A lo largo de su mandato, el presidente López Obrador ha insistido recurrentemente que su gobierno no viola derechos humanos y está comprometido a que no se cometan injusticias, no se permite la tortura, la desaparición o las masacres, lo que contrasta con la realidad que cotidianamente enfrentamos en nuestro país y que ha podido constatar la Organización de las Naciones Unidas en las visitas que ha realizado en los últimos meses.
En abril de 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió un informe en el que sostuvo que la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y encubrimiento de las desapariciones forzadas en México, cuyos principales responsables son servidores públicos y el crimen organizado, además de manifestar su preocupación por la crisis forense ya que, a noviembre de 2021 alrededor de 52 mil cuerpos se encontraban en fosas comunes sin ser identificados, además de las miles de fosas clandestinas existentes.
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Adicionalmente, este 3 de octubre emitió observaciones sobre Mauritania, Nigeria, los Países Bajos y México, expresando en nuestro caso su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, así como por la actualización de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que no sigue el protocolo homologado de búsqueda y los estándares internacionales.
Hace unos días, también recibimos la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para revisar la situación de las detenciones arbitrarias en nuestro país, es decir, aquellas que se producen cuando no existe una base legal para la privación de la libertad, se detiene a alguien por ejercer sus derechos y libertades, no existe una orden judicial o se incumple con el debido proceso para realizar la detención, no se cuentan con pruebas o evidencias sobre la comisión de un delito, o se violan los derechos humanos de la persona detenida.
En su informe preliminar, el Grupo de Trabajo determinó que las detenciones arbitrarias siguen siendo una práctica generalizada que con mucha frecuencia deriva en malos tratos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones, poniendo especial atención en el abuso de la prisión preventiva, el uso excesivo de la fuerza en las detenciones, así como el abuso de la figura de delito en flagrancia y en menor medida del arraigo.
En este sentido, señaló que de las aproximadamente 90 mil personas en detención preventiva, alrededor del 50% están sujetas a prisión preventiva oficiosa, muchas de ellas de manera prolongada rebasando los 5 años de su detención, lo que se identifica como una violación al derecho de libertad personal, así como a la presunción de inocencia, al derecho a la integridad personal y a la independencia judicial. También detectó que un número significativo de personas sufrió violencia grave y excesiva durante su arresto, a menudo son víctimas de palizas y torturas para obtener confesiones y, en vez de entregarlas inmediatamente a las autoridades competentes, policías o militares las llevan a “dar un paseo” ejerciendo violencia para obligarlas a proporcionar pruebas incriminatorias.
De igual forma, el Grupo de Trabajo advierte que muchos arrestos se llevan a cabo sin orden judicial previa, bajo la justificación de delito en flagrancia e incluso se llega a aplicar la flagrancia por señalamiento, por la cual se detiene a una persona en un momento posterior a pesar de no haber sido sorprendida en el acto, cuando un supuesto testigo afirma que la vio cometer un delito, de tal suerte que el 23% de las personas detenidas fueron arrestadas en la calle sin una orden judicial, y más del 40% sostiene que fueron acusadas falsamente. También tuvieron conocimiento que otra práctica común consiste en que elementos de las fuerzas de seguridad fabrican cargos colocando droga en hogares, vehículos, bolsos o ropa.
Finalmente, expresó su preocupación por la presión de integrantes del poder ejecutivo hacia jueces y magistrados que emiten sentencias contrarias a las políticas gubernamentales o que liberan a personas cuando las fiscalías no aportan elementos suficientes que justifiquen la privación de la libertad, aunado a que el poder judicial enfrenta severos recortes presupuestales socavando con ello su capacidad para realizar un trabajo de manera independiente. Habrá que esperar el informe final que presente el Grupo de Trabajo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2024, pero por lo pronto, las conclusiones preliminares confirman una realidad que está a la vista, pero que nuestro gobierno se empeña en negar.