El pasado 6 de marzo la oficina comercio de los Estados Unidos pidió consultas técnicas formales con el gobierno de México relativas a la trayectoria de su política biotecnológica que, dicen, no está basada en la ciencia. Las consultas serían bajo el capítulo 9 del T-MEC. Es una posición mañosa que importa analizar parte por parte.
Primera maña. Se convoca a consultas especificando un enfoque incorrecto, limitado al capítulo 9 del T-MEC que trata de las medidas sanitarias y fitosanitarias del comercio en general. Trata de evitar negociar con base en el capítulo 3, referido a la agricultura y cuya sección B es precisamente sobre productos biotecnológicos. México debe rechazar esa absurda pretensión.
La diferencia entre negociar bajo el capítulo 9 o el capítulo 3 sección. El punto 3.14 establece sin ninguna ambigüedad que ningún país está obligado a autorizar la entrada de un producto biotecnológico a su mercado. No necesita demostrar su toxicidad o tener un soporte científico. Se trata llana y simplemente de una decisión estrictamente nacional permitida en el Tratado.
Segunda maña. Se quiere discutir los impactos del maíz transgénico sin mencionar al glifosato. Cerca del 90 por ciento del maíz producido en Estados Unidos ha sido modificado genéticamente para resistir los efectos del herbicida glifosato; la planta modificada lo absorbe, pero no muere. El resto de las plantas, consideradas malezas y hierbas, son destruidas por el glifosato.
Más de 300 estudios científicos internacionales compilados por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (de México), disponibles al público, lo definen en su mayoría como un agente nocivo.
La Agencia Internacional para Investigar el Cáncer, organismo afiliado a la Organización Mundial de la Salud, revisó más de un millar de estudios científicos y determinó que el glifosato es probablemente carcinogénico, con fuerte evidencia de que es genotóxico, es decir, que daña la información genética. Revisó también el Estudio Norteamericano sobre Salud Agrícola que recabó información de más de 50 mil agricultores y aplicadores del pesticida y señala que su debilidad es que les dio seguimiento por un corto periodo.
Entre 2018 y 2019 Monsanto fue obligado por decisiones de la justicia norteamericana a pagar 2 mil 369 millones de dólares en indemnizaciones a pacientes enfermos terminales de cáncer. En 2020 Bayer, la empresa que compró Monsanto, aceptó pagar más de 10 mil millones de dólares en compensaciones a 95 mil pacientes de cáncer. Las compensaciones van de 5 mil a 250 mil dólares dependiendo de la gravedad del caso. Otros 30 mil denunciantes no aceptaron compensaciones tan bajas y mantienen demandas separadas.
Hace unos días, el 23 de enero de 2023, el Instituto Nacional del Cáncer norteamericano reveló que en 2 mil 310 muestras de orina de gente representativa de toda la población del país encontró glifosato en 1 mil 885. Los 10 científicos autores del artículo, procedentes de instituciones oficiales de alto nivel señalaron que hay evidencias de asociación entre el herbicida y estrés oxidativo en humanos, y este último juega un papel en la aparición de cánceres hematológicos.
El glifosato es un destructor masivo de lo verde; daña también al suelo; impacta a las poblaciones de insectos; disminuye la biodiversidad de las especies, obstruye la polinización y dificulta la recuperación de las plantas nativas. Una preocupación adicional es que el uso del glifosato crece aceleradamente no solo porque se le usa en más cultivos, sino porque empieza a provocar que algunas de las hierbas que combate generen resistencias.
México debe mantenerse firme en la posición de que maíz transgénico y glifosato son un solo asunto.
Tercera maña. Exigir bases científicas a la toma de decisiones. El problema que enfrentamos es que lo que aquellos definen como ciencia requiere investigaciones de decenas o cientos de millones de dólares. Y no los tenemos.
El problema de la “ciencia” norteamericana es que está determinada por los intereses de las transnacionales. Gigantescos conglomerados norteamericanos, como Bayer – Monsanto, dominan la investigación que se considera científica. Una demanda judicial de Greenpeace obligó a Monsanto a revelar los detalles de un estudio por el cual afirmaba que el maíz transgénico no era dañino. Un estudio secreto de 90 días en 400 ratas que otros científicos calificaron como inconsistente.
Es común que las decisiones de las autoridades regulatorias norteamericanas basen sus decisiones en estudios patrocinados por las grandes empresas, o por universidades que reciben sus generosos donativos y por científicos que obtienen prebendas si se apegan a los intereses del poder económico o que, si se van por el camino equivocado, verán arruinadas sus carreras.
México le haría un gran bien al mundo, incluyendo a los consumidores norteamericanos, si exige que Estados Unidos muestre cuáles son las bases científicas de su decisión y demuestre que estas no están contaminadas por los intereses de las grandes empresas agro bio tecnológicas.
Fue necesario que pasaran décadas para que se aceptara que el tabaco es cancerígeno. Las tabacaleras lo sabían, los estudios que ellas patrocinaban lo revelaban, pero lo guardaron en secreto. Lo mismo ocurrió con las empresas relacionadas con el asbesto, sabían que era dañino y lo ocultaron. Es el momento de asegurarle a la humanidad que eso no vuelva a ocurrir en el caso de los transgénicos y los herbicidas asociados.
Si Estados Unidos dice que México debe justificar científicamente sus decisiones ellos también deben revelar sus cartas. Deben obligar a Monsanto a revelar los detalles de las investigaciones que ha patrocinado de manera directa o indirecta y sus influencias en la investigación llamada científica. No sería novedad señalar que con frecuencia los resultados obtenidos, y si se revelan o se ocultan, dependen de la fuente de financiamiento.
Estados Unidos juega a “qué tanto es tantito”. Un estudio patrocinado por la organización Madres de América señaló que hay glifosato en la leche materna y que esta se acumula a niveles muy superiores a los aceptables en Europa, pero que en Estados Unidos son aceptados.
El punto 9.6 del T-MEC dice que cada país tiene el derecho de adoptar el nivel de protección sanitaria que juzgue apropiado. Lo más probable es que como en otros países ya todos estemos contaminados con trazas de glifosato. México tiene el derecho a decidir qué nivel de contaminación es aceptable. Y no tiene que ser igual al norteamericano.
Finalmente está el asunto de la trayectoria. Estados Unidos se opone a que la decisión mexicana afecte sus ventas crecientes de maíz transgénico a México. Pero la decisión del gobierno mexicano es puramente defensiva. Lo único que se prohíbe es que se use maíz transgénico en la industria de la masa, la harina y la tortilla; lo seguiremos consumiendo en cereales para el desayuno y todo tipo de frituras industriales.
Estamos en un contexto propicio a que el maíz transgénico invada a la masa y la tortilla. Tres factores lo favorecen: el transgénico se ha abaratado debido al peso fuerte; la estrategia de combate a la inflación eliminó requisitos, incluso fitosanitarios, a las importaciones; Segalmex quedó desmantelada e inútil como mecanismo de protección a la producción y el consumo de maíces nacionales de calidad.
Los decretos que limitan, poco, el consumo humano de maíz transgénico son una defensa endeble si no se acompañan de una fuerte estrategia orientada a la autosuficiencia alimentaria.