Trescientos siete días antes de que Genaro García Luna fuera detenido en Dallas, Texas, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos relativos a la conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos y mentir a las autoridades de ese país, un particular solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) de México, copia en versión pública de las averiguaciones previas, actas circunstanciadas y carpetas de investigación, abiertas a partir del primero de enero del 2000, contra el que fuera secretario de Seguridad Pública.
El 5 de marzo del 2019, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero respondió —a través del oficio número FGR/UTAG/DG/001598/2019— que no tenía ningún registro que cumpliera con los parámetros de lo solicitado. Para la FGR, informar sobre la existencia de indagatorias contra un determinado servidor público, constituye un atentado contra su honor, aun cuando dicha postura sea contraria al principio de máxima publicidad, en tanto que el reconocimiento de la existencia de indagatorias no significa que sea culpable de la comisión de los delitos que se le imputan.
Otra solicitud de información, formulada en términos similares a la anterior, fue respondida con los mismos argumentos relativos a la inexistencia de información, el 5 de abril del 2019, a través del oficio número FGR/UTAG/DG/002375/2019.
García Luna fue detenido el 9 de diciembre del 2019; noventa y nueve días después, la FGR respondió a una solicitud de información, mediante el oficio FGR/UTAG/DG/001776/2020, que el “expediente de servicios, que contiene el perfil psicológico y laboral”, de quien se desempeñó como Coordinador General de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), no existe.
La FGR precisó en su respuesta que luego de realizar “una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, bases de datos y libros de gobierno de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la CMI, de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, así como del Centro de Evaluación y Control y Confianza, pertenecientes a la CPA, dentro de la temporalidad en la cual desempeñó funciones el servidor público referido en su solicitud, no localizaron antecedentes y/o registros de la información requerida”.
Otro particular solicitó se le informara si “las agregadurías de la PGR en Estados Unidos tenían a su cargo al testigo colaborador con clave de Jeniffer”, de quien más tarde se conocería su identidad: Roberto López Nájera.
El solicitante se refería a un testigo colaborador de los gobiernos de ambos países, por cuyos testimonios se logró la detención de una decena de personas, entre ellas, el general Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecrtario de la Defensa Nacional, el general brigadier, Roberto Dawe González y el Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes serían liberados por falta de pruebas o porque se logró determinar que las declaraciones de Jennifer resultaron falsas.
La respuesta de la FGR fue que “no se cuenta con dicha información, en virtud de que no se encuentra dentro del ámbito de competencia de las Agregadurías de esa Institución Exterior”. La fiscalía también declaró la inexistencia de información estadística relacionada con el número de ocasiones en las que el testigo colaborador Jennifer habría intervenido en casos penales en Estados Unidos.
Otro particular solicitó conocer el número de quejas que se hubieren presentado contra Genaro García Luna, entre enero del 2000 y noviembre del 2018. El 5 de octubre del 2020, la FGR respondió con oficio FGR/UTAG/DG/003577/2020, que “no se localizó registros de quejas incoadas en contra del ex servidor público” y que dicha institución “se encuentra imposibilitada jurídicamente para pronunciarse (…) por procedimientos administrativos en trámite que aún no le hayan sido notificados y procedimientos concluidos que no hayan derivado en una sanción condenatoria irrevocable”.
En septiembre del 2020, otro particular solicitó información relativa a la “relación laboral, línea de mando y jerárquico de Omar García Harfuch [actual titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México], con Genaro García Luna, Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino de 2006 a 2012”.
La FGR también respondió que no posee la información requerida y orientó al particular, para que formulara su solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En octubre del 2020, otro particular pidió se le informara si “actualmente, hay carpetas de investigación abiertas” contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño”. De nueva cuenta, la respuesta de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero, a través del oficio FGR/UTAG/DG/004385/2020, fue que “no se localizaron registros que actualicen las hipótesis antes aludidas en contra de las personas señaladas”.
En otra solicitud de información, un particular pidió “copia del informe denominado CASO FUTBOLERO, mencionado por la periodista Anabel Hernández García en su libro Los Señores del Narco (Capítulo 9 La guerra de los narcos, páginas 348 y 349 en su pie de nota), en donde se alude a una investigación del Departamento de Asuntos Internos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Genaro García Luna, así como del director General de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino, el director general de Operaciones Especiales, Javier Garza Palacios, el director de Investigaciones Federales Igor Labastida, el director del Centro de Mando Domingo González Díaz. En el informe denominado CASO FUTBOLERO se indaga la presunta colusión de los ya mencionados con grupos del crimen organizado, por ejemplo, una reunión con Joaquín Guzmán Loera en el estado de Nayarit en 2003 (subtítulo El ejército del Chapo, páginas 348 y 349)”.
Con oficio número FGR/UTAG/DG/000330/2021, la FGR respondió que “no se localizaron antecedentes y/o registros sobre el ‘informe denominado CASO FUTBOLERO’” y que la institución “no tiene la obligación expresa de contar con la información en los términos señalados”.
En resumen, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, no tiene conocimiento, ni sabe de la probable responsabilidad de Genaro García Luna, en la comisión de delitos en México.
Moches en la Fiscalía de la Ciudad de México
El pasado viernes, los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descubrieron que el monto de su cheque de profesionalización y disponibilidad fue “mochado”, en cantidades que van de los cuatrocientos y hasta los siete mil pesos.
Policías de investigación, peritos, agentes del Ministerio Público, a todos, sin excepción, les recortaron el monto de dicha compensación salarial. En el área de recursos humanos de la fiscalía no informan sobre el origen de la orden, ni sobre el destino de los recursos recortados.
Sin embargo, al interior de la dependencia que comanda Ernestina Godoy Ramos, se afirma que esos recursos son para fondear la campaña de la regenta, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya familia está vinculada a la empresa offshore JAEM Ltd., en las Islas Vírgenes Británicas, según los Panamá Papers.