Varios de los casos que hoy están dominando la agenda pública nacional tienen un común denominador: la falta de evidencias claras y contundentes ante las acusaciones que se están haciendo a personajes de gran poder. El tremendo fuego cruzado que estamos presenciando debería ser motivo, más que suficiente, para que se revise a fondo nuestro sistema de justicia y de comunicación política.
El escándalo domina los principales titulares de los medios de comunicación. Desde el juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, hasta la situación que está enfrentando la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con los sabotajes o incidentes atípicos en el Metro. Y qué decir del conflicto del presidente con el INE, en el que no hay día sin acusaciones o declaraciones subidas de tono.
Tampoco se puede sacar del análisis lo que está sucediendo con el presunto hallazgo de propaganda política en la Delegación Cuauhtémoc, acompañado de un operativo policial pocas veces visto en un edificio de gobierno. Mucho menos el caso de la magistrada Yasmín Esquivel, que se ha convertido en un asunto mediático de alto impacto pocas veces visto. El escándalo unifica las percepciones, como si hechos tan distintos y diversos fueran similares.
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Ciertamente las acusaciones públicas que se lanzan unos y otros no son parecidas ni se pueden revisar con una visión superficial o simplista. Sería tanto como incurrir en los errores o injusticias que tal vez se estén cometiendo en contra de algunos personajes. Lo que no se puede perder de vista es que la mayoría obedecen a intereses políticos bien definidos, entre los que destacan las elecciones que tendrán lugar en 2023 y 2024.
En términos teóricos, lo que está sucediendo se encuadra bajo los conceptos de campaña negra o campaña negativa. La correcta ubicación de cada uno de los conflictos en estos ejes dependerá en buena medida no solo de la verdadera intención que los activó, sino del desenlace que tendrán en el futuro. Lo malo es que las percepciones pueden ser tan fuertes como las evidencias. Y el daño a inocentes sin evidencias muchas veces es irreversible.
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La guerra sucia y la campaña negra tienen en la difamación y las fake news a dos de sus más poderosas herramientas. Mientras no existan límites legales o éticos efectivos, se seguirán utilizando de manera cruel, a veces violenta y despiadada. La razón, para quienes las utilizan sin escrúpulos, es obvia: lo que importa es ganar, a costa de lo que sea y sin importar a quién se daña.
Tanto la difamación como las fake news atentan contra la presunción de inocencia. Declaran culpables a las personas sin evidencias. Tampoco se respeta el derecho que tienen a seguir un debido proceso. O, peor aún, poco o nada importa el daño que se pueda hacer a la reputación o la dignidad de quienes son acusados. El problema se agrava cuando algunos medios de comunicación, en forma premeditada o no, magnifican este tipo de noticias.
Con base en la opinión oficial del Gobierno de la República, la presunción de inocencia es “un componente clave del Sistema de Justicia Penal, siendo un derecho primordial dentro de los procesos penales. Fue instaurado gracias a la Reforma del Reforma del 18 de junio de 2008. El propósito de este derecho es garantizar una protección especial a las y los ciudadanos que están enfrentando procesos penales”. Con mayor razón a quienes aún no los enfrentan, agrego yo.
Pero eso no es todo: “Respetar el principio de presunción de inocencia —dice el mensaje— es una obligación que debe de tener toda autoridad”. Por lo tanto, “toda persona es considerada inocente hasta que el proceso demuestre lo contrario”. Ni más, ni menos. El problema de fondo es que, del dicho al hecho… Como si no existieran otras opciones efectivas en la lucha por el poder.
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Por todo lo anterior debemos insistir: en las campañas negativas o de contraste está nuestra mejor opción. Por un lado, porque su esencia es muy diferente a la propaganda negra y no necesitan recurrir a las mentiras, a la descalificación, a la humillación ni a la difamación. Por el otro, porque cuando el argumento va acompañado de evidencias, la credibilidad es mucho mayor. En consecuencia, las campañas negativas o de contraste son un recurso legítimo, de manera específica cuando las acciones y los contenidos que las sustentan se manejan dentro del marco legal vigente.
El contraste de opiniones, acciones, hechos, situaciones, visiones y propuestas también es apreciado por la ciudadanía. En un país tan grande y complejo como el nuestro hay información abundante para llevar el debate a otro nivel, con otros recursos y procedimientos. Nuestra propuesta no va en el sentido de hacer caso omiso de la denuncia de delitos o injusticias. Pero lo que sí se debe objetar es su uso manipulador, violento o mentiroso en el marco de cualquier campaña de comunicación. Es lo justo.