Ignacio Ovalle, hoy de 77 años, personaje producto del viejo PRI -cargaba el portafolio de Luis Echeverría mientras éste se enredaba en la masacre de estudiantes en 1968-, se halla al centro de un gigantesco escándalo de corrupción en el Sistema Alimentario Mexicano (Segalmex) que exhibe sus huellas digitales en protegidos y posibles prestanombres.
Emprendidas inicialmente por la Secretaría de la Función Pública, las investigaciones sobre estos malos manejos naufragaron por falta de solidez, lo que atrajo amparos por parte de figuras implicadas. Uno de los imputados ya había muerto cuando fue señalado.
La Fiscalía General de la República solicitó ahora a jueces órdenes de aprehensión contra 22 personas, algunas de las cuales ya han sido detenidas por uno solo de los casos denunciados hasta la fecha: pagos irregulares por compra de azúcar. La Fiscalía parece arrastrar los pies ante señalamientos adicionales que implican a una lista adicional de exfuncionarios.
Ovalle Fernández dotó al ahora presidente del cargo público -atención a grupos indígenas en Tabasco, entre 1977 y 1 982- con el que López Obrador comenzó a escribir su propia leyenda como defensor de los pobres y los desprotegidos. Y en 1983, cuando fue echado de la dirigencia del PRI estatal, Ovalle mismo lo rescató del desempleo y le consiguió trabajo en la ciudad de México. Acaso sea el mismo hombre que alimentó los ensueños del tabasqueño con respecto a La Habana, donde aquél fue embajador a finales de los años 80, época en la que su amigo y confidente gustaba de visitar la isla con frecuencia.
La debacle de Ovalle parece un dardo al corazón de López Obrador. De ahí que, tras ser cesado en 2022 en Segalmex, se le acogió en la Secretaría de Gobernación a cargo de Adán Augusto López, donde se le asignó el cargo de coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Curiosamente, regresó a la dependencia donde inició su trayectoria pública, pues ahí mismo fue jefe de la Oficina de Vendedores, entre 1966 y 1968. Al frente de Gobernación despachaba Echeverría Álvarez. En ese aciago 1968, Ovalle pasó a ser su secretario particular, posición que mantuvo en los hechos durante una década.
Es posible que la historia de la estrecha cercanía de Ovalle con López Obrador explique lo errático de las investigaciones sobre lo ocurrido en Segalmex, donde reportes oficiales aluden a un fraude que inicialmente alcanza 15,000 millones de pesos, casi el doble de lo documentado en torno a la llamada Estafa Maestra que marcó con ácido la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Este caso es sencillo de explicar: una empresa, “Servicios Integrales Carregin”, cobró esa cifra por entregar 25 millones de toneladas de azúcar…, lo que nunca ocurrió.
Los propietarios de esa compañía son los señores Fernando Zurita Mora y su hijo, Fernando Hiram Zurita Jiménez. De acuerdo con las indagatorias, está documentado que Ovalle ordenó pagar esos servicios pese a que nunca se cumplió con lo contratado. Reportes adicionales apuntan en el sentido de que la empresa utilizó mecanismos de registros “fantasma” para disfrazar los nombres de los verdaderos accionistas.
Apenas la semana pasada el presidente López Obrador dijo durante una de sus conferencias mañaneras que Ovalle Fernández “se confió” y “lo engañaron”. Recomendó (Ovalle), dijo, a “puro priista de malas mañas, acostumbrados a robar…, los mete y empiezan a hacer negocios, a comprar leche, comprar maíz, pagando precios elevados”.
Desde agosto de 2018, en el periodo de transición hacia el nuevo gobierno, se anunció la creación de Segalmex, que fusionó las tareas de dos gigantescas proveedoras gubernamentales, Liconsa y Diconsa. Y se adelantó que Ovalle estaría al frente. Curiosamente, dichas compañías nacieron tras la extinción de Conasupo, un proceso que le fue encargado en 1988 al propio Ovalle al arranque de la administración de Carlos Salinas de Gortari.
En abril de 2022 Ovalle dejó la dirección de Segalmex, envuelta ya en una ola de escándalos por corrupción. En septiembre de ese mismo año, el organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comenzó a generar reportes específicos sobre los pagos por la presuntamente fraudulenta compra de azúcar.
Dos figuras centrales en la historia de Segalmex se distinguen por lucir escurridizas ante la acción de la ley. Una de ellas es Manuel Lozano Jiménez, ex director Comercial de Liconsa, al centro de imputaciones que incluyen a miembros de su familia. Y René Gaviria Segreste, titular de Administración y Finanzas, ambos señalados en compras irregulares, entre ellas de leche en polvo, mencionadas por López Obrador. (rockroberto@gmail.com).