución de la misma para que las y los electores, el día de la jornada electoral, puedan asistir a votar en las casillas electorales que les correspondan y que son instaladas en todo el país.
En este sentido, en la última sesión que se desarrolló el pasado 28 de marzo de la Comisión de Organización Electoral en la que tuve el honor de presidir durante poco más de un año, fueron presentados tanto el diseño preliminar de las boletas electorales como de la documentación (sin emblemas de partidos políticos) que se utilizarían en el proceso electoral federal 2023-2024 incorporando propuestas técnicas que se consideran importantes para la reducción de costos, de tiempos y de uso de recursos humanos, así como para hacer más ágil la operación electoral.
A través de tres consultas formuladas a los 300 órganos desconcentrados del INE, a razón de uno por cada distrito electoral federal del país, se conoció la opinión y propuestas relacionadas con la funcionalidad de la documentación electoral con el objetivo de ir preparando los trabajos correspondientes para la celebración de las elecciones federales del año que entra en donde se renovará el Poder Ejecutivo Federal, el Senado de la República y la Cámara de Diputadas y Diputados.
Entre las propuestas más representativas que fueron puestas a consideración de colegas de las consejerías electorales, así como de representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, se encuentra la de un nuevo diseño de la boleta electoral. Bajo este contexto, se estima que para la elección de 2024 será necesaria la impresión de 311.7 millones de boletas para los tres tipos de elección junto con la instalación de más de 171 mil casillas en todo el país, por ello, la propuesta presentada considera que el diseño de la boleta sea tamaño carta. En el entendido que el número de partidos políticos para la elección de 2024, tampoco variará y se conservarán las mismas proporciones respecto de los emblemas y el tamaño de letra que en las boletas tamaño carta.
Esta propuesta significaría un estimado de ahorro presupuestal de 134 millones de pesos en la impresión de las boletas electorales. Asimismo, la boleta tamaño carta permitiría la reutilización de las cajas paquete electoral recuperadas de la elección y la Consulta Popular de 2021, es decir, el INE estima que serán necesarias alrededor de 172 mil cajas paquete electoral para 2024, así que solo se producirían aproximadamente 25 mil cajas paquete electoral, contando con un ahorro estimado de 64 millones de pesos.
Con la reducción del tamaño de la boleta electoral se obtendría una disminución del espacio para su almacenamiento con un ahorro aproximado de 2 millones de pesos. De igual forma, habría un ahorro en la utilización de vehículos requeridos para la distribución de las boletas electorales. En la elección de 2018, similar en la renovación de cargos de elección popular a la de 2024 se requirió la utilización de un vehículo por cada una de las 300 oficinas del INE en cada distrito electoral con un costo de 16.77 millones de pesos, por lo que si las boletas son tamaño media carta el requerimiento de vehículos se reduciría en alrededor del 40% contando con un ahorro de cerca de 6 millones de pesos aproximadamente.
Existen visiblemente otros ahorros como, por ejemplo, la reducción del tiempo de producción, mejor y mayor control en la supervisión de las etapas de producción, menos maniobras de carga y descarga de los vehículos que trasladarían las boletas electorales, entre otras.
Estas acciones reafirman el arduo trabajo que el INE realiza para mejorar y buscar ahorros presupuestales de cara a la forma de organizar elecciones. Quedará en manos de los partidos políticos, representantes del Poder Legislativo, así como de consejeras y consejeros electorales el análisis de esta propuesta para que, de ser el caso, se ponga a consideración del Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, y determinar la viabilidad de dicha propuesta.