El 19 de julio de 1993, el entonces secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta, le envió un comunicado al periodista Raymundo Riva Palacio en los siguientes términos: “ni frívolo, ni inepto. Tan solo humano. Pero al parecer, la flamígera pluma, en su juicio inflexible ya dictó sentencia. Saludos”.
El mensaje del extinto candidato a la presidencia de la República acusó de recibo de los juicios de valor que el periodista, en su momento, acompañó con argumentos que no fueron rebatidos por el sonorense. Lejos de ello, prefirió enviar un mensaje con tufo de amenaza.
El 19 de febrero de este año señalé en este espacio, que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, pretendía acceder a los recursos de Luis Cárdenas Palomino, a pesar de que éste no está acusado por ningún delito que amerite el bloqueo de sus cuentas, además de que la UIF no ha presentado ante la Fiscalía General de la República, ninguna denuncia por “lavado” de dinero, ni por ningún otro delito descrito en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. “La UIF va por los dineros, no por la justicia”, afirmé.
Nada de lo señalado en mi columna del 19 de febrero provocó el enojo de Pablo Gómez Álvarez, excepto que dije que fue captado comiendo en el restaurante francés Au Pied de Cochon, “en compañía de una botella de Merlot Petrus, cuyo precio en Costco es de 139 mil 999 pesos”.
Este dato detonó —como en el caso Colosio-Riva Palacio— la respuesta visceral del titular de la UIF, quien no solicitó a La Silla Rota —como habría correspondido— el ejercicio de su derecho de réplica, de conformidad con el artículo 9 de la ley relativa, que a la letra dice: “El procedimiento para ejercer el derecho de réplica deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte”.
Lejos de ello, el titular de la UIF me mandó decir: “Para su conocimiento, le comunico que es absolutamente falso lo publicado por usted el 19 de febrero del año en curso, sobre la marca de una botella de vino que consumí en un restaurante. Es falso como usted mismo lo puede comprobar mediante una observación de la fotografía. Asumo que usted se adhiere a las sucias campañas de mentiras que se reproducen impunemente en los medios formales e informales de nuestro país”. Sin embargo, Gómez Álvarez no dijo una sola palabra en referencia a que “la UIF va por los dineros, no por la justicia”. Su visceralidad le comió el mandado.
Y ya que ni él ni yo somos peritos en fotografía, le solicité —a través de mi derecho de acceso a la información— copia del comprobante del consumo realizado por él, en el restaurante Au Pied de Cochon, vinculado a la polémica generada en redes sociales.
El titular de la UIF bien pudo haber presentado la copia del polémico comprobante y, con ello, demostrar que mentí. Sin embargo, a través del oficio número UIF-061/2023, firmado por él mismo, en respuesta a la solicitud de información 330026323000668, afirmó: “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y administrativos con que cuenta esta Unidad administrativa, no se localizó ninguna expresión documental que diera cuenta ‘del comprobante de consumo (cualquiera que sea su denominación)’ por lo que en el caso que nos ocupa se procede a determinar la inexistencia de la información solicitada”.
No provoca extrañeza que la respuesta de Pablo Gómez se parezca tanto a las proporcionadas por el sujeto que cobra como presidente de la República, en casos como las supuestas pruebas de corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco, que se comprometió a entregar a los medios de comunicación desde el 28 de febrero del 2019 y, a la fecha, no ha hecho pública ninguna evidencia en ese sentido.
La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, referente a las violaciones de derechos humanos ocurridas en México, particularmente por parte de las fuerzas armadas. Dicho informe consigna, entre otros casos, que elementos de la Guardia Nacional asesinaron al estudiante de la Universidad de Guanajuato, Yael Ignacio Rangel e hirieron a la joven Alejandra Carrillo Franco, cuando abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban en Irapuato, Guanajuato.
El informe también da cuenta del caso del asesinato de la niña de cuatro años, Heidi Mariana Pérez y las heridas provocadas a su hermano Kevin, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon contra el vehículo en el que viajaban. Cristina Araceli Pérez —madre de las víctimas— dijo que la Sedena “intentó persuadir a la familia para que aceptara una compensación económica a cambio de abandonar el caso”.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha informado que entre enero y agosto del 2022 han sido asesinados 11 defensores de derechos humanos. “El 27 de enero, unos desconocidos asesinaron a la defensora de los derechos humanos Ana Luisa Garduño, que buscaba justicia por el asesinato de su hija, Ana Karen Huicochea, en Temixco, Morelos”, señala el informe de marras.
López Obrador calificó de “departamentito” al Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero calla como momia respecto de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante su administración —lo que constituye el hecho medular del informe—, de manera particular las provocadas por elementos del Ejército Mexicano, quienes sólo aplican la política de “abrazos y no balazos” con los cárteles de las drogas.
El 8 de febrero del 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante oficio número CNDH/P/UT/0205/2022, en respuesta a la solicitud de información 330030922000066, reconoció que se han abierto 874 expedientes contra la Guardia Nacional, 415 contra la Secretaría de Marina y mil 243 contra la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cuando Pablo Gómez se molesta por un hecho que él mismo no prueba que es falso (revise la fotografía, me dice) ocurre lo mismo que cuando el presidente de la República es incapaz de exhibir las pruebas de la supuesta corrupción a las que alude y se molesta porque el gobierno de Estados Unidos exhibe lo que aquí se sabe —porque ocurre todos los días— y puede ser probado con información proveniente de la CNDH: la violación sistemática de los derechos humanos de los gobernados, por parte de las fuerzas armadas, ampliamente beneficiadas en este sexenio, por más que se trate de actos inconstitucionales. Naturalizan sus pataletas y sus amenazas como métodos de encubrimiento de su corrupción y sus incompetencias.