El presidente López Obrador ha venido criticando la actuación de organismos que no dependen del Poder Ejecutivo y ha pedido que se les reduzca el presupuesto o que simplemente se les desaparezca, como fue el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Estos ataques van dirigidos al Poder Judicial, así como a organismos con autonomía constitucional, tales como el INE, el INAI, la COFECE, el IFETEL, etc. En estas circunstancias han surgido muchas voces para defender a las instituciones agredidas.
Sin embargo, es necesario reconocer que tienen áreas de mejora en su manejo interno. Una de sus deficiencias, es que, en algunas de ellas, sus más altas autoridades las manejan como si fueran de su propiedad, disponiendo discrecionalmente de sus recursos.
Por ello, no hay que confundir la defensa de las instituciones con la defensa de quienes las dirigen, algunos de ellos, indefendibles.
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Tomemos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta institución se fundó en 2003, como IFAI, gracias a organizaciones de la sociedad civil que consideraron a la transparencia gubernamental como un derecho fundamental de los ciudadanos y como una herramienta para mitigar la corrupción, entre otros beneficios. La estatura intelectual de los comisionados del IFAI y el profesionalismo de quienes allí laboraron, dio resultados importantes.
El IFAI contaba con una estructura de cinco comisionados y un presupuesto moderado con lo cual funcionaba bastante bien. La reforma que en 2014 dio autonomía al IFAI y lo convirtió en INAI, fue un retroceso, al crecer a siete el número de comisionados, agregarle indebidamente la protección de datos personales e hinchar su estructura.
A diferencia de la COFECE y el IFETEL, donde se crearon sistemas muy sólidos de selección de comisionados, para asegurarse que solo llegaran los más capacitados, el INAI quedó a merced de nombramientos basados en cuotas partidistas y cuates.
Si bien en el IFAI no existía un servicio profesional, la selección de nuevos funcionarios públicos y las promociones, se hacían basados en méritos. En el INAI, sus nuevos comisionados decidieron repartirse las plazas del Instituto para entregarlas a amigos, parientes y compromisos, aspecto que subsiste todavía.
El INAI cuenta con alrededor de 800 plazas. Tiene en su estructura cuatro secretarías ejecutivas que resultan excesivas y dos de ellas les fueron asignadas recientemente por sus pares, a ex comisionados que terminaron sus encargos, para no dejarlos sin chamba. Cuenta con 27 direcciones generales, algunas de las cuales no se justifican. Estas plazas se asignan por cuotas de los comisionados, sin mucha consideración a las capacidades profesionales de los nombrados, con sus honrosas excepciones, y la repartición se da en cascada hasta los puestos más bajos del Instituto.
Cuando desde Palacio Nacional iniciaron los ataques al INAI, no hubo grandes manifestaciones en su defensa como sí las hubo a favor del INE. Esto se debe a que quien se beneficia de la transparencia es un grupo reducido de periodistas y académicos. La protección de datos personales sí tiene más impacto, pero no se ha sabido divulgar su importancia.
Los comisionados del IFAI y luego el INAI, no han podido convencer de la utilidad que tiene la transparencia y la protección de datos personales para la mayoría de los mexicanos y eso se refleja en la falta de apoyo social que sufre esta institución. Algunos comisionados han preferido dedicar su tiempo a eventos dirigidos a sus “clientes frecuentes” viajando por todo el país y el extranjero, sin que este activismo, que más parece pretexto para pasear y salir en la foto, tenga impacto en la mayoría de la población.
Todo ello ante la falta de contrapesos y una débil supervisión externa. Existe un consejo consultivo del INAI, cuyo impacto ha sido menor. Se le podría fortalecer dándole mayores atribuciones de supervisión y rendición de cuentas. Por otra parte, cuenta con un órgano interno de control autónomo, pero su actividad está enfocada al control interno de la operación del Instituto.
Es necesario defender a los organismos autónomos para que cumplan con su función de proteger los derechos fundamentales que resguardan, pero tiene razón en parte el presidente López Obrador, al criticar los excesos que ocurren al interior de ellos. En lo que no tiene razón es en cómo pretende corregir estas deficiencias.
Urge una revisión a fondo del diseño institucional de estos organismos para operar con sobriedad. Ya que es difícil que las instituciones se reformen a sí mismas, sobre todo cuando implica que sus directivos pierdan privilegios, será tarea del próximo gobierno federal reformarlas para evitar su manejo como si fuera patrimonio de sus dirigentes. Hará falta nombrar órganos de dirección profesionales y crear contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas eficientes, para que estas instituciones no se conviertan en feudos de quienes las gobiernan.