En la “mañanera” del jueves 19 de octubre del 2023, Andrés Manuel López Obrador dijo que él era “la mejor garantía” de que se respetarán los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, a pesar de la desaparición de los fideicomisos de esa instancia del Estado mexicano.
De esa forma, Andrés Manuel López Obrador trató de calmar el enojo de los servidores públicos de la Judicatura Federal, quienes decidieron el camino de la huelga en repudio a la inconstitucional desaparición de 13 fideicomisos judiciales, por un monto de 15 mil millones de pesos y que, sin duda, afectan gravemente sus prestaciones de ley.
Un despojo que no solo constituye un vulgar robo a miles de trabajadores, sino que, en los hechos, es un golpe de Estado diseñado, promovido y ordenado desde Palacio, por el propio Andrés Manuel López Obrador, y avalado por la mayoría de legisladores “morenista”, en la Cámara de Diputados.
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Lo cierto es que el presidente mexicano puede decir misa y puede tratar de engatusar con su discurso “engañabobos” todo el tiempo que le plazca, sin embargo, también es verdad que cada día son menos los ciudadanos a los que engaña el dictador de Palacio.
Y es que hoy la palabra presidencial, cínica y devaluada, vive uno de sus peores momentos; no sólo en México, sino en el mundo y no sólo ante los opositores y sus críticos, sino frente a sus propios seguidores.
¿Quién le cree hoy al presidente, si ha mentido en todas sus promesas de campaña, si ha engañado no solo a los ciudadanos sino hasta a sus propios correligionarios, como Marcelo Ebrard y, sobre todo, si ha violentado a ciencia y paciencia la Constitución y todos los ordenamientos electorales?
¿Quién puede creerle hoy a un presidente que ha formulado más de 170 mil mentiras en poco más de cinco años de gobierno, que destruyó el sistema de salud, destruyó la economía y militarizó al país como nunca?
¿Quién le puede creer a un político, como Andrés Manuel López Obrador, cuando se ha convertido en un verdadero dictador, cuando todos los días atenta contra la democracia, contra la división de poderes, contra libertades básicas y derechos fundamentales de los ciudadanos?
Pero también es cierto que el problema del robo de los fideicomisos del Poder Judicial va más allá de la devaluada, mentirosa y cínica palabra presidencial.
¿Por qué?
Porque atender los requerimientos presupuestales del Poder Judicial no es un capricho y tampoco una ocurrencia de los trabajadores de la judicatura federal. No, en realidad se trata de un mandato constitucional consagrado en el artículo 89 de la Carta Magna.
Así lo dice el citado ordenamiento constitucional: “Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes… XII.-Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”.
Como queda claro, Andrés Manuel López Obrador no sólo miente a todos los mexicanos, sino que pretende engañar a los trabajadores del Poder Judicial y, peor aún, lleva a cabo un robo vulgar, en abierta violación a lo que establece el artículo 89 constitucional.
Sí, porque Andrés Manuel López Obrador no facilita y menos auxilia al Poder Judicial en todos sus requerimientos, para el ejercicio expedito de sus funciones, sino todo lo contrario, violenta los derechos de jueces, magistrados, ministros y empleados de la judicatura y, sobre todo, les roba su patrimonio, estimado en 15 mil millones de pesos.
Pero hay más. El capricho presidencial de acabar con los fideicomisos y de robarse 15 mil millones de pesos, también violenta la División de Poderes, igualmente consagrada en la Constitución; va en contra de la independencia de uno de los Tres Poderes y lesiona gravemente el patrimonio de los trabajadores de todo el Poder Judicial.
Por eso, especialistas como el ministro en retiro, José Ramón Cossío se dijeron preocupados por la violencia y los ataques lanzados contra integrantes del Poder Judicial, al ejercer su legítimo derecho de manifestación.
A través de sus redes sociales, el jurista anunció que junto con sus colaboradores “se promovió un juicio de amparo” para apoyar la defensa de los derechos laborales de los empleados judiciales, que desde el miércoles 18 y hasta el martes 24 de octubre estarán en paro nacional.
Está claro que asistimos a un “choque de trenes”, a una disputa entre dos de los Tres Poderes de la Unión y está claro que Andrés Manuel López Obrador busca someter al Poder Judicial para, de esa forma, robarse la elección presidencial del 2024.
Y por eso volvemos a preguntar.
¿Permitirán los ciudadanos y los opositores que desde Palacio se aplaste al Poder Judicial?
Al tiempo.