En diversos espacios se ha estado analizando las graves consecuencias que puede traer la reforma electoral del presidente mejor conocida como “Plan B”, tales como la desaparición de la junta general ejecutiva y la arbitraria destitución automática del secretario ejecutivo; la fusión de áreas sustantivas y el adelgazamiento de sus estructuras; la eliminación de las juntas distritales; el debilitamiento del servicio profesional electoral y el despido del 85% del personal especializado; la instalación de los módulos para la credencialización en espacios gubernamentales; el otorgamiento de atribuciones ejecutivas al contralor que nada tienen que ver con su función, o el impedimento para que la autoridad electoral pueda imponer sanciones a las personas servidoras públicas que violen la legislación en la materia entre otras, muchas de las cuales son claramente inconstitucionales como advirtió el mismo coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
Es importante no perder de vista que esta reforma se aplicará y por tanto se pondrá a prueba por primera vez ni más ni menos que en las elecciones de 2024 que serán por demás complejas ya que además de la Presidencia se disputarán nueve gubernaturas, alrededor de mil 800 alcaldías, se renovará en su totalidad el congreso federal, así como 30 congresos locales por lo que no parece ser lo más oportuno y, en cambio, el riesgo de que algo no salga bien es muy alto.
En este momento sólo falta que el Senado apruebe la modificación que hizo la Cámara de Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que se pueda publicar y entre en vigor el segundo paquete de reformas -como ya sucedió con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social que amplía los supuestos para la difusión de propaganda gubernamental y permite el proselitismo desde cargos públicos afectando el piso parejo por el que tanto lucharon cuando estaban en la oposición-, por lo que ha llamado la atención que apenas se haya convocado a reunión de comisiones para su dictamen, siendo que en diciembre tenían mucha prisa para aprobar el famoso “Plan B” sin siquiera haber leído las iniciativas.
Esto ha generado mucha especulación respecto a si se trata de una táctica dilatoria para aprobar el artículo pendiente hasta el final de este periodo ordinario de sesiones, con lo que se restaría margen a la SCJN para resolver las controversias y acciones de constitucionalidad que seguramente se presentarán, antes de que inicie la organización del proceso electoral y quizá también esperando que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama hayan concluido su gestión para que no puedan encabezar la defensa jurídica del INE.
De cualquier forma su aprobación es inminente y lo cierto es que desde el oficialismo harán todo lo que esté a su alcance para reunir los cuatros votos que se requieren para evitar que la Corte declare la inconstitucionalidad del “Plan B”, como también para que en el proceso que se llevará en la Cámara de Diputados para la designación de las y los nuevos consejeros electorales -entre los que está quien asumirá la presidencia del INE-, se integre un comité técnico de evaluación con personas afines que armen quintetas a modo ya que anticiparon que no buscarán acuerdos con los grupos parlamentarios de oposición renunciando así al tan necesario diálogo político y a la construcción de consensos, por lo que probablemente optarán por recurrir a la insaculación. Así, no importará qué aspirante salga sorteado, pues en cualquier caso saldrá alguien que les garantice incondicionalidad.
Por más de cuatro años han intentado por todos los medios capturar al INE o cuando menos debilitarlo como lo acreditan las diversas iniciativas presentadas, el intento por desaparecerlo a través de una reforma constitucional -que por fortuna no prosperó-, los recortes presupuestales, los ataques constantes, así como las amenazas de juicio político e incluso las denuncias penales. Lamentablemente en esta ocasión están más cerca de lograrlo y las próximas semanas serán cruciales por lo que, uno de los pocos reductos de contención que quedan es el de la presión y movilización social para defender al INE y con ello a nuestras libertades y derechos. Tenemos una cita este 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México y en más de 60 ciudades, ahí nos vemos!