El 1 de mayo de 1922, las fachadas de muchas vecindades en la Ciudad de México lucieron banderas rojinegras y enormes carteles con la leyenda: “Estamos en huelga, no pagamos renta”. Aunque la organización había comenzado a inicios del año, la huelga inquilinaria fue el momento cumbre de la movilización popular en torno a demandas sociales muy concretas: vivienda digna y rentas justas. Desde el porfiriato, el problema de la vivienda afectó a miles de habitantes de la ciudad; por otro lado, el movimiento revolucionario de 1910 incrementó la migración hacia la Ciudad de México, ocasionando una mayor demanda de alojamiento.
Quienes disponían de algún tipo de habitación —en su mayoría, cuartos de vecindad—, ésta no reunía las mejores condiciones, las mismas autoridades del gobierno del Distrito Federal reconocían la precariedad de las viviendas: pisos de terracería, braceros para cocinar junto a la zona destinada para dormir, goteras, paredes semiderrumbadas, sin drenaje, agua y, mucho menos, electricidad. Además, esos espacios pequeños y en pésimo estado albergaban a familias numerosas en un estado de hacinamiento. Situación que parecía agravarse con el tiempo.
Dichas condiciones fueron el caldo de cultivo para la movilización de miles de inquilinos. Durante marzo de 1922, el movimiento inquilinario comenzó a tener mayor presencia en las calles y en la prensa de la ciudad; ésta informó que un puñado de militantes de la Juventud Comunista eran los responsables de “instigar” a las masas en contra de los propietarios de inmuebles. En tan sólo unas cuantas semanas, aquellos jóvenes echaron los cimientos del Sindicato de Inquilinos, el cual, en sus mejores momentos, contó con más de 30 mil agremiados. El Sindicato buscó organizar el descontento popular mediante la formación de comités de vecindad, de manzana y de distrito, así como de redactar el pliego petitorio, cuyas demandas iban en contra de las altas rentas y de las pésimas condiciones de las viviendas. La radicalidad y el descontento quedó demostrado mediante la suspensión del pago de rentas, la ocupación de vecindades y casas abandonadas, la reinstalación de inquilinos desalojados y la reparación de casas sin el aval de los propietarios.
Debido a la rápida organización y la trascendencia de sus acciones, la huelga inquilinaria fue combatida súbitamente por el gobierno local. El uso de la policía, los saboteadores, la presión de los propietarios, así como la inexperiencia de los jóvenes comunistas en la dirección de un movimiento de masas y sus frecuentes disputas con otras fuerzas de izquierda, orillaron a los inquilinos a claudicar en su lucha. A pesar de que una u otra vecindad logró acuerdos con los propietarios, lo cierto fue que, al menos en el Distrito Federal, no se concretara la legislación de una ley inquilinaria.
A casi 101 años de distancia, la experiencia de la huelga inquilinaria debería resonar fuerte en el presente. Hoy, en medio de la precarización general de la vida, quienes tenemos la necesidad de rentar una vivienda encontramos costos elevados en las rentas, espacios sin las condiciones mínimas para una vida digna, gran especulación inmobiliaria y nula regulación por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. En las redes sociales es común encontrar anuncios ofertando habitaciones, departamentos, cuartos de servicio con rentas extremadamente altas, cuyo único mérito es localizarse en alguna colonia céntrica de la ciudad. A esto se enfrenta la población joven.
Aunado a los problemas enumerados, en octubre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México, junto con la UNESCO y la empresa Airbnb firmaron un convenio que, entre otras cosas, busca promover a la ciudad como un destino privilegiado para los ahora llamados “nómadas digitales”, quienes en su mayoría son extranjeros. En su momento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que el convenio tiene como objetivo la promoción de un “turismo creativo”; bajo este esquema, los habitantes de la ciudad serían el vínculo entre anfitriones y viajeros, esto a través de la capacitación y la formación de Mipymes.
A raíz del anuncio, a través de las redes sociales miles de personas denunciaron lo inviable de dicho convenio. Argumentaron que con la llegada de los “nómadas digitales” el precio de las rentas se elevaría aún más y los habitantes de mayor antigüedad en las colonias afectadas serían expulsados por el encarecimiento de los servicios. En síntesis, fomentaría el fenómeno de la gentrificación. Semanas después, Sheinbaum reculó de sus primeras declaraciones y afirmó trabajar en la regulación de Airbnb, pero sin anunciar alguna medida concreta. Todo lo anterior lleva a plantear algunas preguntas como ¿para quién está pensada la ciudad?, ¿una ciudad para los “turistas creativos” y los “nómadas digitales” ?, ¿dónde quedamos todos los demás habitantes con necesidad de arrendar en esta ciudad?, ¿cuáles son las alternativas ante la falta de vivienda?
Sin duda, son necesarias leyes y acciones que atiendan con urgencia el histórico problema de la vivienda en la ciudad de México, erradiquen la especulación inmobiliaria y garanticen el acceso a vivienda digna mediante la inversión pública. Por ello, ante una nueva coyuntura en torno a este problema, la experiencia de la huelga inquilinaria de 1922 debe ser traída al presente y mostrar cómo los sectores populares pueden tomar en sus manos la solución de sus propios problemas, mediante la organización y la movilización. Parafraseando al historiador estadunidense Marcus Rediker: la experiencia de luchas pasadas puede ser inspiradora; pero, más importante aún, puede ayudar a comprender un problema histórico y echar luz sobre el presente sombrío.
César Cruz Álvarez | Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y, actualmente, estudiante de doctorado en la misma institución. Interesado en la Historia Social de los trabajadores y de los movimientos populares.