Medio país está mirando que podemos recibir un gran chasco con el juicio al principal operador de la política de seguridad de los gobiernos panistas, el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, que las próximas semanas, tendrá el veredicto del Jurado. Es previsible que no lo exoneren, pero es muy probable que reciba una pena menor, que podrá reducirse con los diversos recursos legales disponibles, y así, el todopoderoso productor de ensamblajes y argucias para la televisión habrá limpiado sus culpas ante la justicia de los tribunales americanos y, podrá vivir a sus anchas en el país que lo ha acogido. En todo caso, las y los mexicanos habremos llegado a un nuevo nivel de entendimiento de lo que ha pasado y ocurre en México con el tema del tráfico de las drogas ilícitas y las organizaciones criminales.
Observando el modo en el que el juez y los fiscales del estado ocupados del caso, llegaron al acuerdo de acortar el juicio previsto para fines de marzo, desechando las declaraciones de más de cuatro decenas de testimonios, así como la declinación del propio acusado a declarar en su defensa, no se puede dejar de sospechar que todo está ya planchado. El sistema de justicia estadounidense manejó con pinzas este caso para no develar el trasfondo de corrupción y contubernio de los agentes e instituciones, que son parte del extenso trabuco de organizaciones públicas dedicadas a administrar la geopolítica prohibicionista de las drogas en ese país, particularmente en la Iniciativa Mérida (2008)
Pero este visible encubrimiento paradójicamente devela otro: las más altas autoridades mexicanas en los gobiernos panistas, pudieron ser parte de acuerdos inconfesables de complicidad en la operación de la geopolítica de las drogas con los operadores de esas políticas. De estos muy posibles acuerdos dan cuenta, tres elementos: la calculada frivolidad con que se maneja ante el suceso, el señor de la guerra de las drogas: Felipe Calderón; el silencio hierático del poderoso exsecretario y, por último, por supuesto: el episodio del tráfico de armas conocido como la Operación Rápido y Furioso. Entre muchos otros que revelan el entreveramiento de criminales, agentes extranjeros y autoridades mexicanas, en encuentros e incidentes diversos durante el gobierno calderonista.
La debilidad y el temor de un gobierno que llega en medio de, cuando menos las más extendidas sospechas de haberse hecho del poder por medios espurios, le lleva a entregar a la nación a un experimento de geopolítica que lo convierte en el paraíso e infierno de las drogas. Aprovechando la debilidad de nuestras instituciones democráticas y de justicia, así como la baja calidad de nuestra cultura ciudadana, para crear las condiciones de complicidad, secretismo y lealtad necesarias de gobiernos locales, estatales, nacionales, cuerpos policiales, militares, empresarios, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, iglesias etc. Con el objetivo de crear franjas amplias de operación de las organizaciones criminales –que hoy sabemos son actores globales– en puertos, aduanas, fronteras, bancos y redes financieras, para infiltrar la economía informal y formal, incrustarse en comunidades, partidos, sindicatos y reciclar los viejos y arraigados cacicazgos rurales y urbanos en operadores y correas de trasmisión de las organizaciones criminales.
Al día de hoy llevamos 423 mil 11 homicidios y contando, casi 220 mil desapariciones, más del 80% de los municipios capturados por las organizaciones criminales: siete agrupaciones "tradicionales": el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, y cinco más “modernas”: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los caballeros templarios, El Cártel del Noreste, Los Viagra y Los Rojos (Expansión 2022/18-06) El Cártel de Sta. Rosa, a los que se abonan 150 grupos criminales locales (de estos 51 tienen presencia en CDMX , según Dalila Sarabia en Animal Político, 04-05-2020). El tejido social está desgarrado, en 2022 se calculaban casi en 370 mil los desplazados de sus lugares de origen y residencia forzados por la violencia criminal y la cosa no para. El caso García Luna nos reveló que no hay manera de acabar con esta pandemia de violencia criminal, ni modo de restablecer la paz en nuestro territorio, sin la poderosa voluntad de nuestro vecino del norte. Ahí lo dejo.