La reforma electoral en ciernes ha provocado que la esperable polarización entre gobiernistas y opositores al momento de los comicios se adelante. Hoy estamos situados en una franca polarización en que cada parte descalifica a la otra avalados en actitudes justificativas y en exageraciones para sostener un punto de vista extremo.
El origen de la polaridad
Sin duda, ha sido desde el Ejecutivo federal que se ha abierto fuego para provocar este clima de polarización. El recurso a improperios y francas mentiras sobre las intenciones de quienes se oponen a los designios de quien se percibe como Monarca ha colmado la paciencia y obnubilado a quienes rechazan sus esfuerzos por conformar un modelo electoral a modo para la perpetuación del grupo actualmente en el poder. Pero en ello se ha dejado arrastrar la propia autoridad administrativa electoral nacional, que debiera respetar principios de certeza, imparcialidad y objetividad, mismos que, se han perdido al calor de una defensa a ultranza de las normas vigentes frente a la búsqueda de cambios que debitan la capacidad de organización de las elecciones.
La controversia pertinente
Es correcto y pertinente que además de los partidos políticos, como instituciones de interés público, la propia autoridad electoral lleve adelante procedimientos orientados a la revocación total o al menos parcial de una reforma a todas luces anticonstitucional. Es claro que diversas disposiciones que modifican la integración de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son contrarios a los principios establecidos en la Constitución, como la transformación de la Junta Ejecutiva en Comisión de Administración o de la Unidad Técnica de Fiscalización en Dirección Ejecutiva, así como considerar la Secretaría Ejecutiva como auxiliar y otorgar funciones sustantivas al Órgano Interno de Control. Es cuestionable que se ajuste a lo establecido en la Carta Magna la drástica reducción de la parte superior de los organismos distritales o la exclusión de la rama administrativa del Instituto del Estatuto de personal. Todo ello debe alegarse por los canales jurisdiccionales y sería de esperar que se eviten esos daños por resolución de la Suprema Corte, como incluso es aceptable que se busque contravenir otros elementos de la reforma que pudieran inhibir la capacidad de gestión de las elecciones por parte del organismo administrativo.
Jugar a los Niños Héroes
Pero otra cosa es envolverse en la bandera de la defensa de las instituciones electorales y caer en la descalificación de la reforma, anticipándose a las resoluciones judiciales al respecto y utilizando recursos públicos para exponer críticas exageradas y en muchos casos apoyadas en falacias sobre el alcance y repercusiones de la reforma. No existe realmente un riesgo de que con los cambios no se logren instalar las casillas, la integración y actualización del padrón electoral está garantizada y los datos personales pueden ser resguardados con la debida seguridad; iniciar de inmediato el cómputo de resultados una vez acabada la jornada electoral no reduce transparencia y certeza; la reducción de personal no será necesariamente del volumen que se habla y repite sin saber, siendo seguro solamente que se pierdan la mitad de puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Las nuevas condiciones en que podría quedar la estructura del INE suponen enfrentar dificultades para atender procesos sustantivos institucionales, como capacitación y organización electoral, mas los retos no son insuperables, pero demandarán acciones vigorosas para enfrentar problemas y enormes esfuerzos para atender en tiempos reducidos la preparación de la jornada electoral. Esa será la tarea que deberá enfrentar y para la que deberá ser exitosa la autoridad electoral.