La respuesta social fue multitudinaria.
Un Zócalo capitalino insuficiente para miles de mexicanos que, a pesar de las campañas de odio, a pesar de la calumnia y la difamación de Palacio, llenaron la plaza, sus alrededores y las calles que desembocan en la plancha.
Millones de voces no sólo en la capital, sino en un centenar de ciudades de México y del extranjero que exigieron respeto al árbitro electoral y que expresaron su confianza en los ministros de la Suprema Corte.
Confianza social en que los integrantes del Máximo Tribunal harán valer la Constitución y se convertirán en dignos representantes en defensa de la democracia mexicana.
Una marcha que llevó a la calle a millones en todo el país; ciudadanos de todos los sectores sociales, de todos los credos y todas las tendencias políticas y que buscaron un sólo objetivo: la defensa del INE y el repudio al “Plan B” del presidente, quien pretende destruir al árbitro electoral que le permitió llegar al poder, para imponer una tiranía.
Una exitosa movilización social en donde los oradores Beatriz Pagés y José Ramón Cossío llamaron a la reconciliación nacional, a la confianza en las y los ministros de la Corte para impedir el atentado contra la democracia.
Movilización pacífica, ordenada y civilizada –en donde no se rompió un solo cristal–, a pesar de las provocaciones oficiales, como la vulgaridad de colocar una manta gigante en el Zócalo alusiva a García Luna; provocación que fue retirada sin mayor problema.
Pero también fue una movilización con decepciones notables, como la expresada por el otrora llamado “líder moral” de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, quien de manera cobarde se deslindó de la marcha y reiteró su amistad con el presidente López Obrador.
Cuestionado el día previo a la movilización, Cárdenas dijo que no podía acudir a un evento del que desconocía su motivación; cobardía que valió un repudio generalizado en redes sociales al que fuera emblema de la lucha contra el fraude y a favor de las elecciones confiables, libres y transparentes.
Pero en realidad ese fue el mal menor, ya que la campaña contra la movilización al Zócalo capitalino incluyó no solo una grosera estrategia de desinformación lanzada desde Palacio; guerra sucia que pretendió vincular la protesta con el veredicto contra Genaro García Luna, dictado por una corte norteamericana.
Difamación y calumnia que pretendió enlodar a quienes marcharon en defensa del INE al pregonar desde Palacio que aquellos que se manifestaron lo hicieron en defensa de García Luna; perversión orquestada y lanzada por el propio López Obrador; el mismo presidente que ordenó colocar una manta gigante en el Zócalo, alusiva precisamente a García Luna.
A su vez, desde la jefatura de gobierno del antiguo Distrito Federal, se ordenó y financió que los barrios y pueblos emblemáticos de la capital del país, como la colonia Nueva Santa María, entre muchos otros, organizaran la moderna versión del “pan y circo”.
Es decir, desde las 11 de la mañana de ayer domingo promocionaron concursos de baile en las plazas públicas, con grupos musicales pagados por el gobierno de Claudia Sheinbaum y romería gratuita para todos los asistentes.
Otros frentes para desalentar la movilización estuvo a cargo del propio gobierno federal y las alcaldías de Morena en la Ciudad de México.
En el primer caso, el gobierno de AMLO hizo llegar a todos los beneficiarios de sus programas sociales la advertencia de que los beneficios serían cancelados para todos aquellos que acudieran a la manifestación.
En el segundo caso, los jefes delegacionales advirtieron que serían despedidos todos los empleados que fueran descubiertos en la manifestación del Zócalo. Incluso se ofrecieron estímulos a quienes deletaran a sus compañeros de trabajo.
Ya en el delirio demencial del fanatismo, legisladores como la senadora Malú Micher –de Morena, claro–, llamó desde la tribuna del Senado a todos los mexicanos a que “no marchen”, ya que la manifestación “es a favor del fentanilo” y del crimen organizado.
Esa misma retórica demencial la siguieron líderes del partido oficial, gobernadores y servidores públicos; muertos de miedo por una movilización social que desbordó el Zócalo de la capital y que se expresó en un centenar de ciudades, de México y del mundo.
Por ejemplo, en los previos a la marcha del 26 de febrero, toda la prensa norteamericana dio a conocer las posturas de senadores como el demócrata Robert Menéndez y el republicano Michael McCaul, quienes advirtieron del peligro que enfrenta la democracia mexicana.
Resulta que en una reunión de trabajo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de aquel país, los legisladores coincidieron en que el llamado “Plan B” del presidente López Obrador “devolverá a México a su oscuro pasado de elecciones controladas por el presidente, que retrasará la democracia y afectará la relación entre ambos países”.
Pero no sólo en el Congreso nortemericano se escuchó la advertencia de que López Obrador es el nuevo dictador del mundo, sino que en en la prensa de casi todo el campo democrático se han difundido artículos y opiniones que advierten de la regresión democrática que se vive en México.
Y es que México y los mexicanos no están solos; igual que millones de ciudadanos lo confirmaron en la marcha del 26-F, el mundo también repudia la grosera dictadura de López Obrador.
Al tiempo.