Aquí lo dije, con pelos y señales.
Lo dije desde que fue detenido el ex titular de la PGR, responsable de la “verdad histórica”, en el caso de “los 43”.
Dije que la detención y prisión de Jesús Murillo Karam, no era más que una venganza de López Obrador, revancha igual a la persecución ilegal contra Rosario Robles y contra muchos otros empresarios, políticos y periodistas.
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Desquite propio de un dictador que violenta la Carta Magna, la División de Poderes y la autonomía de los órganos impartidores de justicia.
Y si lo dudan, el propio López Obrador lo reconoció en la mañanera del 2 de octubre pasado, cuando confesó la complicidad inconstitucional, ilegal y perversa entre el jefe del Estado, el titular de la Corte y el Fiscal General.
Sí, para llevar presos a Jesús Murillo y a Tomás Zerón, López Obrador, Arturo Saldívar y Alejandro Gertz violaron la Constitución y fabricaron presuntos delitos, en una perversa confabulación.
Así lo dijo AMLO ese 2 de octubre del 2023: “Nos reunimos (López Obrador, Saldívar y Gertz), una vez que tenemos el reporte (de Alejandro Encinas), porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que éste era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarlos para conocer la verdad y hacer justicia…”. (FIN DE LA CITA)
Así de claro: los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, y el “autónoma” Fiscalía General, “acordaron” violar la Constitución para cumplir la venganza presidencial; una atrocidad más en el gobierno de AMLO.
Pero, en rigor, no es ninguna novedad. ¿Por qué?
Porque la atrocidad la denuncie aquí, en el Itinerario Político del 22 de agosto del 2022, titulado: “Robles y Murillo, presos políticos”. Así lo dije: “Los dos casos, el de Rosario Robles y de Jesús Murillo Karam parecen cortados con la misma tijera.
“Se trata de actos ilegales producto del rencor vengativo de un presidente urgido de escándalos y “chivos expiatorios” capaces de distraer la atención de una gestión fallida.
“Pero el resultado de la venganza de Palacio no sólo ratifica que vivimos en dictadura –en el gobierno de un solo hombre--, sino que revela la existencia de perseguidos políticos y, en el extremo, presos políticos.
“Y la de presos políticos es la categoría desde la que se debe ver y analizar la persecución contra la ex jefa de gobierno del DF y el ex titular de las PGR.
“Y es que, por ejemplo, Jesús Murillo fue preso de manera ilegal, acusado por una Comisión de la Verdad inconstitucional y que violenta el artículo 21 de la Carta Magna, ya que Alejandro Encinas no es fiscal y no tiene facultades para investigar nada.
“En pocas palabras, Murillo fue detenido en medio de una monstruosidad jurídica que atenta contra la Constitución; ilegalidad que llegó a extremos intolerables en toda democracia seria. ¿Por qué?
“1.- Porque la acusación contra el ex titular de la PGR surge de una Comisión de la Verdad que es inconstitucional y que violenta el Artículo 21 Constitucional que dice: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función”.
“2.- Porque Encinas --quien acusa a Murillo por sus conclusiones de que Los 43 fueron víctimas “de un crimen de Estado”--, no es Ministerio Público, sino subsecretario de Gobernación. Por tanto actuó violando la Constitución, a pesar de que se ostenta como presidente de la Comisión de la Verdad, creada por decreto de López Obrador; un decreto que también resulta violatorio de la Carta Magna.
“3.- Más aún, en toda democracia en la que se crea una Comisión de la Verdad, sus integrantes son civiles, no servidores públicos, ya que es contrario a la norma elemental que una Comisión de la Verdad sea conducida por un subsecretario de Estado, como es el caso de Alejandro Encinas.
“4.- Pero la venganza política contra Jesús Murillo llega a niveles de escándalo si acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde existe un expediente de Los 43 y, en especial, una denuncia por crímenes de Estado.
“Sin embargo, cuando México fue acusado de un presunto crimen de Estado, en el caso de Los 43, el gobierno de Peña Nieto presentó como pruebas de descargo una conversación obtenida por la CIA, en donde los jefes del grupo criminal, Guerreros Unidos, dan la orden de matar a los estudiantes.
“Se trata del audio de una conversación entre Guerreros Unidos, en aquel momento avecindados en la ciudad de Chicago, quienes ordenan a sus empleados, en Iguala, Guerrero, dar muerte a los 43 estudiantes.
“Con esa evidencia, la CIDH desechó la acusación de que el crimen de Los 43 de Iguala fue “un crimen de Estado”, versión que de forma maniquea y violatoria de la Constitución hoy sostiene Alejandro Encinas, para llevar preso a Jesús Murillo.
“En pocas palabras, como López Obrador no consiguió que Rosario Robles acusara a Peña Nieto, hoy busca que Jesús Murillo se convierta en el acusador del expresidente.
“La venganza sigue y continuará la persecución política contra los críticos y los opositores del tirano. Y está claro que y veremos mas presos políticos. Al tiempo”. (FIN DE LA CITA)
A la vuelta del tiempo –siempre el tiempo--, López Obrador reconoce la “verdad histórica”, pero su gobierno mantiene presos a quienes documentaron esa verdad histórica: están presos Jesús Murillo, militares inocentes y fueron liberados muchos de los matarifes de “Los 43”.
Así la “justicia basura” y vengativa de AMLO.
¿Hasta cuándo?
Al tiempo.