VIOLENCIA EN MÉXICO

Tres hechos reveladores

¿Los militares están preparados para realizar tareas de seguridad pública que no les corresponden? | Agustín Castilla

Créditos: Cuartoscuro
Escrito en OPINIÓN el

Con suma frecuencia el presidente López Obrador afirma que, a diferencia del pasado, en México ya no hay masacres, no se ejecuta, se tortura o espía a nadie y que la estrategia de seguridad y pacificación está dando resultado. Hace unos días también sostuvo que México es más seguro que Estados Unidos y que se puede viajar con tranquilidad por el país -quizá desconoce que 17 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en nuestro país o el alto riesgo que corren transportistas y particulares al circular por carretera sobre todo de noche-. Sin embargo, en las últimas semanas se han registrado algunos hechos que demuestran lo contrario.

En la madrugada del pasado 26 de febrero, cinco jóvenes fueron asesinados por militares después de que salieron de un antro en una camioneta y, al ser  perseguidos por un convoy militar chocaron con otro vehículo, les dieron alcance y los acribillaron. Otro joven fue herido de gravedad y uno más salió ileso. De acuerdo con la información que se ha difundido a partir de las declaraciones de los sobrevivientes, así como de videos de cámaras de vigilancia, peritajes y el informe de un comandante, los jóvenes no llevaban armas ni habían cometido ningún delito, al joven herido le dispararon de nuevo cuando estaba tirado en el piso pidiendo auxilio, le pisaron la cara con las botas, y se presume que cuando menos a uno de los jóvenes asesinados pudieron haberle dado el tiro de gracia.

Lamentablemente no es un hecho excepcional. Hace una semana, otro joven de 25 años que se dedicaba a cortar limones fue asesinado en Huimanguillo, Tabasco, cuando viajaba en su motocicleta ya que no se detuvo en un retén militar cuando le marcaron el alto, por lo que uno de los elementos le disparó quitándole la vida, con lo que de nueva cuenta se pone a debate si los militares están preparados para realizar tareas de seguridad pública que no les corresponden. La inconformidad y molestia también se empieza a manifestar al interior de las fuerzas armadas, particularmente entre elementos de tropa y sus familias que marcharon el fin de semana en protesta por la detención de cuatro soldados, así como las condiciones en que los mandan a contener a la delincuencia que, desde su óptica, los colocan en una situación de riesgo e indefensión.

El 3 de marzo, cuatro ciudadanos estadounidenses que viajaron a Matamoros al parecer para realizarse una cirugía estética, fueron secuestrados a plena luz del día en el centro de la ciudad como se aprecia en un video que circula en redes sociales, y cuatro días después encontraron a dos de ellos muertos en una cabaña a 20 km, otro con heridas graves y la mujer ilesa. No queda muy claro lo que pasó en estos días pues al parecer los llevaron en una ambulancia a un hospital. El caso es que, ante la presión social y sobre todo del gobierno norteamericano, el Cártel del Golfo entregó a cinco sicarios que supuestamente fueron los responsables, y en una cartulina señalan que actuaron por decisión propia faltando a la disciplina de la organización. Por lo anterior habría que preguntarse: ¿Quién manda realmente en Matamoros al igual que en muchas zonas del país? Lo que está claro  es que de no haberse tratado de estadounidenses, probablemente sería uno más de los miles de casos que quedan impunes. Por ejemplo, muy poco se mencionó sobre Arely Pablo Servando, una madre soltera de 33 años que también murió de un balazo al quedar en medio del secuestro.

En medio de todo esto, se dieron a conocer los resultados de un trabajo de investigación realizada por la revista Proceso, Aristegui Noticias, Animal Político  y R3D de la que se desprende que la Secretaría de la Defensa Nacional utiliza el sistema Pegasus para intervenir comunicaciones privadas como en el caso de Raymundo Ramos, activista de derechos humanos que ha venido denunciando abusos del Ejército en Nuevo Laredo, lo que es a todas luces ilegal ya que no tiene facultades para ello y no contó con autorización judicial. No obstante, a pregunta expresa de Nayeli Roldán en una conferencia mañanera, el presidente no pudo desmentir dicha información por lo que trató de justificarlo como labores de inteligencia y, en cambio, arremetió contra la periodista y el medio de comunicación en que trabaja desatando una embestida en redes sociales.

Ante ello, la organización internacional Artículo 19 emitió un comunicado rechazando los ataques presidenciales ya que “refleja la intolerancia a la crítica y busca distraer a la opinión pública sobre la ilegal vigilancia del Ejército a personas defensoras y periodistas”, en tanto que el Consejo Consultivo de la CNDH exigió que abra una investigación ya que además de “vulnerar derechos fundamentales como a la privacidad, pone en riesgo la vida y bienes de quienes han sido sujetos de esa práctica que supuestamente ya no se lleva a cabo”. Desgraciadamente es mucho lo que nos revelan estos hechos que ocurrieron en tan sólo unos cuantos días, y que echan por tierra en forma contundente la narrativa oficial.