Hace unos días, a propósito de la celebración del Día Mundial de la Radio, ponderábamos las bondades de este medio de comunicación como su alta cobertura e inmediatez, así como su importancia para mantener informada a la población particularmente en situaciones de desastre.
Aunado a estas condiciones que han mantenido vigente a la radio, a pesar de la irrupción de nuevas plataformas y tecnologías que ejercen una mayor presión competitiva en materia de contenidos, quisiera destacar la labor trascendental de este medio en la transformación de las comunidades de distintos municipios del país, sobre todo aquellos de difícil acceso.
Permítame contarle una experiencia personal. En 2018 conocí a Rubí Paz, una mujer oriunda de Santiago Juxtlahuaca que llevaba más de cinco años intentando obtener una concesión de radio. Había acudido al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al Taller “Sostenibilidad de la Radios Comunitarias” y aprovechó la ocasión para acercarse y pedir asesoramiento para el otorgamiento de estas licencias. Varios líderes comunitarios le aconsejaron viajar a la capital porque se había creado un nuevo instituto y un trámite más flexible para que pudiera iniciar transmisiones.
En realidad, se referían a los cambios que devinieron con la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que le confieren al IFT la facultad de otorgar concesiones para uso comercial, público, privado y social, que incluyen las comunitarias y las indígenas.
Si bien, las radios comunitarias ya operaban antes de dicha reforma, fue hasta la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que iniciaron su proceso de regularización. El asunto no es menor, si consideramos que estos medios ya no operan con un permiso sino con una concesión que le da toda la certeza jurídica para seguir funcionando.
En 2019, después de cumplir los trámites establecidos por ley, Rubí pudo obtener una concesión de uso social comunitario. Con su título bajo el brazo montó la estación en el tercer piso de un edificio, justo en el mismo lugar en el que vive. Su tiempo lo divide entre las labores de la casa y la estación, en la que se difunden lo mismo mensajes de la comunidad hasta asuntos de interés nacional como fue el surgimiento y evolución de la pandemia ocasionada por la Covid-19.
La labor de esta estación ha sido fundamental para informar a la población, particularmente durante la pandemia. Junto con su equipo, Rubí se dio a la tarea de recabar los mensajes de la Secretaría de Salud que tradujo al mixteco y triqui, pues en la región aún se hablan estas lenguas. Su labor fue decisiva para que la gente acudiera a vacunarse.
La estación también ha contribuido a generar conciencia sobre el empoderamiento de la mujer. Desde el nombre que dio a la estación, La Patrona, Rubí busca a través de la programación difundir las historias de mujeres destacadas de la comunidad y no han sido pocos los casos en los que ha intervenido ante las autoridades para demandar pensión alimenticia para algunas de sus radioescuchas, incluso para atender casos de violencia de género.
Sin duda, un claro ejemplo de porqué la radiodifusión se considera un servicio público de interés general en la propia Constitución. Por ello, decidí acompañar este texto con los testimonios de Rubí, que son apenas una muestra de la importancia de que las comunidades, particularmente las más apartadas, cuenten con servicios de radiodifusión.
De 2013 a la fecha, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha otorgado 163 concesiones de radiodifusión, Televisión Digital Terrestre (TDT) y radio, de uso social comunitario y social indígena. Más de la mitad de las concesiones de uso comercial que se han asignado vía licitación.
Las cifras, pueden o no decirnos mucho. Lo relevante aquí es la oportunidad que ahora tienen todas las comunidades en el país, de acceder a estos servicios. La LFTR establece que las concesiones para uso social se otorgarán mediante asignación directa hasta por quince años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales.
El Instituto está obligado por ley a reservar el 10% de las frecuencias en Frecuencia Modulada (FM) para estaciones comunitarias e indígenas.
Amén de estas obligaciones, en el IFT hemos realizado diversas acciones para darle sostenibilidad a estos medios como el Programa de Promoción y Fomento de la Radiodifusión Comunitaria e Indígena (Pro-Radio), que brinda información y asesorías a los interesados en obtener una concesión de TDT o radio. Dispusimos también un micrositio que contiene información en diferentes lenguas sobre el otorgamiento de concesiones y se han llevado a cabo diversos talleres para orientar a los concesionarios.
También hemos habilitado varios trámites en internet para ahorrar a los solicitantes los costos y tiempo de traslado desde sus lugares de origen que, en ocasiones, puede tomarles un par de días.
De lo que se trata, es que estos espacios que brindan información útil a sus comunidades y promueven la diversidad cultural, permanezcan al aire por muchos años sin que las necesidades económicas, apaguen rápidamente sus señales.
Historias como las de Rubí nos permiten palpar los beneficios de una reforma que, ha centrado su atención en los usuarios y las audiencias, y por lo mismo, en el combate a los monopolios.
La reforma es, entonces, una oportunidad para dar voz -mediante la cobertura y acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión-, a comunidades que por años han estado marginadas del desarrollo tecnológico.