Antes del primero de septiembre del 2018 —fecha en la que entró en funciones la LXIV Legislatura— las cámaras del Congreso de la Unión tenían como procedimiento rutinario —fundamentado en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso— solicitar a las instituciones del gobierno federal, su opinión técnica y el análisis de los costos financieros de las reformas o iniciativas de ley que serían analizadas en comisiones.
Si lo que se pretendía discutir, por ejemplo, era una reforma a la Ley General de Salud, se solicitaba a la Secretaría de Salud su opinión al respecto. Si la reforma iba a tener impacto en todo el Sistema Nacional de Salud, entonces también se solicitaba la opinión técnica del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de la Sedena, de la Semar, de los Servicios Estatales de Salud y del Seguro Popular.
Con frecuencia, estas opiniones no eran coincidentes. Cada institución aducía sus razones en pro o en contra de la reforma que se pensaba discutir. Se planteaban matices; modificaciones conceptuales y operativas, las cuales eran notificadas a la cámara de origen, a efecto de que ésta tomara las mejores decisiones al momento de legislar. No debe perderse de vista que la mayoría de las personas legisladoras desconocen aspectos técnicos de las materias sobre las cuales deben pronunciarse, así como de los efectos —positivos o negativos— que sus decisiones pudieran tener. Y la guía fundada y motivada de los servidores públicos resultaba de mucha utilidad.
Sin embargo, a partir del primero de septiembre del 2018, con el arribo de la primera legislatura de mayoría morenista, la práctica de consultar a las instituciones involucradas en la observancia de una determinada ley, fue desechada y descalificada por los propios legisladores, a pesar de sus beneficios.
En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral no ha sido consultado por el Congreso, respecto de las modificaciones constitucionales y legales que se han pretendido realizar.
Antes que divulgar, discutir y analizar las reformas que impactarán al máximo órgano electoral, los poderes Ejecutivo y Legislativo han procurado la descalificación de dos de sus consejeros y de la institución en general, a partir de la divulgación de falacias ad hominem, relacionadas generalmente con sus “altos” salarios.
La propuesta de reforma legal al INE, conocida como “plan B”, pretende —entre otras cosas— la desaparición de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, que actualmente son las responsables de preparar, organizar y celebrar las elecciones en todo el ámbito nacional y suplirlas con una vocalía operativa, ocupada por una sola persona.
Asimismo, se pretende que los más de 12 millones de personas que participan en el proceso electoral, no reciban capacitación, lo que abre espacios de vulnerabilidad con relación a la observancia de los procesos que actualmente garantizan que los votantes no emitan su sufragio más de una vez, o que los muertos no formen parte del padrón electoral.
Al ignorar la opinión experta del INE y de otras instituciones, como es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, en temas relativos a la paridad de género y su observancia durante los procesos electorales, el Congreso de la Unión y el sujeto que cobra como presidente de la República, se aprestan a destruir a la única institución que aún sirve de contrapeso a los excesos y las ilegalidades del presidente de la República. Saben que, si la oposición llegara a ganar en la elección federal, se abrirían múltiples procesos penales contra decenas de servidores públicos que actúan al margen de la ley.
De allí que, la marcha en defensa del INE y contra el “plan B” de López Obrador, convocada por diversas organizaciones sociales, a efectuarse el próximo 26 de febrero, volverá a ser una demostración de fuerza a favor de la democracia y contra los signos dictatoriales que amenazan a la democracia en México.