Perder el tiempo para atacar de manera artera y carente de verdad al Poder Judicial de la Federación afecta el equilibrio entre poderes, así como a nuestra precaria democracia y pospone la urgente necesidad de atender la falta de acceso a la justicia de la población.
Los tres poderes del estado y los tres niveles de gobierno deberían estar ocupados, articulados y usando su tiempo para resolver la desesperante falta de acceso a la justicia que nos coloca en el lugar 131 de 140 países en el Índice de acceso a la justicia civil (WJP) y con el menor gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia de cualquier país de América Latina.
Cientos de miles de víctimas, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común, sufren la ineficacia, la corrupción y la insuficiencia de las fiscalías y de los tribunales responsables de procurar e impartir justicia, que además resuelven muy pocos casos.
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Las policías y fiscalías se concentran en delitos de poca monta o capturan personas en flagrancia o a quienes les “siembran pruebas”. Llenan las cárceles con población de escasos recursos y por delitos menores.
La percepción de la comunidad es que quienes cometen delitos no sufren consecuencia alguna y que denunciar los crímenes no sirve para nada (Agenda Nacional de Paz).
Se trata de 32 fiscalías y 32 tribunales estatales donde la situación de acceso a la justicia es la peor: sometidos a los gobernadores, sin suficientes recursos, sin capacidades profesionales, ni tecnología actualizada.
Se suman la Fiscalía Federal, también carente de toda autonomía y de profesionalismo, y finalmente, el Poder Judicial de la Federación que ha mejorado su desempeño y está defendiendo su independencia.
Uno se pregunta: si desde el inicio de su administración el presidente sabía de la existencia de los trece fideicomisos del Poder Judicial Federal que pretende desaparecer, ¿por qué hasta ahora quiere pasar los 15 mil millones de pesos que suman sus recursos a una caja negra sin control alguno?
¿Será porque los mecanismos que ha usado para someter a la Corte Federal no le han funcionado? ¿Será porque la composición de esta ha frenado varias de sus iniciativas de ley?
¿Por qué tanto encono del presidente contra la presidente y los ministros de la Corte?
Un día sí y otro también, los insulta y los descalifica como recién ocurrió contra el ministro Juan Luis González Alcántara, quien en ejercicio de sus derechos y congruente con su historia de jurista destacado y honorable, acompañó las marchas del domingo pasado para protestar contra este nuevo abuso del poder presidencial.
Lo que menos interesa al gobierno son las necesidades reales de acceso a la justicia de la población. Un derecho humano totalmente conculcado en el país al no haber consecuencias para delitos que agobian y mantienen a la población en una situación de miedo y violencia normalizada y crónica.