El presidente López Obrador habla constantemente de sus buenas intenciones y de cómo no comprendemos y nos oponemos a sus propuestas. Aunque coincidamos con algunas de sus intenciones, no estamos de acuerdo con su forma de ponerlas en práctica.
AMLO confía más en quienes le son leales. Desconfía de los expertos aún con trayectorias de buen desempeño en el manejo de la cosa pública. Ha llenado su gobierno de personas sin experiencia en instituciones que se encargan de asuntos complejos y que han requerido de tiempo, recursos y formación de personal para desarrollarlas.
En su lógica de austeridad republicana y combate a la corrupción, ha expulsado a personas especializadas y reconocidas de organismos tan importantes y delicados en su quehacer como ocurrió con el Dr. Sarukhán en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Un triste ejemplo de las fallas en sus nombramientos le costó al país la desaparición de 9,000 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), una institución que debería comprar productos agrícolas básicos a los pequeños productores con precios de garantía justos y abastecer a las comunidades pobres con productos de consumo básicos a precios menores que el sector privado. En la práctica, ofrece precios más bajos que los acaparadores y vende productos básicos a precios más altos que el mercado local.
Acabamos de pasar por una experiencia para mi angustiosa, que ejemplifica lo que digo, me refiero al proceso de elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
De los cuatro ministros colocados por López Obrador en la Corte, escogió a Yasmín Esquivel Mossa para contender por la presidencia de la misma. Quienes conocemos los abusos de poder y la descomposición que ella provocó como magistrada y como presidente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, actualmente Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, del mismo, no podíamos dar crédito que fuera la opción de AMLO para cambiar al poder judicial.
El presidente considera que éste sirve a los intereses de los ricos y poderosos y no atiende los requerimientos de justicia de las mayorías pobres. Tiene razón. La violencia, los abusos, las desapariciones, los asesinatos y los despojos que viven las personas de menores ingresos no son atendidos por las actuales instituciones de seguridad y de procuración y administración de justicia.
Enfrentar el alto nivel de impunidad e injusticia en nuestro país requiere de recursos, de capacidades de investigación, de personal calificado, de disponibilidad, calidad y accesibilidad física y económica de los servicios de justicia, de defensorías de oficio fuertes y de vigilancia permanente en su prestación.
La solución de AMLO a un problema tan importante para la vida de miles de víctimas, consistía en lograr que una persona como Esquivel Mossa presidiera la Suprema Corte de Justicia. Buenas intenciones requieren de decisiones y conocimientos adecuados para ponerlas en práctica.