En la sociedad internacional se ha destacado la preocupación por las condiciones de vida de las personas, a la luz de los intensos procesos de integración económica y productiva de las últimas décadas. Bajo este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 2008 la “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa”, mediante la cual promueve el trabajo decente, caracterizado por buscar la conciliación entre las actividades productivas y el desarrollo profesional y personal; así como la ampliación de la seguridad social a todas las personas, en un contexto de condiciones laborales sanas y seguras. Lo anterior en aras de atender a la aspiración universal de justicia social, impulsar la cohesión comunitaria y luchar contra las desigualdades.
Por su parte, La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución A/RES/62/10 declaró al 20 de febrero como fecha para celebrar el Día Mundial de la Justicia Social, en un escenario global en el que, aún con grandes adelantos tecnológicos y con un acentuado crecimiento del comercio global y de las transacciones financieras, persisten en las naciones problemas de pobreza e inequidad. Para la comunidad de naciones, la justicia social es un elemento fundamental para la buena gobernanza de las naciones, basada en la convivencia en paz y en condiciones de seguridad.
Es necesario tener en cuenta que la realidad social es compleja y existe un entramado de relaciones y dinámicas que colocan a diversos grupos de personas bajo una condición sistemática de riesgo de privación de los medios y oportunidades para desarrollar sus capacidades, en función de las características de cada país.
Así, a la vulnerabilidad económica de grandes segmentos de la población de nuestro país, se suman condiciones específicas que han incidido en una mayor dificultad para el desarrollo, como son la pertenencia a algún grupo indígena o vivir con alguna discapacidad, incluso el hecho de ser mujer puede ser un factor desafiante para alcanzar un adecuado nivel de bienestar.
Cabe recordar que en la región latinoamericana el trayecto histórico de los países está marcado por siglos de administraciones públicas ineficaces y de abusos de particulares, a partir de la búsqueda de colmar intereses propios, pasando por encima del bienestar general.
Quienes encabezan hoy el poder político tienen la tarea de encontrar rutas de escape de la corrupción, de la violencia y de la desigualdad, ante los déficits heredados en múltiples satisfactores sociales. Adicionalmente, es necesario resolver las problemáticas que la emergencia sanitaria provocada por la covid-19 trajo consigo, pues no se puede soslayar que la pandemia impactó de manera negativa en lo social y económico, en temas como el acceso a la salud, a la educación y al empleo, con efectos que perduran a la fecha y que probablemente lo hagan en el mediano plazo.
Las instituciones del Estado deben orientar su actuación al rompimiento de la inercia en la preservación de las circunstancias de exclusión, que restringen a las personas para mejorar sus condiciones de vida. La creatividad en la construcción de soluciones puede prever la maximización en el aprovechamiento de las tecnologías informáticas; la creación de esquemas de desarrollo sustentable; promover el empleo digno; y ampliar la protección social. Para esto es necesario que se usen todas las capacidades del Estado, en un esquema de coordinación y colaboración sustentado en objetivos claros, con las prerrogativas de las personas en el centro del diseño de las acciones de gobierno.
Con el fin de alcanzar la justicia social en nuestro país, los aspectos señalados se deben acompañar de esfuerzos extraordinarios para superar los persistentes obstáculos que lo impiden. Es tiempo de pensar, desde la colectividad, en las vías adecuadas para instaurar un país más igualitario, en el que se favorezca el desarrollo de las personas. De manera prioritaria, se debe pugnar por eliminar la pobreza, bajo la consideración de que es un fenómeno sumamente pernicioso que trae aparejada la erosión de la esfera de libertades de las personas y un mayor riesgo de ser blanco de abusos desde el poder.
La justicia social no solamente es un aspecto necesario para la sostenibilidad de nuestro modelo de vida en común, sino que es un imperativo ético, que no permite pensar en la perpetuidad de condiciones que laceran la dignidad humana y coartan el crecimiento de las personas. La apuesta debe ser por el privilegio a un modelo político y económico incluyente, basado en la adecuada inversión en la atención a las más urgentes necesidades colectivas; en la generación de oportunidades para todos; y en el reconocimiento de que nadie debe quedar atrás en el crecimiento económico.