No es que para Andrés Manuel López Obrador haya sido una sorpresa, pero la tarde de ayer comenzó a dimensionar mejor lo que se anuncia ya como la etapa más tormentosa en la relación entre México y Estados Unidos, a causa de la crisis política interna que vive Washington, por el auge del narcotráfico, la recesión económica a la vista y la imparable migración. Pero también, por las medidas erráticas del gobierno mexicano y el estilo personal del Presidente para ejercer el poder. Un coctel venenoso para todas las partes.
El riesgo de que el trato binacional resulte intoxicado el resto del sexenio seguramente salpicó la conversación entre el tabasqueño y el presidente Joe Biden este domingo durante el traslado de ambos desde el aeropuerto “Felipe Ángeles” a bordo del “Cadillac One” –el vehículo presidencial conocido como “La Bestia”–. Ya se puede adelantar que el costo diplomático de ese insólito “aventón” superará por mucho la promoción doméstica de la terminal aérea que parece obsesionar a nuestro mandatario.
Acorralado por las expresiones más radicales de la derecha de su país, que acaban de obtener concesiones calificadas de “escandalosas” en la Cámara de Representantes, Biden necesitará imponer costos políticos a su homólogo mexicano para cobrar algo de oxígeno frente a sus adversarios. Parte de ello fue su anuncio del jueves pasado de un “acuerdo” para deportar mensualmente hacia nuestro territorio a por lo menos 30 mil migrantes ilegales originarios de Cuba, Haití y Venezuela, con una promesa vaga de aumentar permisos laborales para extranjeros.
Fuentes cercanas a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México compartieron con este espacio que la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo del emblemático narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, detendrá sólo momentáneamente los reclamos sobre la permisividad del gobierno López Obrador hacia las mafias del tráfico de drogas, en particular la del Pacífico. Se le señala por haber presuntamente tolerado que se multiplicara el trasiego de drogas hacia Estados Unidos en particular de fentanilo, la principal causa de muertes por sobredosis en la Unión Americana.
Al menos 107 mil personas murieron en territorio estadounidense en 2021 por el exceso en el consumo de drogas. Los decomisos fronterizos de fentanilo (conocida como “droga zombie”) por parte de autoridades norteamericanas saltaron en solo dos años, al pasar de 4.8 toneladas en 2020 a 14.7 toneladas en el recién terminado 2022. El diario norteamericano “The New York Times” publicó ayer en su primera página que los vendedores de fentanilo en las calles de ese país aumentan el volumen de su mercancía al mezclarla con un sedante para animales denominado “Xilazine”, lo que provoca en la zona donde es inyectado llagas que acaban obligando a amputar los miembros afectados.
Al dar a conocer la detención de Ovidio Guzmán, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, declaró al mediodía del pasado jueves 5, que con ello se asestó un “golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico”. En contraste, Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, publicó que tal arresto “no tendrá ningún efecto en la estructura del cártel, ni en el tráfico de drogas, ni en el nivel de violencia en México”.
El encarcelamiento de Guzmán López tiene como antecedente la aún confusa historia de su momentánea detención y posterior puesta en libertad, el 17 de octubre de 2019, también en Culiacán. López Obrador dijo entonces haber ordenado la liberación para que no se produjeran ataques contra personas inocentes. “No puede valer más la detención de un delincuente que la vida de personas”, declaró en una de sus conferencias mañaneras.
Un dato perturbador revelado en los días siguientes fue que, durante su infancia, Ovidio Guzmán fue alumno de un colegio para hijos de familias acomodadas, donde fue condiscípulo del hijo del que el día de los hechos se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana federal, Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora por el partido gubernamental Morena.
En marzo de 2020, el presidente López Obrador visitó Sinaloa y acudió a la población de Badiraguato, considerada la cuna del Cártel de Sinaloa. En un momento inopinado se encontró con la madre de “El Chapo” Guzmán, a la que saludó de mano.
En junio de 2021 hubo elecciones en Sinaloa, durante las cuales se multiplicaron reportes de la supuesta intromisión de brigadas de la mafia sinaloense para beneficiar a los candidatos de Morena, en particular en la gubernatura y en alcaldías clave, donde representantes y activistas de los candidatos opositores habrían sido secuestrados para anularlos e imponer terror entre los votantes.
Estudiosos de las mafias del narcotráfico han asegurado por años que cada gobierno federal ha tratado sucesivamente de establecer acuerdos con los diferentes grupos del crimen organizado, con diversos depósitos. El cártel de Sinaloa es retratado como uno de los “favoritos” porque se le atribuye reducir la violencia que acompaña el negocio de la venta de drogas y su exportación, a diferencia de lo que ocurre con el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyas extensiones compiten en el control de zonas de producción, trasiego y consumo en formas cada vez más sangrientas.
En la conformación del nuevo Congreso norteamericano, con un avance claro de la derecha republicana más radical, no pasará mucho tiempo antes que desde el Capitolio surja la pregunta sobre si el gobierno López Obrador estableció un “pacto” con la mafia de Sinaloa. Desde comités legislativos clave para presionar los presupuestos y la tarea de agencias de seguridad, congresistas hostiles a México concretarán una presión en dimensiones quizá no vistas en muchos años. No fue una coincidencia que el expresidente Donald Trump llamara en un “tuit” a desatar una “guerra” con las bandas del narcotráfico.