La noticia sobre el fallecimiento de 38 personas migrantes y cerca de 30 heridos de gravedad por un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez es en sí misma de lo más lamentable, como también lo es la poca importancia que en un primer momento le dieron las autoridades quienes incluso trataron de responsabilizar a los propios migrantes por un supuesto acto de protesta que provocó el incendio. Sin embargo, al conocer las condiciones en que perdieron la vida no podemos menos que llenarnos de dolor, de rabia, de indignación. Es claro que no se trató de un accidente como lo revela el video que circuló en redes sociales, en el que se aprecia que los encargados de seguridad dejaron encerrados en medio de las llamas a los alrededor de 68 migrantes que se encontraban detenidos en un acto de la más inhumana crueldad.
Al parecer, estas personas originarias de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia y Ecuador fueron detenidas el mismo lunes durante un operativo en calles de Ciudad Juárez mientras limpiaban parabrisas, vendían dulces o pedían dinero en los semáforos, y los llevaron a la estación migratoria que no es un albergue como han intentado matizar, sino más bien un centro de detención que se asemeja a una prisión como ha sido denunciado en diversas ocasiones por organizaciones de derechos humanos y como lo reporta la CNDH en un informe especial de 2019. Es necesario insistir en que no se trataba de delincuentes -tampoco los delincuentes merecen morir así-, eran migrantes cuyo único pecado fue salir de sus países huyendo del hambre y la violencia en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, pero lo que desgraciadamente encontraron en México fue la peor de las muertes.
No hay justificación que valga, las personas migrantes fueron detenidas y estaban bajo el cuidado de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y fallecieron por quemaduras o asfixia en instalaciones gubernamentales. Desde luego hay una probable responsabilidad penal de quienes no hicieron nada para ayudarlos y los abandonaron a su suerte en medio de un incendio sin posibilidad de salir de la celda en que los mantenían encerrados bajo llave, pero igual se deben investigar las responsabilidades administrativas cuando menos por las condiciones materiales y humanas en que se encontraban además de la ausencia de un protocolo en materia de protección civil. En cuanto a la responsabilidad política, es evidente que corresponde única y exclusivamente al gobierno federal.
Sin embargo, las autoridades están más preocupadas por los posibles costos político-electorales que les pueda traer, que en revisar lo que pasó, procurar justicia a las víctimas, atender las causas y garantizar la no repetición. Las declaraciones del titular de Gobernación y aspirante presidencial buscando trasladar la responsabilizar al canciller Marcelo Ebrard por un supuesto acuerdo al interior del gobierno federal son muy elocuentes, aún y cuando conforme a la ley, el Instituto Nacional de Migración depende orgánica y operativamente de la Secretaría de Gobernación quien tiene la competencia en lo que respecta a la formulación y conducción de la política migratoria.
También intentaron lavarse las manos sugiriendo que la culpa era de los elementos de una empresa privada contratada para la seguridad de la estación migratoria como si fuera algo ajeno al gobierno y, si no hubiera sido por la existencia del video, probablemente hubieran logrado que pareciera un desafortunado accidente ocasionado por los mismos migrantes. Pero nada puede acallar las voces de las familias migrantes y activistas que resumen muy bien lo sucedido y con razón recuerdan al gobierno y a la sociedad: no somos animales.