Para comprender el significado de las instituciones del Estado y del INE en particular, es necesario contemplar sus funciones legales en el marco histórico de su devenir, de la construcción y la perenne reconstrucción del Estado Mexicano. La necesaria e inevitable estabilidad de las leyes y del derecho positivo mismo (ver el tema del libro “El Derecho como obstáculo al cambio social”), han dado lugar a que se conciba a las instituciones del Estado como entes inamovibles, y por lo tanto al márgen de las necesidades de la inevitable transformación social. Por ello es necesario comprender las funciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre en el marco del cambio y de la transformación del país. Por consiguiente de sus funciones sociales.
Comúnmente se le asigna al Instituto Nacional Electoral la función de un simple aparato que promueve, organiza y regula la realización de las elecciones a nivel nacional y local en México, dejando de lado su verdadera función social: su papel institucional. Es menester comprender que las instituciones no son simples regulaciones que emanaron de la mente de jurisconsultos, por el contrario, estas regulaciones que fueron creadas como consecuencia de la confrontación de los actores sociales ante diversas coyunturas históricas que plantearon la necesidad de regular fenómenos político-sociales que condujeran el destino de los ciudadanos por los cauces del progreso social. Hay que recordar el origen de las constituciones de 1857 (Juárez y los liberales), y la de 1917 (Carranza y la etapa Constitucionalista de la Revolución Mexicana) para comprender la manera en que nuestras constituciones no son entes puros generados por el derecho abstracto, sino son creaciones sociales perfectibles a la transformación de las sociedades.
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), suelen considerarse como los vigilantes de simples ordenamientos de carácter legal, y eso es consecuencia de la práctica de una cierta forma de democracia en la que instituciones como el INE y el TEPJF han absorbido la función participativa de los ciudadanos, reduciéndola al simple acto de ir a votar, convirtiéndose en aparatos institucionales unidireccionales que no se retroalimentan del contacto ciudadano, y por lo tanto han asumido la tutela de la participación ciudadana, anulándola. Recuérdese el concepto inventado por los Consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama: “Tutela Preventiva”, y cómo remodelaron de manera contingente el significado del papel del INE como árbitro electoral, convirtiéndose ellos en actores políticos, y a las instituciones en fuerzas políticas, dejando de lado su papel de árbitros imparciales.
Así es como los titulares del INE y el TEPJF han devenido en actores políticos, “fuerzas políticas con intereses” que luchan por el control del poder político y el control del Estado Mexicano. Han olvidado de manera deliberada sus funciones de árbitro electoral y han convertido su relación con los ciudadanos en una operación malévola de sanciones y tutelas de sus derechos, al grado de sustraerse al control de los ciudadanos y del Estado. Esto ha provocado un divorcio total respecto de la sociedad, convirtiéndose en una “fuerza política” que lucha por el poder político, al mismo tiempo que lo hace por el control del poder del Estado. Más allá de su función de vigilancia, aplicación y promoción de observancia de las leyes y normas electorales, agrega a sus funciones sustantivas las de elaborar normas en funciones sustitutivas del poder legislativo, invadiendo de esa manera las competencias del poder legislativo y del judicial.
Las instituciones son los caminos sociales por donde transita la vida diaria de los ciudadanos, caminos que ellos mismos han trazado a través de sus demandas de participación ciudadana en la práctica de la democracia, entendiendo por esta última una práctica social en la que el sistema político defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes.
La conducción de una institución no puede quedar en manos de quienes la administran, dejando al margen el ejercicio ciudadano y el perfeccionamiento y la permanente reconstrucción de la institución. Es el caso del INE actual en donde un pequeñísimo grupo de individuos se han dedicado a “tutelar” (según su definición: “autoridad conferida por ley a un adulto para cuidar de una persona y de sus bienes porque esta no está capacitada para hacerlo por sí misma”…"el modelo de tutela adoptado se asienta fundamentalmente sobre la actuación de un tutor y sobre el control judicial") dejando a los ciudadanos sin más opción para el ejercicio democrático que el acto mecánico de ir a votar.
- Del mismo modo que el Poder Ejecutivo promovió la “revocación del mandato” para el caso de los nombramientos de funcionarios en el aparato administrativo del nivel federal y las legislaturas locales (estatales), lo mismo debe normarse en lo referente al mandato de los Consejeros Electorales: sobre todo en el caso de los nombramientos del Presidente Consejero Electoral y del total de los Consejeros Electorales. Con ello se pretende impedir que dichos funcionarios se conviertan en actores políticos y, como consecuencia, en “fuerzas políticas” que participen activamente en la lucha por el poder político, con derecho para influir en el destino de las contiendas políticas. Se trata de impedir que dichos funcionarios contribuyan a “cargar los dados” a favor o en contra de alguno o de los contendientes de la liza política.
- Otra idea central en la modelación del funcionamiento de instituciones como el INE y el TEPJF, es dejar perfectamente clara la diferencia entre “independencia” y “autonomía” de dichas instituciones. Estos conceptos aplicados de manera dolosa al funcionamiento de los diversos aparatos del Estado mexicano, han dado lugar a una tendencia de sustraer las funciones que corresponden al Estado y depositarlas en “organismos independientes”, lo cual significa arrebatarle al Estado su papel de custodiar, proteger y defender las instituciones que incluyen al pueblo, territorio y gobierno. Debemos recordar que, diversos teóricos y especialistas definen al Estado como Pueblo, Territorio y Gobierno, vaciando el significado y papel del Estado en favor de organismos que no tienen como presupuesto aquel papel fundamental del Estado.
No es lo mismo “autonomía” que “independencia”, por ello es necesario delimitar claramente el significado práctico de ambos términos y dejar en claro que puede haber organismos e instituciones que ejerzan sus funciones de manera autónoma, pero no de manera independiente del Estado.
Este tema de la independencia deja en total indefensión al Estado mexicano, pues ya no podría defender la integridad del pueblo, territorio y gobierno. Esta moda perversa ha venido a despojar al Estado de sus funciones en favor de la “privatización del Estado-Nación”, lo cual es un indudable atentado en contra de ese conjunto de elementos que lo caracterizan como Estado. Esa pretendida modernización del Estado ha venido siendo promovida por los teóricos pertenecientes a los países más poderosos del orbe, en favor de sus intereses, que pretenden continuar su papel de depredadores de las economías de países emergentes. Sin embargo, es claramente comprobable que los países desarrollados, no se abren a los intereses de los países emergentes (se puede ver la defensa que hacen de su territorio impidiendo la inmigración legal o ilegal, como la más reciente legislación canadiense que no permite que extranjeros compren propiedades, bienes inmuebles, en su territorio). Lamentablemente hemos visto cómo han proliferado, en períodos presidenciales anteriores al actual, miembros de diversas instituciones del estado y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que han promovido arduamente esa mentada “independencia”.
De todo ello se puede colegir que no es lo mismo “independencia” que “autonomía”, aplicados a las funciones de los aparatos del Estado. El concepto de “independencia” significa el despojo de las atribuciones del Estado en favor de particulares. Como ya lo mencionamos, significa la privatización del Estado-Nación que pretende hacer una rapiña del cuerpo estatal mexicano, rapiña al pueblo, territorio, gobierno y economía nacional. Sea pues, no es lo mismo “autonomía” que “independencia”. Ni el INE ni el TEPJF deben constituirse en organismos “independientes”.
Sólo queda por dejar en claro que, el Jefe del Estado Mexicano es el presidente de México, siendo además el titular del Estado. Por encima de todas las instituciones y los poderes del estado es, quien además de ser el titular del poder ejecutivo, el titular y jefe del Estado Mexicano.
El corolario de estas reflexiones es “NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN”, “NO LA INDEPENDENCIA DEL INE Y DEL TEPJF”, “SI A LA AUTONOMÍA DEL INE Y DEL TEPJF, AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y DEL ESTADO MEXICANO”.