Esta semana en Colombia se dieron dos marchas. Una que promovió el gobierno de Gustavo Petro para apoyar sus reformas en medio de una caída de popularidad del 54 por ciento de favorabilidad a menos de 40 en tres meses. Y otra, un día después, citada por una oposición desarticulada, tanto así que todos sabíamos donde comenzaba la marcha pero no donde iba a terminar.
La marcha del gobierno con propaganda en medios nacionales y con todo el respaldo de la burocracia se ve enfrentada a un gobierno errático que cita a los ciudadanos a hacer las reformas “en las calles”. Clásico populismo al estilo peronista que pretende forzar su agenda en un país que cada vez se da más cuenta de lo que eligió.
Pero independientemente del resultado de las marchas hoy estas hacen parte de una nueva lucha política en la que la izquierda lleva la ventaja y sabe cómo usar esa fuerza para imponer su criterio, bloquear economías, destruir infraestructuras y canalizar descontento con efectos electorales. Las movilizaciones de 2019 y el 2021 que generaron los triunfos de Boric en Chile y Petro en Colombia son el mejor ejemplo del éxito de esta estrategia que mezcla brutal violencia e intimidación con una narrativa exitosa que enfatiza al otro como culpable.
El otro tipo de movilización que ya vemos cómo opera se está dando en el Perú. Y tiene que ver con la disrupción violenta de una democracia. Tiene una organización muy efectiva, como la tuvieron las marchas del 19 y el 21, tiene financiación que aún no sabemos de dónde viene, seguramente externa pues es el modus operandi de Rusia y Cuba, y tiene 70 puntos de bloqueos en todo el país, afectando gravemente la economía.
Los vasos comunicantes de las protestas violentas de años anteriores con estas de Perú son evidentes. Aprendieron cómo bloquear, cómo destruir una economía y cómo poner un país en jaque. Aprendieron a manejar la narrativa internacional de un estado violento y unos protestantes pacíficos cuando la realidad no es así. Y el apoyo de la izquierda radical latinoamericana, AMLO, Petro, Maduro, Ortega y demás, garantiza que este tipo de operaciones se vuelvan normales con un objetivo, volver ingobernables los países cuando no hay un gobierno de izquierda.
Otra cosa es cuando se plantea la movilización desde el gobierno. Lo hizo con gran éxito Perón pero su carisma inigualable facilitó el proceso. Chávez igualmente fue exitoso en este tipo de convocatoria. Los genios en esta materia, Hitler y Mussolini. Y también hemos visto como AMLO y ahora Petro convocan con poco éxito pues en pleno siglo XXI con redes sociales, visibilidad y exposición constante la cosa es a otro precio.
Las protestas de Irán y de Sri Lanka mostraron el poder de la ciudadanía para derrocar un gobierno que destruyó a un país y como se reta a una dictadura religiosa. Es más, lo sucedido el 6 de enero en Washington muestra que ninguna democracia está a salvo por más loco que esto parezca. Los gobiernos democráticos hoy deben sumar a los retos de pobreza, inequidad y crecimiento económico, este activismo político que cerró sectores de ciudades del primer mundo como Portland o se tomó un ícono de la libertad como es el capitolio. Este activismo-vandalismo político fue capaz de destruir en una noche una línea de metro en Santiago o 26 estaciones de policía en Bogotá. O bloquear un país como lo están haciendo con Perú y casi lo logran con Colombia en el 2021.
Y la pregunta ahora es, ¿cómo reacciona un Estado o un gobierno democrático a esta nueva manera de crear desorden y caos? No es terrorismo, no es guerrilla pero si es un tipo de guerra asimétrica donde pocos jóvenes armados se infiltran en protestas y generan esta violencia que tiene como objetivos dejar muertos y heridos que desacreditan a la fuerza pública además del respectivo caos.
Las fuerzas de policía de nuestra región no están entrenadas en este nuevo modelo de guerra de baja intensidad. No se trata tan solo de aumentar y profesionalizar aun más los escuadrones antimotines que enfrentan muchas veces este tipo de protestas y bloqueos. Claro, se necesitan hoy más que nunca, aunque el discurso de la izquierda es que hay que acabarlos por obvias razones, pero no es suficiente.
Cómo ponerle freno a esta estrategia de disrupción debe ser un propósito fundamental de nuestras agencias de seguridad. Así como en los 60, 70 y 80 el enemigo de la democracia eran la guerrillas auspiciadas por la Unión Soviética a través de Cuba, en esta década y las subsiguientes es este tipo de violencia que tiene gran apoyo de países como Rusia e Irán y tienen como operadores regionales Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Es más, ya se ven grupos irregulares y bandas criminales aprovechar este tipo de caos para su beneficio. En el caso de la coca, como lo lograron las FARC en el proceso de paz, parar la fumigación y la erradicación. O en México de manera más brutal utilizar esta intimidación armada para obtener la liberación del hijo de un narco en un caso o dejar claro quien manda como ya ha sucedido en otros tantos.
Al final de la marcha pacífica en Bogotá no era sino ver a un grupo de indígenas que bloquearon la entrada del congreso de Colombia con ropas impresas con el Che Guevara para darse cuenta de que esta batalla es entre quienes creemos en la libertad y quienes no. Quienes creen en esos estados autoritarios ya saben que tienen ese tipo de instrumentos de fuerza para ganar espacios, para obtener prebendas y beneficios con el uso de la fuerza.
Es urgente que los estados democráticos, y los ciudadanos también, entiendan que este es un enemigo de la libertad que crece y que tiene que ser combatido. Aprovechan las debilidades y las bondades de la democracia para atacarla y destruirla. Por eso se necesita un gran trabajo coordinado, ojalá con ayuda de Estados Unidos en especial en inteligencia, para atacar este cáncer que hoy vive en todos nuestros países.
Protesta si. Claro. Debe ser garantizada y protegida. Protesta-vandalismo debe ser atacada con toda la fuerza policial y judicial pues es hoy el instrumento preferido de quienes quieren acabar con nuestras libertades.