México es una democracia constitucional moderna, para fortuna nuestra, resultado de la Revolución de 1910. Plutarco Elías Calles concibió la idea de un partido político que institucionalizara y encausara las demandas de la Revolución. Fue así que el PRM, PNR y PRI, a través de sus gobiernos, construyeron instituciones educativas, de salud, de seguridad y democráticas sólidas, no olvidemos que la gran reforma que incorpora las minorías y da participación a todas las expresiones políticas que fue gracias a Jesús Reyes Heroles artífice jurídico de la reforma política de 1977.
La reformas electorales han sido producto del avance de la sociedad civil, y han sido eco en los diversos gobiernos, todas ellas han sido producto del consenso, del acuerdo político. Incluso muchas de ellas tuvieron al titular del Ejecutivo como impulsor. No olvidemos que antes de ser gobierno, muchos fueron oposición y exigieron ajustes en la vida democrática de nuestro país.
En este contexto es que Morena y sus aliados trataron de impulsar una reforma constitucional que proponía cambiar al Instituto Nacional Electoral (INE) por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), pretendiendo que el padrón y listado nominal estuvieran a cargo de la Secretaría de Gobernación. Además de cambiar la forma de elección de legisladores y eliminando a los representantes por mayoría reduciendo así el número de Senadores y Diputados por entidad federativa. Esto solo por mencionar algunas de las ideas del Plan A. Al perder la mayoría en el Congreso Federal, la coalición legislativa dominante vio mermada la posibilidad de impulsar cambios a nivel constitucional que legitimarían modificaciones a las leyes secundarias.
El Plan B es el resultado del rechazo de las fuerzas políticas y de la sociedad a la iniciativa original, la primera marcha los desbordó; el contenido de este Plan abarca la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, entre otros ordenamientos, y tiene diversas aristas.
La propuesta reduce la estructura del INE y de los organismos públicos locales, suprime el servicio profesional electoral, forjado en muchas elecciones y que tiene una naturaleza imparcial. Elimina instancias jurisdiccionales como lo es la Sala Especializada del TEPJF, que ha emitido criterios importantes sobre todo en el uso y utilización de recursos públicos. Algunos gobernadores han resultado responsables de faltas en materia electoral. Un punto controversial y que genera mucha suspicacia es el relativo al Programa de Resultados Preliminares (PREP), que en términos de la propuesta comenzará el día de la jornada y se transmitirá en tiempo real. Esto puede tener un impacto en la certeza, ya que es una actividad sustantiva, este punto deja dudas, la compactación de la estructura del INE genera efectos colaterales en la operación.
Las reformas propuestas por el presidente López Obrador son notoriamente Inconstitucionales, por ejemplo: la eliminación de los órganos técnicos del INE; otro aspecto podría ser la ratificación del Poder legislativo de quienes integran actualmente el Consejo General del INE y el Órgano Interno de Control, atenta contra la autonomía del órgano electoral.
Las leyes deben respetarse, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, principios rectores de la materia, no pueden dejarse de lado, la vulneración a estos se está haciendo valer en otras instancias, ante la falta de consenso, será el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia quien resuelva sobre las violaciones a la constitución, para que la futura sentencia ponga al Plan B en el basurero de la historia.
Toda nuestra atención debe estar en las y los ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, tienen a la democracia y al futuro del INE en sus manos.