Desde 2015 México reafirmó el compromiso por el desarrollo sostenible. Con la adopción de la Agenda 2030 se comprometió a trabajar por los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales consideran equilibrios económicos, sociales y medioambientales, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para la consecución de estos objetivos es importante la movilización de recursos físicos, humanos, financieros y naturales. Hasta ahora, la principal fuente de financiamiento para alcanzar dichos objetivos en México es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Una política pública sin presupuesto tendrá dificultades en su implementación. Por lo que la vinculación presupuestaria que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha realizado resulta útil para identificar avances y aspectos susceptibles de mejora en el financiamiento de la Agenda 2030. Sin embargo, del total del PEF 2023 sólo el 27.2 % se vincula directamente con los ODS, a través de 286 programas presupuestarios. Por ello, resulta importante reconocer cómo a través de todo el sistema fiscal se puede avanzar hacia el desarrollo sostenible, lo que involucra también el aspecto tributario y la política de deuda.
El documento Desarrollo Sostenible: usos y recursos, publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC (CIEP), muestra cómo el sistema fiscal podría contribuir más a la consecución de los ODS. Por un lado, mediante los usos que se da a los recursos públicos a través del PEF. Por otro, a través de los mecanismos recaudatorios y de las capacidades coercitivas y correctivas de la política tributaria. También la política de deuda, como la emisión de Bonos ODS, son de utilidad. Así mismo, los gobiernos subnacionales pueden detonar políticas públicas para el desarrollo sostenible, aunque hasta el momento lo han hecho de manera heterogénea.
Aún existen áreas de oportunidad para que el sistema fiscal mexicano eleve su contribución al desarrollo sostenible. Primero, debemos asegurar la sostenibilidad del sistema fiscal para que las generaciones futuras puedan acceder al menos a los mismos derechos que las generaciones presentes. Si bien la política de gasto actual se encuentra vinculada a la Agenda 2030, aún se requiere que los objetivos, metas e indicadores de los programas presupuestarios adopten, en mayor medida, los indicadores y metas de los ODS. Si el uso de los recursos que actualmente se dirigen a pensiones, salud, educación, cuidados, medio ambiente, energía e inversión consideraran los sesgos de género y otras inequidades sistémicas y estructurales, los montos presupuestarios actuales podrían contribuir a ODS que aún no se consideran.
La corresponsabilidad de todas, todos y todes es preponderante para alcanzar los ODS. Aún es necesario que exista una cohesión de las acciones para el desarrollo entre los sectores privado, público y social, así como en los distintos entes de gobierno. Los grandes pendientes del sistema fiscal mexicano y de la Agenda 2030 son: reducir las brechas de género y otras desigualdades en el acceso a derechos; implementar acciones por el clima, que incluye la generación de energía asequible y no contaminable; así como, asegurar la sostenibilidad del desarrollo con un sistema fiscal que sea sostenible e incluyente en beneficio de las generaciones presentes y futuras, entre otras.
Sunny Arely Villa Juárez | Directora de operaciones y fortalecimiento institucional.
Es doctora en políticas públicas; maestra en administración pública y política pública y licenciada en economía por la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios sobre políticas públicas en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Georgetown. Se especializa en estudios del presupuesto y gasto público, economía de los cuidados, análisis de incidencia y prospectivos. Tiene experiencia en impulsar la Agenda 2030 a través de los datos abiertos y la participación ciudadana. Colaboró en el Centro Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional. Actualmente colabora como docente en el Tec de Monterrey y es Directora de Operaciones y Fortalecimiento Institucional en el CIEP donde hace investigación en economía de los cuidados y trabaja por una sociedad mejor informada y más participativa en temas fiscales.