Con el gobernador potosino lo que ves es lo que hay. No entiende las implicaciones éticas de sus actos ni de sus dichos. Es un populista punitivo que, en tiempos de invitar a compromisos por la construcción pacífica, zamarrea, vitupera y convoca al linchamiento de adversarios y disidentes.
En San Luis Potosí desde la última década del siglo XX, con la última irrupción del navismo, los “acuerdos de civilidad política” se convirtieron en una especie de carta de intenciones obligada para los opositores.
Se les convocaba a firmar y había que ir a tragarse una decena o más de trolas oficiales dispuestas en el papel, a no ser que quisieran ser tomados por extremistas fuera de toda razón y ánimo constructivo, amenazas al a la paz, locos inconformes y amargados furiosos con el único quehacer de pegarle fuego a todo lo que fuera buen rollo en la comunidad.
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Se convocaba también a instituciones de carácter civil con reconocimiento social para atestiguar el compromiso, una presunción de calidad que se otorgó entre otras organizaciones a las cámaras empresariales.
Los potosinos anticipamos la pauta para lo que vendría un lustro o casi una década después en un país que se abría por fin a la alternancia. El esquema de esos acuerdos se usó una y otra vez y apenas ha cambiado, pese al desgaste de la fórmula a cuenta de quienes convocan a comprometerse en ella para transitar sin excesos ni violencias los procesos de renovación de gobiernos.
Los convenios de civilidad se han raído bastante porque para la mayoría de los gobernantes y líderes políticos la democracia les ha servido para llegar al poder, sí, pero no le encuentran utilidad y la hacen a un lado para gobernar. Resultado de esta bicefalia convenenciera es que el acuerdo firmado es un contrato leonino donde los opositores pagan en efectivo al momento y la fuerza política gobernante a cómodos plazos. Los gobiernos se dan sus artes para no cumplir, o cumplir en la fachada.
La democracia tiene principios no negociables, uno de los básicos es la exigencia de distinguir entre lo que es legal y lo que es legítimo. “Legaloide”, dicen los juristas para referirse a aquello que tiene aspecto de algo legal, vestidura, apariencia o forma, pero no lo es.
Los convenios de civilidad se quedan siempre cortísimos en cuanto a lo que la autoridad en ese momento se obliga a hacer para cumplir la intención: se limitan a prometer que no usarán recursos públicos para favorecer a sus candidatos, a dialogar, a respetar la libre expresión, a rechazar la violencia física o verbal, a sancionar la coacción y las amenazas a los votantes y a mantener un estado de derecho que pueda presentarse como tal.
El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ya ha hecho firmar su carta de intenciones para el proceso electoral que le toca como autoridad garantizar, vigilar, promover y respetar, todo ello también como jefatura real de un partido participante.
Su acuerdo civilista es una especie de sudario aséptico que cubre, desodoriza, decolora y le quita el sabor de la fea realidad a una competencia política que viene compleja, pringada de signos no muy edificantes y en un escenario de poca o nula viabilidad para los valores democráticos.
En su mensaje, el propio gobernador descaró su vocación de populista punitivo y pidió a los presentes que le ayuden a “reconstruir las ruinas que dejó la maldita herencia”, en referencia a los gobiernos anteriores, ahí representados por el PRI y el PAN.
Si a nada iba el uso en ese evento del latiguillo de echar todas las culpas del mundo a los antecesores, a quienes se refiere como “la herencia maldita”, peor catadura tiene su idea de limitar la construcción democrática a un papel.
El mandatario tiene ya un par de semanas ondeando en sus declaraciones la promesa de revelar y castigar “el fraude del siglo”, atribuido por lo menos a tres de sus antecesores, militantes del PRI y el PAN. Para avivar la llama del linchamiento mediático que ya anuncia, su gobierno, la Fiscalía y los órganos de control y vigilancia dejan escapar algunos “datos” por aquí y otros por allá del muy reprobable y espantosísimo fraude transexenal que Gallardo asegura ha encontrado y castigará de manera ejemplar.
La “filtración” de pecados auditables atribuidos a enemigos políticos del gobernador, reales o supuestos, es la carta de “normalidad” de su nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado. En medios aparecieron publicadas notas en tono superlativo de irregularidades halladas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en respuesta al informe de cero observaciones a la cuenta 2022 de la misma institución que la Auditoría Superior de la Federación hizo pública. Y unos días después, mismo cuento para el alcalde capitalino, el priista Enrique Galindo Ceballos.
Como rector y alcalde reclamaran que se publiquen supuestas irregularidades de las que ellos no han recibido notificación, el titular del IFSE, el gallardista Rodrigo Lecourtois, dijo a la prensa que es “tema natural” la filtración a la prensa de los documentos del órgano auditor a su cargo.
Extraño que, en tiempos de invitar a compromisos por la construcción pacífica de nuestro orden democrático, al convocante con mayor responsabilidad le dé por normalizar lo aberrante, una conducta que lleva al efecto inmediato de aceptar en adelante que lo aberrante sea la norma. Al adversario se le invita a que no haga nada contrario a la convivencia pacífica, incluido que no eleve la voz ni se inconforme mientras se le zamarrea, amenaza, exhibe y lincha en medios, sin un orden legal, un procedimiento claro y verdaderos datos, no inventos.
Si para el gobierno gallardista el “todo vale” prevalecerá en tiempos electorales, ¿con qué autoridad cita a acuerdos de competencia política pacífica, ordenada y limpia? Su contrato de buena conducta para las fuerzas políticas no pone en los hechos el acento en el diálogo ni cuando es su obligación hacerlo, por el contrario, se enfoca en la continuidad de la confrontación. Gallardo llama a una unidad que él mismo sabotea.
Pasa con este gobernador que lo que ves es lo que hay. No entiende las implicaciones éticas de sus actos ni de sus dichos. No es raro que se meta en polémicas como el de agradecer a la Federación Charra, en su discurso inaugural del Campeonato Nacional de Charrería, con la parábola del “amigo de pala”, ese que te ayuda a enterrar el cadáver cuando sabe que has cometido homicidio. O cuando dijo que le gusta ver sangre y el mundo en llamas.
De su evento por la civilidad democrática destacan dos puntos: la ausencia para él urticante de Morena en esa mesa, el partido del que se dice aliado con bendiciones desde Palacio Nacional, y la presencia prudente y distante del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.
El gobierno gallardista ha tratado a la UASLP y al rector con garrulería de efecto bumerán: cuando el insulto es un disparate hiperbólico, el impacto negativo se le regresa a quien lo profiere. Fue la única institución civil presente; Gallardo no trae clima con las cámaras empresariales, después de maltratar dirigentes que expusieron los adeudos millonarios del gobierno al Fideicomiso de Desarrollo Económico. Ha sido con algunos gobernantes y la Universidad como con Santa Bárbara, patrona de los rayos y los artilleros: nos acordamos de la santa sólo cuando oímos truenos.
La presidenta con licencia de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, hermana de la secretaria de seguridad Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostiene desde hace tiempo un pulso con el Partido Verde, la franquicia de Gallardo. El tema es la alianza electoral y sus alcances. El punto de defensa de Rita es justo contra los modos sabidos del gobernador, un político para el que los socios participan, pero no deciden.
Aspirante al Senado, Rita Ozalia explicó a la prensa que no hay ningún problema con el gobierno de Gallardo, pero que a ellos no los convocaron a la redacción del acuerdo. “Nosotros queremos la civilidad en los hechos, no en el papel”.
Touché.