A veinte meses de que se iniciara la inscripción en el bote (me corrigen, Repse) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se han inscrito 133 mil 410 empresas subcontratistas, con todas las formalidades de la ley.
Y no está mal que se hayan inscrito un promedio mensual de 6 mil 670 empresas desde que se han iniciado los registros de las llamadas outsourcing. Eso quiere decir que o la economía va viento en popa (lo dudo) o que se ha abierto un nicho de crecimiento del negocio de la simulación para pagar menos salarios y prestaciones a los trabajadores que laboran en esas operadoras “especializadas”.
No contamos con cifras exactas del número de trabajadores afectados por este tipo contratación irregular (pero legal), si multiplicamos las 133 mil 410 empresas ya registradas a la fecha por al menos 50 empleados que laboran en cada una de éstas, resultarían perjudicadas 6 millones 670 mil 500 personas.
La cual es una cifra equivalente a la propalada antes de la reforma del 23 de abril de 2021 en la que “supuestamente” se prohibió el outsourcing, pero también ¡la permitió! Una política gubernamental de cambiar para que todo siguiera igual.
Aunque si bien es cierto que la reforma de la subcontratación ha significado más control, éste solo se ha dado en el papel porque en la realidad ha sido todo lo contrario. Sigue habiendo evasiones a la ley laboral en perjuicio de los trabajadores.
Por eso llama la atención el reciente Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación firmado por Luisa María Alcalde, titular de la STPS el pasado 3 de febrero en el que se dan a conocer mayores facultades para los inspectores y más causales de sanción para las empresas subcontratistas evasoras, incluidas las beneficiarias.
Ese Acuerdo no debe pasar desapercibido porque refleja el clima de incumplimiento de las empresas subcontratistas que han visto la oportunidad ante la insuficiencia de inspectores y una reglamentación insuficiente para evadir responsabilidades y hasta sanciones. Ya hay abogados en el mercado laboral especializados en tramitar amparos y todo tipo de recursos en la supervisión (molesta para ellos) que lleva a cabo la STPS.
Con el Acuerdo (para apretar tuercas) los inspectores podrán ahora cerciorarse de que los datos aportados coincidan con la realidad; que los supuestos “servicios especializados” no formen parte del objeto social o con la actividad preponderante de la beneficiaria. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del IMSS o del salario declarado ante la autoridad.
Además de tener un alta ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), le permite impunidad en materia de libertad sindical a las llamadas outsourcing, ya que es más fácil simular la existencia de Contratos Colectivos de Trabajo y sindicatos (de papel), o carecer de ellos sin que les impliquen mayores responsabilidades.
Existen empresas en las que llegan a usar un promedio de 30 subcontratistas dentro del centro de trabajo, cada una de ellas con distinta organización sindical o sin ella, con un Contrato Colectivo que solo tiene las prestaciones de ley, y que han sido el mejor antídoto para anular la reforma laboral que busca la mejora de las condiciones de los trabajadores en México.
Es fundamental que se dote de mayores recursos a la STPS para que cuente con un mayor número de inspectores con salarios dignos para enfrentar a estas empresas pillas que crecen como moscas en los basureros.